Gobierno y PP acuerdan las grandes líneas de la reforma del voto exterior

La supresión del voto rogado, es decir, la obligación de los más de 2,2 millones de españoles residentes en el exterior de solicitar previamente el sufragio para participar en las elecciones, se perfila como uno de los escasos consensos entre los partidos en esta legislatura. Las enmiendas presentadas a la proposición de ley que impulsaron el año pasado PSOE y Unidas Podemos revelan que no hay grandes diferencias de fondo, después de que los elementos esenciales de la reforma ya se hayan negociado en los últimos meses. Ahora falta por completar la letra pequeña y los socialistas esperan que el texto esté listo para enviar en mayo al Senado. Con ese calendario, difícilmente sería aplicable en las elecciones andaluzas de este año, aunque sí en las municipales, autonómicas y generales de 2023.

“Hemos avanzado mucho, estamos de acuerdo en lo esencial, la supresión del voto rogado, pero aún hay que negociar flecos importantes, porque afectan a las garantías del proceso”, advierte el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro. “De lo que se trata es de facilitar que los españoles en el exterior ejerzan su derecho al voto y a la vez establecer un procedimiento que impida que se repitan las irregularidades que la propia izquierda denunciaba con el sistema anterior”.

Hasta 2011, los españoles inscritos en el extranjero recibían de oficio la documentación y las papeletas para votar. El sistema dio origen a numerosas denuncias de fraudes. En países como Argentina se detectó que agentes electorales se hacían con los documentos de personas ya fallecidas o que habían cambiado de domicilio y, aprovechando la falta de control de la Administración española sobre el proceso, lograban suplantar al votante.

Tras años de controversia, un acuerdo de los principales partidos instauró la obligación de solicitar previamente los documentos para votar. Lo que pretendía ser una garantía se convirtió en una carrera de obstáculos burocráticos insalvable para la mayoría, en un momento en que la crisis empujaba a decenas de miles de jóvenes a emigrar. Si en las elecciones generales de 2008 había votado el 31% de los residentes en el exterior, en las últimas de 2019 no llegó al 7%. Y, mientras, el llamado censo de residentes ausentes (CERA) no ha dejado de crecer. Desde las generales de noviembre de 2019, ha aumentado en otros 130.000 y en la última actualización de marzo ya alcanzaba los 2.261.421, un 6% del total de electores inscritos.

La subcomisión creada en el Congreso para la reforma ha escuchado en los últimos meses las opiniones de expertos para buscar una fórmula que permita acabar con el voto rogado sin abrir la puerta a las irregularidades del sistema anterior. En la propuesta inicial presentada el año pasado por PSOE y Unidas Podemos se establecía que, en lugar de enviar las papeletas a los domicilios, estas se descargasen por vía telemática. Como el PP planteó objeciones al entender que se podría discriminar a votantes con dificultades de acceso a dispositivos informáticos, los dos partidos del Gobierno han accedido a mantener el envío de papeletas físicas, sin descartar la opción de las descargas telemáticas. Para intentar que se generalice esta última fórmula, el texto compromete al Ejecutivo a presentar un plan de actuaciones en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la reforma. Lo que no ha llegado a plantearse es la posibilidad de instaurar el voto electrónico. “Todas las opiniones que hemos escuchado en la subcomisión coincidieron en que no hay garantías sobre su seguridad”, subraya Bermúdez de Castro.

Otra de las reformas que persiguen facilitar el voto del exterior es la ampliación de los plazos para hacerlo presencialmente en las representaciones diplomáticas y para el escrutinio de esos sufragios en España. Las enmiendas del PP reclaman extender algunos de esos plazos, reforzar las garantías para la identificación del elector en caso de voto por correo o aumentar los lugares habilitados para ejercer el presencial. El PSOE no espera grandes dificultades para el acuerdo final. “Hemos querido actuar con el espíritu de los padres constitucionales”, asegura el socialista José Zaragoza. “Desde el primer momento hemos buscado una reforma que sea de todos, no de parte”. PSOE y UP han presentado enmiendas conjuntas a su propio texto que recogen demandas planteadas por otros partidos.

Las enmiendas presentadas al texto revelan que sobre la cuestión del voto rogado, más allá de algunos matices, la coincidencia es amplia desde Vox hasta los independentistas. Pero algunos grupos han aprovechado para plantear reformas de más calado. El PNV, por ejemplo, recupera una vieja reivindicación nacionalista, dividir por comunidades autónomas la actual circunscripción única en las elecciones europeas. Ciudadanos va mucho más lejos y propone una auténtica reforma a fondo de la ley electoral para, entre otras cosas, establecer un reparto de escaños en el Congreso más proporcional a la población, cambiar también el sistema de elección del Senado o imponer la celebración de dos debates en campaña entre las formaciones con grupo parlamentario. Ni PSOE ni PP están dispuestos a entrar ahora en esos asuntos, sobre los que existen grandes discrepancias y que ya habían acordado dejar al margen para no mezclarlos con una cuestión como el voto rogado que concita un acuerdo general.