Inflación, paro, precio de la energía: guía para entender el estado de la nación antes del debate

El Congreso celebra desde este martes el debate del estado de la nación, el primero desde 2015. Aunque lo habitual es hacer uno cada año, las dificultades para conformar mayorías a partir de 2016 y la posterior irrupción de la pandemia impidieron uno de los actos parlamentarios más importantes de cada legislatura. En los tres días de debate y negociación, los distintos portavoces disputarán una batalla por imponer su relato, basado en hechos y datos que no siempre se corresponden con la verdad.

La situación de la economía, con un futuro más incierto que nunca, y algunos proyectos de ley polémicos, marcarán una parte importante de los debates. EL PAÍS analiza los distintos asuntos que enfrentarán a los portavoces con el Gobierno.

Las mejores cifras de empleo y el menor paro en 14 años

En junio se registró el menor número de parados (2.880.582) desde octubre de 2008, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre del año también registran datos positivos: 3.174.700 parados y 20.084.700 ocupados. Pese a estos números, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, duda de las estadísticas; él sostiene que un trabajador fijo discontinuo, al que tras la reforma laboral se le hace un contrato indefinido, “no aparece en la lista de parados aunque no esté trabajando”, lo que, según el expresidente gallego, adultera las cuentas.

El Ministerio de Trabajo aclara que las estadísticas del INE y de la Seguridad Social no han cambiado como consecuencia de las nuevas condiciones de contratación que impone la reforma laboral. Durante los periodos del año en los que no están trabajando, los fijos discontinuos no figuran nunca como parados en el Servicio Público de Empleo Estatal, aunque sí pueden aparecer como desempleados en la Encuesta de Población Activa. Pero exactamente igual que sucedía durante los mandatos del PP.

En el primer trimestre de 2020, cuando el Gobierno de coalición comenzó su mandato, había en España 3.313.000 parados, según la EPA. Con la pandemia se llegó a 3.722.900 parados en el tercer trimestre de 2020. Desde entonces, la creación de empleo ha reducido considerablemente el número de parados hasta llegar a los 3.174.700 desempleados registrados por la EPA en el primer trimestre de este 2022.

Deuda colosal aunque menos disparada que con Rajoy

La deuda española al finalizar el primer trimestre de 2022 ascendía a 1,4 billones de euros, el 117,7% del PIB una de las cifras más altas registradas nunca (aunque sin alcanzar el récord del primer trimestre de 2021: el 125,3% del PIB). Feijóo critica el gravísimo endeudamiento en el que está incurriendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde que llegó al poder en junio de 2018, Sánchez ha engordado la deuda española en 237.000 millones de euros, algo a lo que contribuyó una pandemia que cerró España durante casi medio año. El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) contó durante sus seis años y medio de mandato con 450.000 millones de euros más de deuda y tuvo que hacer frente a una crisis económica monumental durante la primera legislatura.

El efecto limitado del tope al gas en la factura de la luz

Un 11% de ahorro (la mitad de lo previsto) en la primera semana de aplicación. El tope sobre el precio del gas que se utiliza para generar electricidad ha logrado en estos primeros días rebajar algo la factura de la luz, pero menos de lo esperado por el Ejecutivo. Los efectos quedaron amortiguados en parte por la ola de calor en un momento en que se quema más gas para la producción eléctrica ante la reducción de la oferta de otras fuentes de energía, una nueva escalada abrupta en su precio y un enorme incremento de las exportaciones a Francia.

Aun así, se logró una rebaja para los clientes del mercado regulado de cerca del 11%, entre cinco y 10 puntos por debajo de lo que había proyectado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (entre el 15% y el 20%). La aplicación de la medida a partir de la segunda quincena de julio permitirá un ahorro medio para el consumidor del mercado regulado de unos cinco euros (pagará 76 en lugar de 81), según los cálculos hechos para este periódico por José Luis Sancha, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. El verano es el peor mes para grandes rebajas con el tope aprobado para España y Portugal porque, según los expertos, es el periodo en el que más gas se quema. A partir de septiembre, sostienen, se verán ahorros mayores como consecuencia del mayor peso de las energías renovables en el proceso de producción. La diferencia entre los precios del resto de Europa y la Península se va a ampliar en los próximos trimestres.

Inflación desbocada, perspectivas pesimistas

España registró en junio una inflación del 10,2%, una de las más altas de Europa (8,6% de media). El dato amenaza el crecimiento, que todos los organismos sitúan este año por encima del 4% del PIB. El Gobierno admite un empeoramiento progresivo de las condiciones para mantener altas tasas de crecimiento en el país. Los cortes del suministro de gas ruso que han provocado un aumento de precios en los mercados internacionales no vaticinan nada bueno para el otoño. “Tenemos que prever una inflación más alta, más tiempo”, asumió la semana pasada la ministra de Economía, Nadia Calviño.

44 meses de bloqueo en el Poder Judicial

El PP gobernó entre 2011 y 2018 con la promesa electoral de cambiar el modelo de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de manera que fueran los jueces quienes eligieran directamente a los vocales. Rajoy lo prometió en los mítines, y el ministro Alberto Ruiz-Gallardón llevó el proyecto de ley al Consejo de Ministros. Pero aunque Rajoy pudo hacer esa reforma legal porque gobernó hasta 2016 con mayoría absoluta, el presidente metió el texto legal en un cajón del que nunca salió. El PP pasó a la oposición y desde 2018 bloquea la renovación del organismo, que viene obligada por la Constitución y que, si se materializara ahora, acabaría con la actual mayoría de vocales de extracción conservadora.

Hace un año, el PSOE, intentando forzar esa renovación que el PP bloqueaba (porque sus votos son imprescindibles), impulsó una reforma legal que impedía al CGPJ hacer nombramientos mientras tuviera el mandato caducado. Los efectos de aquella medida fueron catastróficos y contrarios a lo que se buscaba: no lograron desbloquear la renovación del Consejo porque el PP siguió con su negativa a pactar nada, pero provocaron el atasco en algunas salas del Tribunal Supremo porque los magistrados que fallecieron o se jubilaron no pudieron ser sustituidos por otros. En la Sala de lo Contencioso Administrativo ese problema causa que cada año se dicten 1.000 sentencias menos de las habituales (25% del total).

El supuesto revisionismo de la nueva ley de memoria

Durante casi un año, el Gobierno ha negociado con distintos grupos parlamentarios el texto del proyecto de Ley de Memoria Histórica tras analizar casi 500 enmiendas. La norma persigue profundizar en el reconocimiento de quienes sufrieron persecución y violencia durante la dictadura franquista. Entre los grupos con los que el Gobierno pactó algunas modificaciones a su proyecto de ley está EH Bildu, que presumió de haber logrado extender el límite temporal de aplicación de la ley hasta finales de 1983, “un avance relevante que permitirá abrir vías de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos más allá de 1978, en el posfranquismo, víctimas todas ellas abandonadas y olvidadas por las instituciones hasta ahora”.

La disposición adicional 16 que se ha incorporado al texto legal establece la creación en el plazo de un año de una comisión de estudio “sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia” entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983. Fuentes del PSOE citan como ejemplo el asesinato a manos de la extrema derecha de Yolanda González, líder estudiantil y militante comunista, el 1 de febrero de 1980. La investigación de los crímenes del franquismo que impulsa la nueva ley, con la participación de un fiscal de sala, queda delimitada hasta la promulgación de la Constitución en 1978. La comisión que estudiará hechos entre 1978 y 1983 estará integrada por historiadores y no por fiscales o policías. Las mismas fuentes sostienen que en ningún caso se trata de blanquear el terrorismo de ETA ni de profundizar en la investigación de los crímenes de los GAL, pero el PP, Cs y Vox recelan de la interpretación que se pueda abrir con esa disposición.

Cataluña y la sentencia del 25% de castellano

Cataluña es la única comunidad autónoma de España en la que el castellano (lengua oficial y mayoritaria entre los catalanes) no es vehicular (docente) en las escuelas. El Tribunal Constitucional, el Supremo y el Superior de Cataluña han dictado numerosas sentencias a lo largo de tres décadas ordenando a la Generalitat que cambiara su modelo para reconocer al castellano como vehicular, pero la Generalitat nunca lo ha hecho. Este año adquirió firmeza la última de esas sentencias, que obligaba al Govern a impartir en los centros educativos de toda Cataluña al menos una materia troncal en castellano (además de la de Lengua Castellana); es decir, un 25% de las horas lectivas.

La Generalitat ha logrado eludir también, al menos por ahora, el cumplimiento de esa resolución judicial. El Gobierno de Pedro Sánchez, que era parte en el proceso, no reclamó la ejecución forzosa de la sentencia. Y no ha puesto ninguna pega a la negativa del Govern a aplicar el 25% de castellano. Tampoco ha recurrido ante el Constitucional el decreto ley en el que la Generalitat anuncia que no aplicará el porcentaje, un recurso que, según reclamaban las asociaciones defensoras del bilingüismo, habría paralizado la entrada en vigor de ese decreto y facilitado la ejecución de la sentencia.

El trato de favor a etarras tras el traspaso de competencias a Euskadi

El Gobierno activó el traspaso de competencias penitenciarias al Ejecutivo vasco el 1 de octubre. Esa circunstancia y el masivo acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi desencadenó las críticas de la oposición por un supuesto trato de favor para excarcelar a terroristas. Desde entonces, el Gobierno vasco ha aplicado su nueva competencia penitenciaria para, en varias decenas de casos, conceder semilibertades a presos etarras que habían cumplido la mayor parte de su pena. Esas decisiones siempre han sido revisadas por la Fiscalía, que ha podido recurrirlas ante el juez, y este ha tenido la potestad para anularlas, cosa que ha ocurrido en varias ocasiones.