Economía de guerra

El primer debate sobre el estado de la nación en siete años se inició este martes en un momento de emergencia económica para una ciudadanía que ve cómo cada día todo se encarece a su alrededor y cae su poder adquisitivo. Y con la imprevisibilidad de la guerra de Vladímir Putin, que reparte bombas en Ucrania y empobrecimiento en todo el continente. Fue desde estas dos premisas desde las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigió al hemiciclo en su discurso de apertura del debate, una vez asumido que el relato de lo ya hecho no impide el desgaste del Ejecutivo y su castigo en las urnas. Acertó al evitar poner paños calientes y elaborar una pedagogía de las dificultades. El presidente no eludió la gravedad del momento —”lo sé y me hago cargo”— y mencionó que habrá que hacer sacrificios, pero defendió que su Gobierno ha demostrado que es posible una política económica y social comprometida en repartir la carga y evitar el castigo solo a los perdedores de todas las crisis. En su discurso más armado y natural, apeló a la épica del esfuerzo colectivo frente a la adversidad y al espíritu y las medidas que preservaron la cohesión social en la pandemia. “Lo hicimos durante la pandemia y lo volveremos a hacer contra la inflación”, repitió con distintas formulaciones.

El paquete de medidas que anunció en la tribuna del Congreso profundiza en la dirección de las ya adoptadas para intentar proteger la economía de familias y empresas ante el vendaval de la inflación que empezó antes de la guerra y que sigue creciendo sin que nadie aventure el final. Tampoco él lo hizo. “No podemos descartar nada”, dijo, ante la amenaza cierta de un corte total del gas por parte de Putin.

El anuncio más relevante fue el de añadir al impuesto ya anunciado para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas otro impuesto temporal y extraordinario a los bancos: los defendió equiparando los beneficios caídos del cielo y la subida de los tipos de interés de las entidades, sin esperar a los aumentos del BCE. Y con un argumento común: evitar que “el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos”, en un discurso atravesado de guiños ideológicos a la izquierda, aunque el impuesto a las eléctricas lo aplica ya Mario Draghi en Italia.

El paquete incluye muchas otras medidas dirigidas directamente al bolsillo agujereado de los ciudadanos: la gratuidad de los abonos de los trenes de cercanías y media distancia gestionados por Renfe entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, una ayuda complementaria de 100 euros para todos los estudiantes becados de más de 16 años —apuesta que responde a las becas para ricos de Ayuso— o la resurrección de un viejo proyecto de Madrid para la construcción de vivienda social. En definitiva, Sánchez se esforzó por trazar nuevas vías de una salida progresista de la crisis y una batería de anuncios legislativos que van más allá de esta difícil coyuntura —ley de movilidad sostenible, ley de industria, ley de mecenazgo, nueva asignatura de competencias digitales en la enseñanza básica— para intentar dibujar un Gobierno con un proyecto de largo recorrido cuando la oposición lo da por amortizado.

La principal dificultad para valorar el alcance exacto del plan del Gobierno es la falta de visibilidad sobre la evolución de la economía si Putin corta el gas a Alemania o la guerra se endurece. Hay que dar la bienvenida a todas las medidas que eviten la ampliación de la brecha de la desigualdad en una sociedad que aún arrastra las heridas de la Gran Recesión. Con el plan trazado este martes, el Estado profundiza en España —como estamos viendo en Francia, Italia o Alemania— su papel como regulador y sostenedor de familias y empresas ante las inclemencias.