Los aliados acorralan al Gobierno en el Congreso por el ‘caso Pegasus’

La base parlamentaria del Gobierno patinó con la reforma laboral, se diluyó ante el giro en la política sobre el Sáhara Occidental y ahora corre el riesgo de quebrarse con el escándalo del supuesto espionaje a 63 dirigentes independentistas catalanes y vascos. El Ejecutivo afronta esta semana en el Congreso un asedio como no había sufrido en toda la legislatura por parte de los que han sido sus principales socios en los dos últimos años. ERC, PNV y EH Bildu van a salir en tromba con el propósito de acorralar al presidente y a sus ministros para arrancarles una explicación sobre el pirateo de los teléfonos móviles de líderes nacionalistas a través del programa Pegasus, solo accesible a los gobiernos. En medio de esa ofensiva, el Ejecutivo afronta el próximo jueves las votaciones de una ley y tres decretos, entre ellos el de medidas urgentes para aliviar la carestía energética.

Eso que sus detractores llaman la mayoría Frankenstein había cerrado 2021 con otra gran muestra de solidez al sacar adelante los Presupuestos del Estado de forma muy holgada. Pero la euforia del año viejo se transmutó rápidamente en desconcierto con el año nuevo. El caso Pegasus ha sido la tercera sacudida de consideración entre la base parlamentaria del Ejecutivo en los tres últimos meses, tras la reforma laboral y las nuevas relaciones con Marruecos. “Y esto es mucho más, esto es la crisis más importante de toda la legislatura”, advierte un diputado de uno de los grupos independentistas que han venido apoyando al Gobierno.

Los nacionalistas exigen una explicación y que alguien asuma la responsabilidad del supuesto espionaje, para lo que no darán tregua al Ejecutivo en el Congreso. Su ofensiva empezará este mismo lunes, aprovechando una comparecencia en comisión para hablar de la Estrategia de Seguridad Nacional de uno de los principales cargos de La Moncloa, Óscar López, jefe de gabinete del presidente del Gobierno. El caso Pegasus monopolizará la sesión de control del miércoles, con una pregunta a Pedro Sánchez; tres a la ministra de Defensa, Margarita Robles -que la víspera también tendrá que dar la cara en el Senado-, y otra al de la Presidencia, Félix Bolaños, además de una interpelación de ERC sobre la “calidad democrática del Estado español”. De ese debate pende en buena medida el futuro inmediato de la base parlamentaria de Sánchez y de algunas propuestas legislativas del Gobierno.

Al día siguiente de que el Ejecutivo se someta a ese examen, el pleno votará la ley de telecomunicaciones y tres decretos, entre ellos el de medidas urgentes contra las consecuencias económicas de la guerra. Este último es el más relevante y por eso mismo también el más complejo. Los socialistas cuentan con que PP, Vox y Ciudadanos no lo apoyen. Entre los socios habituales, el Ejecutivo tiene el respaldo seguro del PNV y de EH Bildu, cuyo diputado Jon Iñarritu, pese a ser una de las víctimas del espionaje, anticipa: “Este es el mayor escándalo de la democracia, pero aun así no queremos usarlo para poner en peligro las medidas sociales del Gobierno”. Fuentes de ERC, en cambio, afirman que el caso Pegasus “lo condiciona todo” y que esperarán a la respuesta de Sánchez y sus ministros antes de decidir su postura sobre el decreto. Tampoco el PDeCAT, con cuatro diputados, ha concretado su posición y sin estos dos grupos el Gobierno podría verse ante un apuro.

Los socialistas son conscientes de que les espera otra semana de arduas negociaciones en un clima más enrarecido que nunca entre sus interlocutores habituales, aunque confían en salvar el trance. “Sería muy difícil para cualquiera explicar que han tumbado el decreto y que los conductores se quedan sin la rebaja de 20 céntimos por litro en la gasolina”, argumenta un alto cargo gubernamental.

Como ya ocurrió con el controvertido vuelco a la política sobre el Sáhara, Unidas Podemos aparece en el asunto del espionaje más cerca de sus aliados parlamentarios -con los que ha suscrito una solicitud conjunta de comisión de investigación- que de sus socios de Gobierno. Fuentes del grupo de UP dan toda la credibilidad a la advertencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de que ERC retirará su apoyo al Ejecutivo si no se depuran responsabilidades. UP también incide en la envergadura del escándalo. “Me preocupa mucho más el espionaje que la relación entre los partidos”, resalta un destacado dirigente de UP. “El espionaje amenaza con convertir España en Turquía. La relación entre los partidos es algo absolutamente coyuntural si pensamos en la deriva antidemocrática que supone la posibilidad de llevar a cabo espionajes masivos por motivos ideológicos”.

“Nadie quiere hacer caer al Gobierno”, repiten los grupos independentistas que han nutrido la base parlamentaria del Ejecutivo. “Pero el PSOE tiene que ser consciente de que no vamos a olvidarnos de esto a las dos semanas”, advierte uno de sus diputados más activos en este asunto. “Si no hay respuesta, las cosas pueden complicarse mucho. Entre Esquerra, Bildu y PDeCAT [tres grupos directamente afectados por el espionaje] sumamos 22 diputados. Sin nosotros, el Congreso puede ser ingobernable”.