El Gobierno niega cualquier implicación en el uso de Pegasus: “En España no se espía si no es al amparo de la ley”

El Gobierno se desvincula por completo del supuesto espionaje masivo e ilegal a líderes del independentismo catalán ejecutado mediante el programa Pegasus, un software que infecta teléfonos móviles y que en teoría solo se vende a Ejecutivos. La portavoz y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha rechazado cualquier implicación del Gobierno en este caso, ha insistido en que en España solo pueden llevarse a cabo tareas de espionaje “al amparo de la ley”. En cualquier caso, el Ejecutivo está dispuesto a ofrecer explicaciones en pública y en privado a la Generalitat y a todos los ciudadanos para tratar de rebajar la tensión que ha generado este asunto y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido una comparecencia en el Congreso en la que abordará la supuesta intromisión del virus de la empresa israelí NOS Group en los teléfonos de 59 separatistas catalanes (más cuatro personas cuya identidad aún no se ha revelado) y dos independentistas vascos. “Este Gobierno no tiene nada que ver con eso ni tiene nada que ocultar”, ha remarcado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Rodríguez, que ha tenido que contestar varias preguntas de un asunto que ha dominado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha hecho muchos esfuerzos por lanzar mensajes de tranquilidad a toda la sociedad y en particupar a los indepedentistas catalanes, aliados del Ejecutivo en el Congreso. La portavoz ha insistido varias veces en que en España ni se espía ni se escuchan las comunicaciones “si no es al amparo de la ley y del derecho”. En este sentido, ha recordado que ha habido procedimientos judiciales abiertos vinculados con este caso y que el Gobierno siempre ha colaborado con la justicia. España es un estado democrático pleno. Aquí no se pueden limitar derechos y libertades individuales si no es con el amparo de la ley y con una decisión judicial motivada. El Gobierno no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática de España”, ha insistido.

Rodríguez en cualquier caso ha lanzado varios mensajes a sus aliados independentistas para intentar aplacar su malestar, algo que ya habían hecho antes de la rueda de prense de forma discreta desde el Gobierno, que está en contacto permanente con la Generalitat no solo por este asunto. La portavoz ha dejado claro que desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa, las cosas han cambiado de forma notable en Cataluña y la relación ya no es la misma que con los gobiernos del PP. “En Cataluña el Gobierno ha trabajado en la desjudicialización del conflicto. Gracias al empeño de la sociedad y a la determinación del gobierno la situación no se parece en nada a la situación de 2017 o 2019. “El Gobierno ha dado muchas muestras de compromiso en Cataluña”, ha señalado Rodríguez. El Ejecutivo y la Generalitat no han roto puentes en ningún momento, y de hecho los trabajos para la convocatoria de la mesa de diálogo ya estaban muy avanzados, según fuentes del Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos han tratado de cuidar en todo momento la relación con los independentistas, en especial ERC, socio clave de la mayoría de la investidura, y van a intentar por todos los medios que este nuevo escándalo no la enturbie.

Rodríguez ha añadido que esta “no es una información nueva” y ha insistido en que, cada vez que ha sido requerido por la autoridad judicial, el “Gobierno siempre ha mostrado toda su disposición a colaborar”, y ha querido transmitir “tranquilidad”. “Yo quiero insistir en este mensaje de tranquilidad: este es un país democrático y de derecho en el que no se espía, donde respetamos las libertadas individuales, donde no se intervienen conversaciones, en el que no se interceptan las comunicaciones si no es al amparo de la ley. No se pueden limitar derechos salvo con el amparo de la ley donde la justicia hace su trabajo. Les doy la absoluta garantía de que el Estado funciona”, ha aseverado.

No obstante, la ministra ha tenido que acogerse a la obligación de reserva que impone la ley a los funcionarios para referirse a las tareas que desempeña el Centro Nacional de Inteligencia, cuyo papel no ha dejado claro. A una pregunta sobre si el CNI dispone del sistema espía Pegasus y si lo ha empleado, ha dicho: “Hay asuntos que, dado que tratan de la seguridad nacional, están protegidos por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley”.

El CNI no ha negado de manera explícita que disponga de este programa de espionaje, pero tampoco lo ha confirmado. El Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil sí han negado expresamente tener este sistema, que los fabricantes aseguran que solo se vende a organismos estatales.

Por otro lado, ha mantenido que el Gobierno ha hecho una apuesta decidida por la recuperación de la convivencia en Cataluña, lo que, a su juicio, no es compatible con el supuesto espionaje sostenido durante tres años a dirigentes independentistas (incluidos todos los presidentes regionales de Cataluña, salvo Carles Puigdemont). “En Cataluña, insisto, este Gobierno ha dado muestras de querer superar el conflicto político, llevándolo a la política y sacándolo de la justicia. La situación en nada se parece a 2017 o 2019, gracias al empeño de la ciudadanía”, ha sentenciado.

Mientras, el eurodiputado y expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras, han anunciado este martes en el Parlamento Europeo acciones legales en España, Francia, Suiza, Luxemburgo y Alemania por el caso del espionaje. En una rueda de prensa desde la Eurocámara en Bruselas, Puigdemont ha informado de que presentarán querellas contra los supuestos responsables de este ataque a la intimidad, empezando por la empresa tecnológica NGO y el Estado español.