El Gobierno ofrece diálogo pero el Govern lo congela por el espionaje de Pegasus

La guerra y la inflación siguen y el Gobierno acumula, además, un nuevo problema político: una inesperada tensión con la Generalitat por el caso del espionaje al president, Pere Aragonès, y hasta a 60 líderes independentistas desde 2017 hasta 2020, ya con Pedro Sánchez en el poder —llegó en junio de 2018—. El Ejecutivo multiplicó este martes mensajes públicos y gestiones privadas discretas para intentar reconducir la situación y aplacar el malestar de los independentistas, y está abierto a cualquier tipo de formato que permita recuperar la confianza, entre ellos reactivar la mesa de diálogo, que ya tenía los trabajos previos bastante avanzados, aunque no había fecha cerrada para celebrar una nueva reunión.

Sin embargo, la Generalitat ha decidido suspender las “relaciones políticas” con el Ejecutivo y, por tanto, cualquier posibilidad de diálogo o de reactivar la mesa, hasta que —pidió Aragonès— “se inicie una investigación interna con supervisión independiente, para aclarar responsabilidades” sobre el caso del espionaje. El Gobierno insiste en que ellos no tienen nada que ver con este asunto, y aseguran que en España no hay escuchas sin orden judicial, pero la Generalitat recuerda que esta tecnología solo se vende a gobiernos, por lo que duda de la palabra del Ejecutivo.

Fuentes del Gobierno señalan que Sánchez está dispuesto a reconducir la situación y entre el lunes y el martes ha habido un contacto permanente entre los equipos de los dos presidentes, pero de momento no se ha cerrado aún un formato —reunión entre los líderes o mesa de diálogo— ni una fecha.

Mano tendida

El Gobierno lanzó varios mensajes en privado y en público a la Generalitat para recordarle que sigue con la mano tendida y para reivindicar los pasos dados hasta ahora, como la mesa de diálogo o los indultos, aunque no llegaron a citarlos expresamente. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, recordó que desde que Sánchez está en La Moncloa las cosas han cambiado de forma notable en Cataluña y la relación ya no es la misma que con los Gobiernos del PP. “En Cataluña el Gobierno ha trabajado en la desjudicialización del conflicto”, señaló Rodríguez. “Gracias al empeño de la sociedad y a la determinación del Gobierno, la situación no se parece en nada a la de 2017 o 2019. El Gobierno ha dado muchas muestras de compromiso en Cataluña”.

El Ejecutivo y la Generalitat no han roto puentes en ningún momento y, de hecho, los trabajos para preparar la convocatoria de la mesa de diálogo ya estaban casi ultimados, según fuentes del Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos han tratado de cuidar en todo momento la relación con los independentistas, en especial con ERC, socio clave en la mayoría de la investidura, y van a intentar por todos los medios que este nuevo escándalo no la enturbie.

La Generalitat, por el contrario, subió mucho el tono. Su respuesta al escándalo del espionaje será congelar las relaciones políticas con el Gobierno central hasta que este ponga en marcha una investigación interna sobre el caso y se depuren responsabilidades. Así lo anunció el president, Pere Aragonès, que compareció este martes acompañado de todos sus consejeros, asegurando que “las cosas no pueden seguir igual” tras conocerse el monitoreo a los móviles.

Ni Aragonès ni el vicepresident Jordi Puigneró especificaron cómo sería esa congelación, aunque aclararon que seguirán “las reuniones de carácter técnico” entre los dos Ejecutivos. El también líder de ERC, que está en la lista de espiados y denunció que no tenía la seguridad de que sus comunicaciones sean privadas, anunció que presentará una denuncia por violación a su derecho a la intimidad. “La muestra de que hay un conflicto político en Cataluña es que nos han estado espiando”, añadió Aragonès. Para el president, la confianza mínima construida en los últimos años con Sánchez ha quedado gravemente tocada y solo la “transparencia” puede reconstruirla, aseguró.

Se verán afectadas reuniones de carácter más político como las de la comisión bilateral o la conferencia de presidentes, aunque Aragonès recordó sus dudas sobre este último foro. Las reuniones sectoriales continuarán. El Govern, dijo, no se levanta de la mesa de diálogo. La posición intenta sintetizar la idea de Junts de romper con el Gobierno ante la evidente falta de confianza y la voluntad de ERC de que el diálogo continúe, para enviar un mensaje de seriedad a la comunidad internacional.

Investigación interna

Aragonès condicionó el regreso a la normalidad a que Sánchez inicie una investigación interna, con supervisión independiente, para depurar responsabilidades dentro del Gobierno y muy especialmente en el CNI, el órgano al que los independentistas señalan como responsable. También que en el Congreso se apruebe una comisión de investigación que propondrán los partidos nacionalistas. “Queremos saber qué responsabilidades tienen y quién autorizó el espionaje”, puntualizó. El Gobierno ofrece como solución que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca en el Congreso para dar explicaciones, algo que ya ha solicitado.

La Moncloa, según Aragonès, no ha ofrecido ninguna explicación sobre el monitoreo de los móviles, por ejemplo, de los últimos tres presidentes de la Generalitat. “La pelota está en el tejado del Gobierno”, insistió el líder de ERC, que instó a Sánchez a tener una reunión “cara a cara” para que se explique cuál ha sido la participación del Estado. Según Citizen Lab, el observatorio canadiense que destapó el espionaje, el teléfono de Aragonès fue intervenido en enero de 2020, mediante un mensaje de SMS que simulaba ser el enlace a un medio de comunicación. En octubre de 2019, hay registros de otro intento de entrada, que no funcionó.

El Gobierno vive con preocupación esta inesperada tensión con la Generalitat, pero confía en poder reconducir la situación e incluso pactar una reunión de la mesa de diálogo. Ya se vivió una crisis parecida con la detención de Carles Puigdemont en Italia, y finalmente pudo ser resuelta. El Ejecutivo mantiene muchas leyes importantes en cartera y una situación económica delicada y no puede permitirse ahora una fractura de su frágil mayoría.