La Ley de Memoria afronta una avalancha de enmiendas

La tramitación de la ley de memoria democrática ha entrado en el Congreso en uno de los caminos más empedrados para el Gobierno, y eso que PSOE y Unidas Podemos tienen unos cuantos en el Parlamento. A estas alturas, el Ejecutivo carece de apoyos para sacar adelante el proyecto, ante el rechazo combinado de la derecha y de sus socios de izquierda y nacionalistas. Estos últimos exigen, entre otras cosas, la revisión de la amnistía de la Transición. El Gobierno se ha tenido que tomar con más calma de la que esperaba la tramitación de la ley, sin otro horizonte que tenerla lista a lo largo del año. Sobre la mesa le han plantado una avalancha de 500 enmiendas, el grueso de ellas provenientes de los grupos que le dan sustento parlamentario.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, insiste en el mensaje que viene defendiendo desde que el proyecto entró en el Parlamento: “La ley tiene tantos avances en derechos humanos, en el derecho a la verdad y la justicia, en las reparaciones y el deber de memoria, que las víctimas, sus familiares y el conjunto de la sociedad democrática no entenderían que por alguna cuestión puntual pudiera cuestionarse”. Hasta ahora, el mensaje no ha calado entre la izquierda nacionalista, como lo prueba la presentación de enmiendas, para la que han hecho frente común ERC, Junts, CUP, EH-Bildu y BNG.

Las iniciativas insisten en las propuestas que Esquerra ya llevó en su enmienda a la totalidad debatida en el pleno el pasado octubre, cuando el proyecto fue admitido a trámite porque derecha e izquierda evitaron sumar sus rechazos. Ahí vuelve a figurar la derogación de los artículos de la ley de amnistía de 1977 que eximieron de responsabilidad penal a los represores franquistas y la exigencia de reparaciones económicas, dos de los asuntos que más comprometen las negociaciones del Gobierno con sus socios. Otras son directamente innegociables para el Ejecutivo, como la que propone retirar a Felipe VI el título de Rey de España.

Además de la iniciativa conjunta de los independentistas, cada uno presenta su batería de propuestas por separado. El líder de Más País, Íñigo Errejón, también ha incluido un conjunto de iniciativas, entre ellas varias que pretenden aportar un posible punto de encuentro en la controversia sobre la amnistía de la Transición.

Errejón no propone derogar ninguno de los artículos de la ley de 1977, pero sí añadir que esta ha quedado superada por el derecho internacional, que considera imprescriptibles los crímenes contra la humanidad.

Una fórmula parecida han intentado PSOE y Unidas Podemos, que, para salvar sus diferencias iniciales sobre el texto, pactaron una treintena de enmiendas conjuntas. Una de ellas alude, aunque en términos menos rotundos que los de Errejón, al sometimiento de las leyes españolas a las normas internacionales sobre derechos humanos. ERC y sus socios han dicho en esta ocasión que lo consideran insuficiente. Y el Gobierno tampoco se mueve de su posición, expresada por Martínez: “El proyecto no deroga ni total ni parcialmente la ley de amnistía. Luchamos mucho en aquellos momentos para conseguirla”.

ERC, pieza clave para la negociación, no ha dado muestras de que vaya a aflojar sus peticiones. Y apela reiteradamente a lo ocurrido en 2007, cuando, por los mismos motivos, ya se opuso a la ley de memoria de Zapatero.