ERC exige que rueden cabezas por el espionaje para no romper la mayoría

Lejos de sofocarse, el incendio político por el escándalo del espionaje a dirigentes independentistas catalanes se extiende y agrava por momentos. ERC, insatisfecha con las explicaciones que ha recibido hasta ahora en público y sobre todo en privado por parte del Gobierno, ya amenaza abiertamente con romper la mayoría de la investidura. Los 13 escaños de ERC son claves para la mayoría de las leyes. Los republicanos han trasladado ya un mensaje claro al Ejecutivo, en público y sobre todo en privado: si quieren recuperar la confianza, necesitan que alguien asuma responsabilidades: esto es, que ruede alguna cabeza política. Fuentes de ERC señalan que Pere Aragonès, el president, que también está entre los espiados, no le está exigiendo a Pedro Sánchez la caída de un cargo concreto —un ministro o la máxima responsable del CNI—, pero sí le ha dicho claro que este asunto no se resolverá solo con buenas palabras y alguien tiene que caer.

Aragonès se pasó ayer todo el día en Madrid para conceder varias entrevistas, reunirse con los grupos políticos que exigen una comisión de investigación sobre este escándalo —incluido Unidas Podemos, miembro de la coalicion de Gobierno— y trasladar un mensaje claro: “Esto no se soluciona con una reunión [entre él y Sánchez]. Alguien debe asumir responsabilidades, y es el Gobierno el que debe decidir el nivel. La confianza en estos momentos es cero. A partir de las decisiones que tome o no tome el Gobierno, decidiremos qué pasará con el resto de la legislatura”, señaló en una comparecencia a las puertas del Congreso. Aragonès admitió en una entrevista en la Cadena SER que Sánchez y él se han intercambiado mensajes en los que el presidente le ha trasladado su apoyo, pero insiste en que aún no tiene ni una explicación formal de lo que ha pasado ni una solución política.

Desde el Ejecutivo insisten en que el contacto con la Generalitat es permanente, no solo entre presidentes sino entre los equipos —sobre todo Óscar López, el jefe de Gabinete de Sánchez, y Sergi Sabriá, que lidera el de Aragonès— para buscar una solución. La voluntad del Ejecutivo, añaden fuentes del Gobierno, es la de dar todos los pasos necesarios para recuperar la confianza. Incluida la posibilidad de que los líderes se reúnan y se reactive cuanto antes la mesa de diálogo. Pero el problema con el espionaje es que el Gobierno no admite en ningún momento que se haya producido y, por tanto, mucho menos puede ofrecer la cabeza de algún responsable. La ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, argumenta que no puede comentar nada sobre sus actividades, lo que abre paso a todas las especulaciones. Pero sí asegura que todo lo que hace este centro es “con todas las garantías que establece la ley”: esto es, que si hubiera intervenciones sería con autorización judicial, como fija la norma. Mientras, desde Unidas Podemos, Pablo Echenique pide que “rueden cabezas” si se ha hecho algo sin instrucciones del Ejecutivo o que “se pida perdón” si se ha realizado un espionaje autorizado por un juez.

La situación es diabólica, porque el Gobierno insiste en que no tiene nada que ocultar y no tiene ninguna responsabilidad en el espionaje, pero a la vez no puede dar ninguna explicación ni confirmar o desmentir nada de las actividades del CNI porque asegura que la ley se lo impide. El asunto seguirá creciendo y no solo por ERC, sino porque varios grupos, incluido otro aliado clave, el PNV, van a seguir presionando. De hecho, su portavoz, Aitor Esteban, preguntará el miércoles a Robles sobre este asunto.

Apoyo del PP

El PSOE se está quedando bastante solo en este asunto, aunque con toda probabilidad podrá contar con el apoyo del PP para rechazar una comisión de investigación sobre actividades del CNI. Aragonés se reunió ayer en el Congreso con los principales socios gubernamentales y parlamentarios del Ejecutivo y negoció con ellos una estrategia “de frente común” para forzar una reacción del sector socialista del Ejecutivo. Ni el PDeCAT, ni Junts, ni siquiera la CUP, relacionaron su enorme malestar y rechazo al espionaje con el desmarque en próximas votaciones de la máxima relevancia, como la que debe convalidar el jueves de la semana que viene el decreto del Ejecutivo con las medidas para combatir la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Esa negociación se lleva en paralelo, y por ahora se desliga del caso Pegasus.

El PSOE no apoya en estos momentos la creación de una comisión de investigación. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confió ayer en que se constituya la Comisión de Control de los créditos destinados a gastos reservados para que se pueda hablar “sin ninguna reserva”. Robles ha pedido comparecer en la Comisión de Defensa para hablar sobre la política de la UE, pero allí no puede dar explicaciones sobre este asunto, aunque sea preguntada por los grupos parlamentarios.

Algunos grupos se plantean aprovechar este próximo lunes la comparecencia ya programada del jefe de gabinete del presidente, Óscar López, en otra comisión del Congreso para preguntarle sobre este caso. Varios partidos nacionalistas argumentan que no es creíble que España haya comprado el programa Pegasus y se haya podido utilizar, incluso por parte del CNI y con autorización legal de un juez del Tribunal Supremo, y que el jefe del Ejecutivo no supiese nada ni hubiese tenido acceso a esos informes.

Mientras, dentro del independentismo, que parecía unirse momentáneamente por este caso, se recrudece la división. Incluso dentro de Junts per Catalunya. El PSC y el grupo de Carles Puigdemont comparten el Gobierno de la Diputación de Barcelona, un ente clave en el reparto de subvenciones a los municipios y cargos para los partidos. Laura Borràs, la presidenta del Parlament, de Junts, insistió ayer en que no se puede pactar y gobernar “con los partidos que utilizan las cloacas del Estado”. La idea de romper ese pacto también fue expresada por otros dos independientes de ese partido: el diputado catalán Jaume Alonso Cuevillas y el representante en el Parlamento Europeo Toni Comín, informa Camilo S. Baquero.

Pero el alma más neoconvergente del partido no ve tan clara esa ruptura. Dejaría a Junts fuera del Ejecutivo de la Diputación y a la vez obligaría a replantear multitud de pactos municipales y en consejos comarcales, en los que se ha preferido pactar con el PSC para marginar a ERC. El vicepresident Jordi Puigneró, también de Junts, apostó por “diferenciar” los pactos municipales de la política nacional.