Los socios usarán el debate para exigir a Sánchez una reforma fiscal de izquierdas

Los socios parlamentarios del Gobierno de coalición aprovecharán el 26º Debate del Estado de la Nación, que comenzará el martes y acabará el jueves, para exigir ya un giro político hacia la izquierda. Unidas Podemos, uno de los dos componentes del Ejecutivo, pedirá al PSOE este mismo volantazo. Todos estos grupos creen que es “el momento decisivo” para retomar cierto “rumbo perdido” con el electorado progresista. Y así se lo quieren plantear al presidente, Pedro Sánchez, que será el gran protagonista de las tres maratonianas jornadas parlamentarias. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Más país, que han votado más del 80% de los proyectos e iniciativas durante la legislatura, coincidirán en reclamar a través de sus propuestas de resolución “una reforma fiscal de izquierdas”. Unidas Podemos defenderá un pacto de Estado que garantice más inversión pública en servicios sociales, sobre todo en sanidad y educación, y lo contrapondrá a los gastos extra que el sector socialista está programando para Defensa.

El primer debate de la nación de esta legislatura llega tras dos años y medio llenos de imprevistos, con un Ejecutivo saliendo al paso de situaciones excepcionales (la pandemia, el volcán de Palma, la guerra de Ucrania...) y justo cuando se pensaba que para esta recta final del mandato ya se empezarían a notar las buenas consecuencias de los millonarios fondos europeos que logró España en Bruselas para la reconstrucción por todo el territorio.

La inflación se ha situado en el 10%. El alza de los precios de la electricidad, de la cesta de la compra y de los carburantes ha tocado de lleno a la enorme bolsa electoral que constituyen las clases medias en vísperas de un verano que se anhelaba como el de la vuelta a la normalidad. Hasta en el Gobierno se admite ya que, pese a los buenos datos que proporcionará el sector turístico durante este periodo, vienen unos “trimestres muy complejos”, según los definió la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

El PP, Vox y Ciudadanos no soltarán esa presa de la crisis que viene durante todo el debate, mientras que los socios del Ejecutivo la usarán para exigir un punto de inflexión definitivo de la legislatura. Ahora o nunca, parece que sentencian, ante los malos pronósticos demoscópicos que ya sitúan al PP en primer lugar y con posibilidades de gobernar a nivel nacional si se apoyan en Vox.

La relación entre los dos socios de la coalición no es buena. Las habituales y recurrentes discrepancias sobre algunos proyectos parecen ahora más frecuentes. Algunas trifulcas entre ministras del PSOE, como Margarita Robles (Defensa), y de Unidas Podemos, como Ione Belarra (Derechos Sociales), superan a veces los ataques que el Gobierno recibe desde la oposición de derechas.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, líder del sector morado en el Ejecutivo, presentó el viernes su nuevo proyecto político, Sumar, con el objeto precisamente de reconectar con esos grupos de la sociedad que se han quedado más desenganchados y desencantados en estos años de sucesivas crisis. El domingo, en una entrevista con EL PAÍS, quiso subrayar las carencias que observa en el debate de prioridades dentro del Gobierno: “El Presupuesto es una concepción global, lo que me preocupa es qué Presupuesto vamos a tener para ser capaces de compensar el impacto de la inflación en las mayorías sociales. Y esta es la discusión central, el presupuesto de Defensa es una pequeña parte. Hay que hablar de los ingresos públicos, y yo no comparto que no se haga una reforma fiscal, creo que es más necesaria que nunca, porque, en este momento, quien más tiene más debe aportar. La pregunta es, ¿quién va a pagar esta crisis? ¿Los de siempre o las grandes corporaciones que tienen beneficios absolutamente extraordinarios? Las grandes corporaciones que cotizan en Bolsa han tenido 64.021 millones de euros de beneficios. Son históricos, tienen que aportar más en este momento”.

Unidas Podemos usará el debate de la nación para incidir en esos factores y para presionar al PSOE y a su presidente, Pedro Sánchez, para que defina el camino a seguir en este complejo contexto. La dirección del grupo parlamentario de Unidas Podemos plantea que el debate debe resolver el dilema entre los gastos en armas o en Servicios Sociales. Frente a las propuestas de incrementos presupuestarios para Defensa, Unidas Podemos defiende “un pacto de Estado por los servicios públicos para aumentar significativamente la inversión pública en sanidad y educación”.

En Unidas Podemos volverán a remarcar su teoría de que “España no está en guerra” sino que “está sufriendo las consecuencias económicas de una guerra” y defenderán que, en esa situación, “lo más inteligente y lo mejor para la economía es fortalecer la protección de las familias, las personas trabajadoras y los colectivos más vulnerables”. Para hacer viable económicamente ese pacto de Estado, Unidas Podemos entiende que ya es “indispensable y urgente abordar una reforma fiscal valiente y progresiva”. Y se argumenta que mientras “las eléctricas y las petroleras, y en general todas las empresas del Ibex 35, están teniendo beneficios récord, las familias tienen problemas para llegar a fin de mes”. Fue lo que Yolanda Díaz resumió el viernes en la presentación de Sumar con el lema: “No es justo”.

Unidas Podemos insiste en que un Gobierno impulsado por un electorado progresista debería en este momento “mirar a los poderosos y aumentar los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones para poder utilizar esos ingresos extra en la financiación de los programas de protección social y de fortalecimiento de lo público”.

En ERC abundan en la misma idea y tiene ya redactadas 13 resoluciones (una por diputado de la formación en el Congreso) para descifrar “si el presidente Sánchez va a ser valiente para definir de una vez qué línea de gobierno va a seguir para esta recta final de la legislatura, si hacia la izquierda o hacia la derecha”, según fuentes de su dirección. En ERC hace tiempo que achacan al Ejecutivo un problema profundo de desconexión con “la gente de izquierdas y también con muchos autónomos y clases medias que no perciben ni notan” las mejoras prometidas en reformas que en muchos casos les parecen “más parches que cambios estructurales”. A ERC no le agradan las “políticas de cheques” o bonos. Y aboga por una reforma fiscal en serio, algo que desde el Gobierno se había encargado a un grupo de expertos, pero que ahora ya se ha avanzado que no tienen programado para el final de este mandato precisamente por las secuelas de la guerra en Ucrania.

La relación política bilateral entre el Ejecutivo central y el catalán, comandado por ERC, pero con Junts marcando desde dentro cualquier cesión, no atraviesa por su mejor momento tras las secuelas del caso Pegasus de presunto espionaje a más de 40 dirigentes independentistas vascos y catalanes. El asunto ha quedado fijado como una señal perenne de mutua desconfianza. La reunión el viernes entre el ministro de Presidencia y la consejera de Presidencia catalana para fijar la cita entre Sánchez y Aragonès ha servido para rebajar algo esa tensión. Pero en ERC requieren avances ya en la mesa de diálogo, más inversiones para Cataluña y que se desbloqueen leyes de izquierdas, como la de Vivienda, o la reforma de Seguridad Ciudadana o ley mordaza.

Son planteamientos que hace también EH Bildu, que se ha convertido con el paso de los meses en uno de los socios inesperados, problemáticos y más fiables para el Ejecutivo. El jueves, en el pleno que seguirá al final del debate de la nación, EH Bildu apoyará la convalidación de la prórroga del decreto anticrisis, el cambio en la ley orgánica del Poder Judicial para permitir la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional con el mandato caducado y la reforma de la actual Ley de memoria histórica, que tantos resquemores ha levantado en la derecha política y mediática.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, pedirá a Sánchez que señale bien cómo quiere acabar políticamente esta legislatura tras algunas decisiones que considera erróneas, como su reacción al asalto a la frontera en Melilla que dejó decenas de inmigrantes fallecidos o el giro estratégico sobre la posición de España ante el futuro del Sáhara. Aizpurua pedirá al Gobierno que “profundice en más medidas sociales de izquierdas para dar una salida a la crisis en la que no paguen sus consecuencias, los de siempre, los más vulnerables”, según fuentes de su dirección.