”Pedimos a los partidos, y particularmente a los partidos de izquierda, que piensen más en la posibilidad de que millones de trabajadores en España tengan un contrato indefinido que en las próximas elecciones generales”. La advertencia ante el posible fracaso de la convalidación en el Congreso de la reforma laboral la realizó este jueves el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, tras asistir en Madrid como invitado a un desayuno informativo en el que el protagonista, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el negociador de la parte socialista del Gobierno, abogó por labrar una mayoría de apoyos lo más amplia posible, aunque sobre la base de los actuales aliados parlamentarios. Esos deseos parecen por ahora incompatibles con la realidad política del país, embarcado en otra campaña electoral, ahora en Castilla y León. La negociación para convalidar el real decreto se debate entre las exigencias de los partidos del bloque de investidura (ERC, PNV y EH Bildu) para modificar el texto, irreconciliables con los requerimientos de la vía alternativa en la derecha, con Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y la propia patronal CEOE, quienes exigen que “no se toque una coma” del pacto cerrado con el Gobierno.

Desde el Gobierno, tanto por la parte del mayoritario sector socialista como del de Unidas Podemos, el más implicado en la negociación que encabeza la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se insistió este jueves en transmitir el deseo de que el refrendo del decreto aprobado con la nueva reforma laboral prospere en las Cortes con los votos de los socios habituales. El mensaje lo avanzó primero el ministro de Presidencia, luego lo reiteró la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en la sede del partido, y más tarde lo remacharon el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, y finalmente el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de la vicepresidenta Díaz. Todos esos dirigentes manifestaron su aspiración a que se reedite en la votación en el pleno del Congreso, el próximo 3 de febrero, la mayoría progresista que respaldó la investidura de Pedro Sánchez, los dos últimos Presupuestos del Estado y la mayoría de las leyes que han pasado esta legislatura por las Cortes. Pero ninguno aclaró con qué números y votos pretenden conseguir ese éxito. Las cuentas, por ahora, no salen.

El Ejecutivo dispone de los 154 escaños que suman PSOE y Unidas Podemos. Ningún otro partido ha oficializado aún su apoyo. Es más, algunos aliados habituales, como EH Bildu, se han autodescartado al adherirse a la desaprobación de la reforma de sus sindicatos más próximos en Euskadi, como ELA y LAB.

ERC se ha quejado de que apenas se les ha dejado margen y tiempo para negociar porque entienden que el PSOE y la vicepresidenta Díaz han preferido en este caso la “hábil” alianza con la patronal, Europa y la derecha de Ciudadanos.

Las alusiones de Gabriel Rufián (ERC), al “proyecto político personal” de Díaz, han sentado fatal en su entorno y forzaron este jueves la comparecencia de Asens en el Congreso para defender a la vicepresidenta y alertar al portavoz republicano y a su formación de que no deberían “equivocarse de adversario”.

Asens citó sin parar a Díaz para rebatir la idea denunciada por Rufián sobre sus intereses personales con esta reforma y argumentó que el gran objetivo de la misma es combatir la precariedad, “cambiar el paradigma laboral” y devolver derechos a los trabajadores sobre los cercenados con la ley aprobada en 2012 con el Gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Más de 12 millones de trabajadores están afectados por convenios.

Ni esos recados de Asens, remachados por Bolaños, Lastra, Héctor Gómez, Pérez Rey y los responsables gubernamentales que se prodigaron en las últimas horas, ni el apercibimiento de que si esta reforma no triunfa permanecerá vigente la actual del PP, surtieron por ahora efecto en la oposición de los socios de investidura.

La dirección de ERC en el Congreso se siente relegada de los contactos que la vicepresidenta y Trabajo sí han mantenido en estas semanas con el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el diputado republicano Jordi Salvador, portavoz en esa materia, o las llamadas más privadas con el veterano republicano Joan Tardà.

El PSOE pretende no entrometerse en las negociaciones de la vicepresidenta y su equipo, pero no descartan la viabilidad de un plan alternativo en caso de fracaso. Así hay que entender la apelación de Bolaños a preservar el pacto de legislatura, pero demandando una mayoría en este caso y para este asunto lo más amplia posible, en la que incluyó incluso al PP, pero para evidenciar ante su esperada oposición que no están dispuestos a colaborar con el Gobierno de España en nada.

El sector socialista del Gobierno cuida, mientras tanto, la conexión siempre preferente con el PNV, incluso con contactos directos y una comida de trabajo este jueves en Euskadi. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, reafirmó horas antes sin embargo el gran “principio” intocable para su formación sobre la primacía de los convenios autonómicos frente a los estatales: “La prevalencia tiene que tener rango de ley. Es un poco difícil que aprobemos ahora una cosa que dice que la prevalencia es el convenio estatal y luego otra. Si eso lo aprueban ahora, no veo yo que dentro de un mes se haga en otra norma. Pero la política es el arte de lo posible y estaremos con los oídos abiertos”.

Ese tipo de posiciones tan exigentes y pragmáticas del PNV puso en alerta de nuevo a Ciudadanos, que es el partido al que podría agarrarse el Gobierno si al final todo falla. Díaz y Podemos no quieren explorar esa opción, porque consideran que es “una trampa para romper la mayoría legislativa de investidura”, como anotó Asens. El portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, confirmó que ni el Gobierno, ni Bolaños ni el PSOE les habían llamado, pero les animó a que lo hagan cuanto antes para apoyar el real decreto sin retoques. Bal avanzó que incluso si en la reforma laboral ahora no se cambia nada, pero se promete alguna mejora futura a PNV o ERC con más competencias para sus autonomías tampoco la votarán a favor.

El número dos de Trabajo intentó aclarar acto seguido que esa primacía de los convenios autonómicos sobre los estatales ya está vigente en el marco social aprobado por todas las fuerzas sociales en Euskadi y que nada se cambia con la reforma propuesta. Pero el recelo y la desconfianza partidista es de tal calibre que ni ese dato sirvió para encauzar la negociación.

Un escaño, decisivo

El rompecabezas: La reforma laboral corre el riesgo de situar al Gobierno ante una de las votaciones más reñidas de la legislatura. El Ejecutivo tiene que componer un rompecabezas en el que cada diputado cuenta y hasta podría lamentar que Unidas Podemos no haya cubierto aún la vacante de Alberto Rodríguez, privado de su escaño tras una condena del Supremo.

Por un voto: Si el Ejecutivo no llega a un acuerdo con los nacionalistas y estos se ratifican en el no, la fórmula más verosímil para que la reforma prosperase sería el apoyo de Ciudadanos (9 diputados), PDeCAT (4), Más País (2) y, todos con uno, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe. Si los dos de Navarra Suma se abstuviesen, como han insinuado, sumarían 174 a favor y solo uno menos en contra (PP, Vox, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, CUP, BNG, Foro Asturias y el fugado de Ciudadanos Pablo Cambronero, en el Grupo Mixto). En caso de empate, la votación se puede aplazar. Si la igualada persistiese, la propuesta decae.

El peso de Ciudadanos: Por si solos, los nueve escaños de la formación liberal no sirven al Gobierno para suplir una hipotética deserción de ERC y PNV. Dado que las posiciones de Cs y los nacionalistas vascos en este asunto son incompatibles, solo se vislumbra como viable la fórmula descrita, que tampoco es segura ya que Más País y Compromís de momento se mueven en la ambigüedad.

Abstención nacionalista: Hay otra opción para que el Gobierno salga del atolladero: que ERC y PNV pasen del no a la abstención. Eso, a su vez, podría implicar el descuelgue de Cs y propiciar otra votación apretadísima, de nuevo rondando el empate. Para no pasar apuros, el Ejecutivo necesitaría sumar la abstención de Bildu.