Sánchez logra apoyos a su plan fiscal pero Podemos y otros socios piden más

El Gobierno no tiene planeado revisar la política fiscal más allá de los impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas que Pedro Sánchez ya anunció el martes en la primera sesión del debate del estado de la nación, según confirman fuentes socialistas a EL PAÍS. Unidas Podemos, sin embargo, se lo va a exigir en las propuestas de resolución del debate ―que, aunque no son vinculantes, sí tienen un peso político importante―, en lo que evidencia su disputa interna por conectar más con el electorado de izquierdas. El PSOE subraya que el impacto de las medidas oficializadas por Sánchez, de carácter temporal y extraordinario, permitirá al Gobierno ingresar 7.000 millones de euros en dos años para gasto social. Y esgrime la coyuntura económica, con la inflación al 10,2%, para rechazar las nuevas medidas que reclama Unidas Podemos, como aumentar el IRPF a los salarios superiores a los 10.000 euros mensuales, un impuesto a las grandes fortunas o establecer un tipo mínimo efectivo del 15% en el tributo de sociedades.

En La Moncloa y el PSOE cunde una satisfacción casi absoluta como conclusión a las dos primeras jornadas del vigésimosexto Debate de la Nación. Defienden que Pedro Sánchez ha conseguido cambiar el rumbo de un cierto pesimismo electoral y demoscópico que se había instalado en este complejo trance de la legislatura y “cohesionar” más a los dos socios de la coalición, que tampoco atravesaban su mejor momento por divergencias internas sobre asuntos tan relevantes como la cumbre de la OTAN, la inversión en Defensa, el trágico salto a la valla de Melilla o la relación con Marruecos. Todos los socios, los de la coalición y parlamentarios, valoraron “el giro a la izquierda” que entienden ha dado Sánchez al Ejecutivo, que ha coincidido además con la presentación de la plataforma ciudadana que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y ahora le reclaman que esas palabras se plasmen en hechos, es decir, en resoluciones que comprometan sus acciones para el año y medio que en teoría queda de legislatura y en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

El primer aliado que quiere retar y escorar más a la izquierda a Sánchez es Unidas Podemos, que ha registrado en el Congreso una quincena de propuestas para añadir a las medidas avanzadas el martes por el propio presidente cuando aseguró que ahora quería “ir a por todas” en apoyo a las clases más perjudicadas por la crisis. Unidas Podemos ya había avisado de que querría salir de este debate con una reforma fiscal más progresista. A este grupo, como a ERC, Más País, Compromís y EH Bildu, le parecieron bien, por tanto, y un buen primer paso los impuestos excepcionales y temporales a las grandes empresas energéticas y la banca que Sánchez adelantó el martes y que se contienen en las resoluciones del PSOE. Pero quieren más reformas y algunas más estructurales y de fondo, para olvidar tentaciones presuntas hacia el centro y la derecha, y para convencer con acciones progresistas al electorado más desencantado con la situación actual.

El socio minoritario del Ejecutivo reclama aumentar el IRPF a los salarios superiores a 10.000 euros mensuales (podría afectar a unas 250.000 personas, según cálculos de Podemos) y aprobar un impuesto a las grandes fortunas. También defiende un tipo efectivo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades y un recargo del 10%, también en Sociedades, a las grandes empresas de distribución. Y bajar el gravamen del 25% al 23% a las pymes que facturen menos de un millón de euros. Dentro de su paquete fiscal la formación morada incluye la rebaja del IVA menstrual y de cuidados (pañales), de las clínicas veterinarias y de las peluquerías.

ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, volvió a insistir en el debate en la idea de que Sánchez tiene que priorizar cómo quiere y con quién acabar la legislatura, en un aviso que también remarcaron otros socios habituales, registró una resolución en materia fiscal en la que insiste en parte de las actuaciones extraordinarias emprendidas por el presidente, plantea el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15% y especifica que debería gravarse con un 3% a las fortunas de más de un millón de euros. Ese tributo, según ERC, lo recaudarían las autonomías para sufragar servicios del Estado del bienestar. También piden elevar hasta el 30% el impuesto sobre el juego. ERC, BNG y EH Bildu, por su parte, presentaron una proposición conjunta para proporcionar desde este mes de agosto un incremento extra del Salario Mínimo Interprofesional por el importe correspondiente a la inflación del primer trimestre de 2022.

El PSOE no ha comunicado ni negociado en estos días previos al debate las medidas anunciadas por Sánchez, ni con Unidas Podemos ni con otros aliados parlamentarios, pero este miércoles sí ha tenido que sondear cuáles son sus apoyos para las votaciones que se producirán este jueves, donde además se tiene que convalidar en el Congreso el real decreto con las medidas anticrisis que aprobó hace un par de semanas el Consejo de Ministros y que Sánchez ha completado con más ampliaciones en esas sesiones parlamentarias. Pero el PSOE no parece dispuesto a añadir más presión fiscal ni a los contribuyentes ni a las grandes fortunas del país, según fuentes de esa formación, por lo que esas iniciativas serán más que probablemente rechazadas. De hecho, el PSOE ya frenó en febrero pasado, entonces con el respaldo de PP, Vox y Ciudadanos, una proposición de ley de Unidas Podemos para impulsar un nuevo impuesto con ocho tramos y tipos marginales de entre el 3,6% y el 5% sobre las grandes fortunas por encima de 10 millones de euros. La propuesta sí fue respaldada por ERC, EH-Bildu, la CUP, Más País y el BNG. El voto final del PSOE a las resoluciones de Unidas Podemos, en todo caso, se conocerá este jueves.

Los socialistas sí se abren a asumir en las votaciones algunas propuestas más políticas que económicas de Unidas Podemos, pero tienen muchos reparos a aceptar también el capítulo relacionado con lo que llaman “Libertad de conciencias y aconfesionalidad del Estado”. Unidas Podemos ha aprovechado para requerir ahí al Ejecutivo del que forman parte que ponga en marcha un proyecto de ley sobre libertad de conciencia que garantice la completa laicidad del Estado, suprima la asignación tributaria a la Iglesia católica, elimine del sistema educativo la enseñanza de la religión, recupere el patrimonio inmatriculado por la iglesia; promueva la investigación de los abusos sexuales y denuncie el concordato entre España y la Santa Sede.

Alguno de esos planteamientos ya están en marcha, como la comisión que impulsa el Defensor del Pueblo y que pasará luego por el Congreso para indagar sobre los abusos sexuales en el seno de la iglesia. Otras, como la denuncia del concordato, fueron en algún momento propuestas recurrentes del PSOE, por ejemplo cuando lo lideraba Alfredo Pérez Rubalcaba, pero quedaron aparcadas.

En Unidas Podemos también destacan de sus propuestas el capítulo sobre Sanidad, en el que demandan incrementar en los Presupuestos la inversión sanitaria al 7,5% del PIB. En ese apartado exigen incluir en la asistencia sanitaria a las personas migrantes; desbloquear Ley de Salud Mental, un planteamiento reiterado también por Más País; incrementar las prestaciones de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud y garantizar el derecho al aborto en cualquier hospital o centro público del país. La sección sanitaria de las resoluciones elaboradas por el PSOE no incluye ese tipo de promesas y se centra más en el fortalecimiento general del sistema público sanitario.