Los socialistas estudian presentar enmiendas a la ‘ley trans’ sobre la autodeterminación de género de menores y la violencia intragénero

La ley trans ha desatado el mayor cisma ideológico en el PSOE desde las primarias de 2017, en las que Pedro Sánchez regresó a Ferraz y se impuso a Susana Díaz con un mensaje nítidamente de izquierdas después de que los socialistas facilitaran la investidura de Mariano Rajoy. La controversia por la autodeterminación de género de los menores —que cada uno pueda elegir su identidad sexual legal solo con su voluntad, aunque con requisitos por franjas de edad—, y la inseguridad jurídica que, según sus detractores, podría causar la redacción actual de la ley, han terminado tensionado al principal partido del Gobierno como no sucedía en años. El proyecto es una de las banderas del Ministerio de Igualdad que comanda la dirigente de Unidas Podemos Irene Montero. El PSOE estudia, pese a las advertencias de su socio de coalición, la presentación de enmiendas para endurecer los requisitos en las dos cuestiones más discutidas. Por un lado, la libre autodeterminación de género de los menores, es decir, que puedan cambiar de nombre y sexo en el DNI a partir de los 12 años con condiciones. En cuanto a la violencia entre personas del mismo género, el PSOE cree que el texto actual corre el riesgo de equipararla a las agresiones machistas.

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Las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos sobre la aprobación de la ley trans

La conclusión entre los miembros de la dirección federal y los diputados consultados es que la ley trans le ha abierto un frente al PSOE del que no tendrá escapatoria. Le originará una trinchera interna, ya sea con feministas de mucho arraigo y con muchísimo poder de convocatoria o con el sector LGTBI del partido. Y todo eso sin desmerecer hasta dónde llega la batalla con Unidas Podemos, que recela de la prórroga del plazo de enmiendas que el PSOE y el PP acordaron el martes en la Mesa del Congreso y se niega a negociar de nuevo un proyecto de ley que ya había sido pactado dentro del Gobierno. “La ley trans es una ley clave para nuestro país por una razón fundamental: es como la reforma laboral, concede derechos para personas que hoy son privadas de ellos. Es urgente que España la saque adelante”, metió presión este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, instó a Sánchez a que “ponga orden” en el PSOE.

La tramitación de urgencia del texto en el Congreso que pretendía el Gobierno ha derivado en un escenario muy complejo de gestionar. La secretaria general del PSOE en el Parlamento, Isaura Leal, señaló el martes que la norma requería su “tiempo” y que la filosofía de los proyectos de ley que entran en el Congreso es que puedan “ser mejorados” y salir “en unas condiciones mejores”. La posibilidad de introducir cambios en el proyecto ya ha provocado una baja en el partido, la de la veterana activista transexual Carla Antonelli, quien, en conversación con EL PAÍS, afirma: “Quiero, deseo y espero que el eufemismo que se está utilizando de mejorar signifique ampliar. Que no lo empleen para recortar la ley, porque eso sería una infamia”. Antonelli fue una de las promotoras en 2017, con el PP en el Gobierno, de una proposición de ley que reconocía la libre determinación de género legal a partir de los 16 años.

Antonelli es la única mujer transexual que ha desempeñado un cargo parlamentario en España, como diputada en la Asamblea de Madrid (2011-2021). El martes se dio de baja como militante socialista “como gesto de protesta” por la ampliación del periodo de enmiendas. Antonelli considera que no se está produciendo un debate ideológico en su ya expartido, “sino una guerra de poder” que responde a la concesión del Ministerio de Igualdad a Unidas Podemos. La anterior responsable de la cartera fue la exvicepresidenta Carmen Calvo, desde hace un año presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, donde se debate la ley trans, contra la que ha dirigido fuertes críticas. Sánchez le ha ofrecido presidir el Consejo de Estado, pero su ex número dos en el Ejecutivo ha preferido continuar en las Cortes, con toda la carga simbólica que implica que se mantenga en su cargo actual.

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Carla Antonelli: "Esto no es ideología, sino guerra de poder"

Una prueba del grado de las hostilidades entre los bandos de feministas y LGTBI dentro del PSOE es que el portavoz en el Congreso, Patxi López, ha renunciado a su intención inicial de celebrar una reunión para que los 120 diputados socialistas debatiesen sus puntos de vista de forma sosegada y tranquila. La agitación por la ley trans ha llevado a López a no repetir la experiencia, según comparten varios diputados. “El partido está estupefacto, se han llevado las discusiones hasta los extremos y unas posiciones maximalistas que coinciden justo con las dos semanas en que nos jugamos la aprobación de los Presupuestos”, señalan fuentes de la dirección del PSOE. El viernes termina el plazo para la presentación de las enmiendas a la totalidad y ERC o el PNV aún no han desvelado qué harán. El debate será la semana que viene: si el Gobierno lo supera, las cuentas públicas ya estarían prácticamente hechas.

Que los Presupuestos sean la prioridad no supone que el PSOE pretenda demorar la ley trans tanto que, por la polémica que suscita, acabe en un cajón antes del calendario electoral del próximo año. Sus detractores insisten en que el proyecto necesita que haya un debate, que se escuche en la comisión parlamentaria a especialistas y que se pacten modificaciones “como en todas las grandes leyes”. El Gobierno había decidido tramitar el proyecto por vía de urgencia, lo que aligeraría muchos de esos trámites.

Focos de discusión

La autodeterminación de género de los menores es uno de los mayores focos de discusión. El proyecto de ley establece que los mayores de 16 años puedan solicitar por sí mismos el cambio registral del sexo. En el caso de los adolescentes de 14 a 16 años, si no cuentan con el consentimiento de sus progenitores o de su representante legal, se procederá al nombramiento de un defensor judicial. Entre los 12 y los 14 años se deberá contar con una autorización judicial.

“El derecho no hace milagros, no te puede mandar volar, no te puede mandar desarrollar branquias. No te puede cambiar el sexo”, dice la filósofa Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado. “Si nos dotamos de esta ley, nos encontraremos un gran conjunto de problemas innecesarios, algunos muy graves. Quienes más sufrirán serán las y los adolescentes y eso de ninguna manera nos lo podemos permitir. Doy gracias a las asociaciones de madres que están saliendo como leonas a defender a sus criaturas, porque tienen toda la razón”, añade, en referencia a algunos colectivos, como Amanda.

El fuego cruzado entre colectivos feministas y LGTBI ha alcanzado tales cotas que la Comisión de Ética y Garantías del PSOE tiene previsto reunirse la próxima semana para estudiar la solicitud de aperturas de expedientes a algunas de las socialistas más activas en sus críticas a la ley, como Valcárcel o la exdiputada Ángeles Álvarez. Y al mismo tiempo, desde el sector contrario se pide el cese del secretario LGTBI del partido, Víctor Gutiérrez. Ferraz decidió cortar por lo sano y borrar el mes pasado las cuentas en redes sociales de todas las secretarías, muchas de ellas inactivas, con el fin de reducir el ruido y evitar las críticas cruzadas en las de Igualdad y LGTBI.

El presente no podría ser más distinto al de hace un año, cuando el PSOE aprobó en las resoluciones del 40º Congreso Federal el anteproyecto de la ley trans sin matices ni dobles lecturas. Las socialistas discrepantes avisan de que posteriormente se introdujeron modificaciones como la violencia intragénero que, según ellas, podrían ser tumbadas en el Tribunal Supremo o el Constitucional por inseguridad jurídica.