El Gobierno salva a última hora la ley de vivienda tras un acuerdo con ERC

Otra vez en el último momento, con una negociación sobre el alambre, el Gobierno ha logrado salvar la tramitación de uno de sus grandes proyectos, la ley de vivienda. El Ejecutivo ha cerrado un acuerdo con ERC en el que se compromete a negociar cambios en el texto para preservar las competencias de las comunidades autónomas. Las diferencias con los aliados parlamentarios auguran una complicada tramitación cuando se empiece a discutir el proyecto artículo por artículo.

El Gobierno se enfrentaba a otra apurada votación ante la avalancha de enmiendas que pedían devolver el proyecto, a la que se sumaron desde el PP a Junts y algunos de los principales apoyos del Ejecutivo como ERC, PNV y PDeCAT. Los grupos nacionalistas coincidían en su rechazo por entender que la iniciativa invade competencias de las comunidades autónomas, una objeción que ya planteó también en su día el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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Para salir del atolladero, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, firmó un compromiso por escrito con ERC en el que se compromete a abrir a partir de ahora una negociación con el fin de “garantizar el respeto escrupuloso al marco competencial en materia de vivienda”. ERC ha mantenido su enmienda, que incluye un texto alternativo, pero ha evitado sumar sus votos a las de los demás grupos opuestos al proyecto, con lo que de este modo ha facilitado la tramitación. La ministra ha agradecido desde la tribuna la actitud de Esquerra y ha reiterado su compromiso de negociar reformas en el texto para preservar las atribuciones autonómicas.

El grupo independentista ha advertido de que su gesto “no supone en ningún caso la validación de la ley”. “No tienen votos para legislar a su antojo, no gobiernan con mayoría absoluta”, ha respondido a la ministra la diputada de ERC Pilar Vallugera.

El texto prevé, entre otras cosas, la posibilidad de establecer precios máximos a los alquileres en las zonas que se declaren “tensionados”. ERC y otros grupos de izquierda que tampoco se han opuesto a la tramitación, como EH Bildu, también quieren forzar medidas más contundentes contra los desahucios y para favorecer la contención en los precios de los arrendamientos. Por el contrario, la derecha lo rechaza rotundamente por considerar que “vulnera el derecho a la propiedad privada”.