Mordidas y contratos amañados: dos meses de juicio acorralan de nuevo al PP por Gürtel

La tercera gran vista oral al partido de Casado por beneficiarse de la red corrupta queda vista para sentencia tras 17 confesiones

Esperanza Aguirre, candidata entonces del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en un acto electoral en 2003 en Boadilla, durante una de las campañas financiadas por Gürtel, según la Policía.
Esperanza Aguirre, candidata entonces del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en un acto electoral en 2003 en Boadilla, durante una de las campañas financiadas por Gürtel, según la Policía.José Huesca (EFE)

La Audiencia Nacional ha vuelto a activar la cuenta atrás. Tras dos meses de sesiones, el tribunal declaró este martes visto para sentencia el tercer gran juicio al PP por el caso Gürtel, que acorrala de nuevo a la formación conservadora, condenada ya en dos ocasiones por beneficiarse de la trama corrupta de Francisco Correa. Las pruebas desplegadas durante la vista oral —entre las que destacan la confesión de 17 acusados; la declaración del exconcejal arrepentido que denunció el caso; los informes de la Policía, Hacienda y la Fiscalía...— no solo dibujan una red de influencias en torno a los populares para amañar contratos públicos y repartirse mordidas millonarias, sino que complican el futuro del partido de Pablo Casado, perseguido por un pasado de corrupción. La palabra la tienen ahora los magistrados, que deberán dictar una resolución en los próximos meses.

Los 17 confesos. El ministerio público ha logrado atar durante la vista oral las tres patas sobre la que se levantaba esta causa, centrada en los negocios de la red Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid). Entre los 17 acusados que han confesado en el juicio se encuentran los cerebros de la trama (Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego); los políticos que prepararon el aterrizaje de la trama en el Ayuntamiento de Boadilla y en la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (con el exalcalde popular Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, a la cabeza); y los empresarios que pagaron comisiones ilegales a cambio de que les adjudicaran contratos.

Francisco Correa, líder de Gürtel, afronta una petición de la Fiscalía de 19 años de cárcel después de que esta redujera su petición inicial, que ascendía a 76 años.
Francisco Correa, líder de Gürtel, afronta una petición de la Fiscalía de 19 años de cárcel después de que esta redujera su petición inicial, que ascendía a 76 años.ULY MARTÍN (EL PAÍS)

Sus relatos ofrecieron profusos detalles sobre los mecanismos utilizados para enriquecerse y desviar dinero —parte del cual se utilizó para costear actos electorales del partido, según reconocieron—. “Mi padre, si alguna obra le interesaba, hablaba con Correa para que le hiciera las gestiones adecuadas para la adjudicación. En 2007, mi padre me dio un maletín con un dinero que no conté y se lo entregué a un señor de la empresa de Correa, creo que era Crespo”, contó José Luis Martínez Parra, exvicepresidente de la constructora Teconsa. En la misma línea se pronunció el empresario José Luis Ulibarri: “[Correa] me comentó que tenía capacidad de influir en una adjudicación de suelo. Yo me imaginé que era en el alcalde”. El también constructor Alfonso García-Pozuelo especificó que solían pagar una mordida del “3% aproximadamente”.

Un testigo clave. José Luis Peñas, el exconcejal popular de Majadahonda (Madrid) que destapó Gürtel y que grabó a escondidas durante años a los protagonistas de la trama, cuenta que nunca se sintió un traidor. “Correa era muy amigo mío. Pero no sentía que le traicionaba, aunque no me sentía bien porque eso no lo tenía que hacer yo, sino las fuerzas de seguridad del Estado [...] Yo le decía que dejara España y, bueno, me hubiera gustado que se hubiera ido a tiempo”, explica en conversación con EL PAÍS. El testimonio de este exedil, al que la hija del cerebro de la red corrupta llamaba “tío Pepe”, irrumpió con fuerza en la vista oral: “Desde Génova se impartían directrices: a quién había que contratar, a dónde iba un candidato... La sede central es la que maneja todas las campañas, dice como hay que hacerlo todo”.

Para Pablo Crespo, 'número dos' de Gürtel, el ministerio público también rebaja (de 64 años de cárcel a 16 años) la petición de pena al haber reconocido “todo”.
Para Pablo Crespo, 'número dos' de Gürtel, el ministerio público también rebaja (de 64 años de cárcel a 16 años) la petición de pena al haber reconocido “todo”.
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Los informes de la Policía. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía infligió daños notables a la defensa del PP. El inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, repasó durante horas las facturas y otros documentos que acreditan, según dijo, que Correa ejercía como “el ejecutor y canalizador de fondos, cualquiera que fuera su origen, que el partido ponía a su disposición para poder financiar actos”. El mando policial describió cómo los empresarios negociaban con el cabecilla de la red para que, a través de “sus contactos en las Administraciones Públicas, les consiguiese aquellos contratos que consideraban de su interés”. Estos pagaban mordidas que después se repartían los implicados, quienes desviaban una parte a pagar actos de campaña de los populares.

La descripción de Morocho fue tan incisiva que la Fiscalía, que pide condenar al PP al pago de 204.000 euros, recogió el guante y resumió que Gürtel “colonizó” las instituciones gobernadas por el partido. “Correa trabó relación con todos los dirigentes del PP y con los alcaldes. Era una persona con mucha capacidad de influencia en todos ellos”, apuntó Pablo Crespo. Una tesis que reforzó el exalcalde González Panero, que se enfrenta a 40 años de cárcel y es el único de los 17 confesos al que el ministerio público no ha rebajado la solicitud de pena: “Comprobé que Correa tenía mucha ascendencia en el PP. Entraba sin necesidad de acreditación”, dijo el exregidor en el juicio.

González Panero, exalcalde de Boadilla, enfrenta una petición de 40 años de cárcel. La fiscal no la ha reducido al considerar que este no confesó hasta verse acorralado.
González Panero, exalcalde de Boadilla, enfrenta una petición de 40 años de cárcel. La fiscal no la ha reducido al considerar que este no confesó hasta verse acorralado.Javier Lizón (EFE)

Conclusiones de Hacienda. Los peritos de Hacienda pormenorizaron el operativo para canalizar pagos en negro, falsificar facturas y ocultar el dinero, para lo que la red corrupta creó un complejo entramado de empresas y cuentas bancarias en el extranjero. Según añadieron, con las mordidas se financiaron actos de campaña de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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