La mayoría de los ataques de Pegasus se produjeron tras la sentencia del ‘procés’

El supuesto espionaje a Jordi Sànchez es el único que se produjo durante el desafío independentista

De izquierda a derecha, Raül Romeva, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Quim Forn, Jordi Sànchez y Josep Rull, al salir de la prisión de Lledoners, el 23 de junio de 2021.
De izquierda a derecha, Raül Romeva, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Quim Forn, Jordi Sànchez y Josep Rull, al salir de la prisión de Lledoners, el 23 de junio de 2021.Kike Rincon (Europa Press)

Más de medio centenar de líderes independentistas catalanes fueron supuestamente espiados con el programa israelí Pegasus, pero solo uno, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, fue víctima de este sistema durante el procés, el desafío secesionista que concluyó con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. Durante aquellos meses en los que la Generalitat exhibía su pulso al Estado desobedeciendo al Tribunal Constitucional y organizando el referéndum ilegal de independencia del 1-O, Pegasus no atacó los móviles de los dirigentes secesionistas, pese a que en el caso de Sànchez apunta a que tenía capacidad de hacerlo. Sin embargo, el interés de Pegasus por los dirigentes independentistas se desató a lo largo de 2019 y 2020, cuando los líderes del procés ya habían sido neutralizados por la vía judicial y el desafío independentista había amainado.

El uso de Pegasus para conocer las intenciones y los movimientos del entorno independentista solo podría ser legal si lo hubiera autorizado un juez, ya sea dentro de un procedimiento judicial de los muchos que se abrieron en los años álgidos del procés, o a través del permiso previo del magistrado del Tribunal Supremo encargado de controlar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El servicio de inteligencia español tiene entre sus funciones la de “prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de España”, y la ley que regula su control judicial previo considera que se pueden avalar medidas que afecten al secreto de las comunicaciones cuando “resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro”. Bajo este paraguas, se podría haber solicitado la autorización judicial para interceptar las comunicaciones de los líderes independentistas, como de hecho se hizo mediante los sistemas habituales de intervención telefónica durante la instrucción judicial de algunas de las causas abiertas en el procés.

Sin embargo, el grueso del presunto espionaje de Pegasus tuvo lugar cuando las principales causas judiciales contra los dirigentes independentistas ya estaban juzgadas o, al menos, con la instrucción terminada. De las 59 personas espiadas, según el informe de Citizen Lab, solo los ataques a Jordi Sànchez tienen aparentemente un vínculo claro con el procès: ya en 2015, poco después de una gran manifestación secesionista en Barcelona, recibió el primer SMS de Pegasus. Y en 2017, cuando la asociación que presidía lideraba las movilizaciones ciudadanas a favor de la independencia, fue atacado al menos cinco veces en fechas destacadas entre abril y octubre, entre ellas, en la Diada del 11 de septiembre, cuando la ANC congregó alrededor de un millón de personas en las calles de Barcelona; y el 13 de octubre de ese año, tres días antes de ser detenido y enviado a prisión preventiva acusado de sedición.

Pero, al margen de los ataques a Sànchez, no se han documentado más intrusiones de Pegasus durante 2017 y solo tres en 2018, cuando el Supremo estaba en plena instrucción de la causa del procés. Así, fueron pirateados los móviles del presidente del PDeCAT, David Bonvehí (según el informe, “en algún momento” entre el 30 de septiembre y el 30 de enero de 2019), y de Dolors Mas (”en algún momento” entre el 27 de septiembre de 2018 y el 28 de agosto de 2019), empresaria y pareja de Joan Matamala, amigo íntimo de Carles Puigdemont.

En 2019 fueron espiados, sin embargo, más de una veintena de personas, siempre según el informe de Citizen Lab. Entre febrero y junio el Supremo acogió el juicio contra 12 líderes independentistas, pero la actividad de Pegasus alrededor de esas fechas es mínima, aunque existió. Mientas se estaba celebrando la vista fueron atacados los móviles de Bonvehí; del diputado del Parlament por la CUP Carles Riera; o de Meritxell Bonet, periodista y esposa del entonces presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que estaba siendo juzgado y a quien Bonet visitaba en prisión. Pero las intrusiones del programa israelí se incrementaron, sobre todo, a finales de ese año, tras la sentencia del Supremo que el 14 de octubre condenó a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a 9 dirigentes secesionistas. A la publicación de la resolución judicial le siguieron días de intensas movilizaciones que acabaron con decenas de detenidos, pero la principal actividad de Pegasus se produce semanas después, cuando estos episodios ya han cesado. Es el caso de la intrusión sufrida en noviembre por el móvil de Matamala, cuyo terminal había sido atacado por primera vez en agosto; o por Josep Costa, abogado y exvicepresidente del Parlament, espiado supuestamente en diciembre y que también lo había sido en julio.

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Los ataques siguieron sucediéndose en 2020, en pleno confinamiento decretado por el Gobierno el 14 de marzo para combatir la pandemia de covid-19. Durante los meses que duró el estado de alarma (hasta mediados de junio), fueron presuntamente espiadas una decena de personas, entre ellas el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, el abogado Andreu Van den Eynde (defensor, entre otros, de Oriol Junqueras) o el exconsejero de Gobernación de la Generalitat y exdiputado de ERC Xavier Vendrell, además de algunos atacados anteriormente, como Matamala o Bonvehí. La actividad de Pegasus continuó durante el verano y hasta finales de ese año, cuando España vivía inmersa en la pandemia y el desafío independentista había quedado aparentemente atrás.

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Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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