El PSOE mira a la derecha tras el portazo de ERC a la reforma laboral

El sector socialista del Gobierno ha empezado ya a mirar hacia parte de la derecha parlamentaria para buscar apoyos que puedan salvar en el Congreso la reválida de su proyecto de reforma laboral tras el portazo avanzado el miércoles por ERC, uno de sus socios principales de esta legislatura. El portavoz de la formación, Gabriel Rufián, lanzó en rueda de prensa en las Cortes la andanada más dura que se le recuerda contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al relacionar su “hábil” negociación de ese proyecto con la patronal y los sindicatos con su iniciativa personal sobre una nueva plataforma política. A los pocos minutos, un alto cargo del PSOE en el Gobierno llamó y concertó una cita inminente con la presidencia de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

UPN solo tiene dos diputados, su apoyo no es determinante y suele alinearse con PP y Ciudadanos en las votaciones. En este caso, sin embargo, se muestra más receptiva y adelanta que quiere dialogar con el Ejecutivo, al igual que ha reiterado Cs. La llamada a la formación navarra es algo más que un gesto político, y puede alterar, por un lado, los planes de la vicepresidenta Díaz, y, por otro, provocar conflictos con el PNV.

Los contactos a varias bandas para validar en el Parlamento el decreto con la nueva reforma laboral pactada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos se intensifican, y han entrado en una fase confusa de cierta emergencia. La votación en el pleno está prevista para el 3 de febrero, en vísperas de las elecciones autonómicas del 13-F en Castilla y León. Faltan aún 15 días que, como reconoció el miércoles el propio Rufián, “en política pueden ser una eternidad”.

En el Ejecutivo el liderazgo de esa negociación lo venía acaparando Yolanda Díaz, pero vigilada de cerca por el presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, con buenos contactos con la cúpula empresarial, y ahora también por el Ministerio de Presidencia, que encabeza Félix Bolaños, encargado de montar una ronda de contactos con otros grupos en las Cortes. Las vías alternativas están más abiertas que nunca tras el toque de atención que escenificó Rufián en el Congreso. El portavoz de ERC avanzó el rechazo de los 13 diputados republicanos al proyecto de reforma laboral en su redacción actual. Y dejó, además, algunos mensajes de calado. El principal, dirigido contra la vicepresidenta Díaz.

El diputado catalán enfatizó que en los últimos nueve meses, el Ministerio de Trabajo y Díaz han estado “muy ocupados hablando con la CEOE”, en lo que calificó como una estrategia “muy hábil”; pero, en cambio, lamentó que apenas hayan conversado con ERC y otros grupos de la mayoría de la investidura. Para Rufián, la reforma que propone el Gobierno “no es tan reforma, sino un pequeño cambio de lo que hizo el PP”. Y agregó: “No podemos apoyar una reforma que sea solo maquillaje”.

“ERC no negocia ni vota proyectos personales, porque quizá esto es un proyecto personal de Yolanda Díaz. La pregunta es: ¿por qué no quieren negociar con nosotros, ni tocar comas o aspectos que para nosotros son nucleares? ¿Por qué al final lo cerrarán con Ciudadanos?”, se preguntó el dirigente republicano. Y se respondió: “Nos dicen que esto son lentejas, que las tomas o las dejas, pero si no se mueven ERC votará que no”. Rufián resaltó además, que es “mentira, falso y una intoxicación” que en las Navidades les llamaran del Ministerio de Trabajo para negociar nada, y limitó esos contactos a los últimos dos días.

El diputado se mostró decepcionado por la tardanza y falta de concreción de sus contactos e intercambio de propuestas con Trabajo y el Gobierno de coalición, aunque también dejó claro que eso no tiene por qué significar una ruptura general de las relaciones de los socios en lo que queda de mandato y en futuras votaciones. Y abogó por compartimentar las negociaciones por intereses.

El sector socialista del Ejecutivo tomó buena nota de ese aviso. A los pocos minutos de que Rufián dejara la sala de prensa del Congreso desde la que envió esas señales de alarma, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, número dos del ministro Bolaños, telefoneó al portavoz de UPN en la Cámara baja, Sergio Sayas, para conversar y buscar su apoyo a la reforma laboral.

Sayas le explicó a Simancas que ante un asunto tan relevante lo apropiado sería que el Gobierno se pusiera en contacto con el presidente de su formación, Javier Esparza, le facilitó el teléfono y así el Gobierno cerró esa cita para la semana que viene. UPN no tiene la misma posición de rechazo frontal a la reforma laboral que reiteró el miércoles la portavoz del PP, Cuca Gamarra. La formación navarra sí quiere dialogar y se acerca mucho a la actitud expresada por la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de facilitar que prospere una iniciativa que llega avalada por la patronal CEOE y los sindicatos “si no se toca una coma” de lo acordado.

La propia CEOE recalcó el miércoles ese punto de vista tras una reunión de su ejecutiva en la que se refrendó esa actitud por unanimidad y en la que su presidente, Antonio Garamendi, remachó que se saldrían del acuerdo si el Gobierno cede ante los nacionalistas. La CEOE, que también ha tenido debate interno por los reparos de algunas de sus organizaciones al pacto, lleva semanas trabajando con llamadas a algunos partidos para sumar votos al proyecto.

ERC, además de adherirse a la exigencia del PNV y EH Bildu sobre la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales, también reclama una serie de mejoras laborales que no suponen solo cambios en la reforma laboral sino también en el Estatuto de Trabajadores y en otros conceptos (como la mejora de la indemnización por despido en 45 días o más inspecciones de trabajo). El Gobierno lo que quiere es superar la barrera de la votación en el Congreso para convalidar el decreto pactado y aprobado en el Consejo de Ministros y con los agentes sociales. Las posiciones están muy distantes.

El portavoz republicano recordó el miércoles que las dos medidas estrella con las que el Ejecutivo progresista de coalición salió refrendado de las urnas y de la investidura fueron la “derogación de la reforma laboral y de la ley mordaza [la Ley de Seguridad Ciudadana]”, algo que todavía no ha sucedido. Y avanzó que ERC buscará “un frente común” contra ese proyecto en el Congreso con otros socios de izquierdas, nacionalistas e independentistas, como EH Bildu, BNG y la CUP. Los republicanos llamarán también al PNV, Más País y Compromís, pero reconocen que esos partidos están más alejados y más dispuestos a negociar con el Gobierno.

El apoyo o la abstención clave aquí vuelve a ser otra vez el PNV, que por ahora tampoco transmite buenas vibraciones al Ejecutivo. Sus portavoces insisten en que están en posiciones lejanas, pero admiten que ven opciones de introducir pequeñas mejoras.

El giro, la manta, el PNV y Page

La negociación sobre la reforma laboral del PP de 2012 se está demostrando especialmente complicada: como una manta corta, encoge por un lado y estira por el otro. La vicepresidenta segunda y el sector de Unidas Podemos en el Gobierno están empeñados en que prospere con los socios habituales de legislatura, la llamada mayoría progresista. Pero ante el anunciado rechazo ya de EH Bildu, muy influido por los sindicatos ELA y LAB de gran incidencia para la izquierda abertzale en Euskadi, y el enorme malestar expresado por el portavoz de ERC, el bando socialista del Ejecutivo explora otras vías para sumar votos, no ajenas a las complicaciones.

En ese panorama tan tenso, el PNV suele ser para los gobiernos un árbitro o una llave. Los contactos y conversaciones sí se están sucediendo estos días con la formación vasca, pero las posturas están aún muy lejanas. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, tiene previsto reflejar esa distancia este jueves. El PNV exige que en la reforma se incluya la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, algo que suscriben Bildu y ERC, y a lo que se niega en redondo la patronal CEOE, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro, muy recelosa por la influencia de los sindicatos vascos en su territorio. Los sindicatos nacionales, CC OO y UGT, que firmaron el acuerdo social, también observan esa demanda con alguna prevención. Las posiciones del PNV aparecen así incompatibles con las de la CEOE, Ciudadanos y UPN. El decreto requiere más síes que noes para ser convalidado, y el resultado es ahora muy incierto. Cualquier voto sirve.

En el PNV tampoco ha convencido nada por ahora la solución planteada desde el Ministero de Trabajo de apartar la reclamación sobre la primacía de los convenios autonómicos sobre los estatales para otra ley o incluso para una redacción más clara e inequívoca de los artículos 84.3 y 84.4 del Estatuto de los Trabajadores, según fuentes de esa formación. Así lo resaltará Ortuzar. En la formación vasca anida en ese sentido el mismo grado de desconfianza total sobre las promesas de cambios futuros por parte del Gobierno que el miércoles reflejó de una manera nítida el portavoz de ERC en la Cámara baja: “Del PSOE y ahora también de Unidas Podemos no nos fiamos”. Todo tiene que ser presente.

Las presiones al Gobierno de coalición le llegan por múltiples frentes, pero también desde el interior de ambos partidos. En el PSOE, también el miércoles, uno de sus barones regionales más importantes, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reveló sin miramientos sus preferencias por un pacto con Ciudadanos: “Prefiero siempre los apoyos en partidos que creen constitucionalmente en España que los de aquellos que la quieren romper. A estas alturas, es muy difícil que defiendan el Estado aquellos que quieren acabar con él”.