Yolanda Díaz negocia con el PNV retoques en la reforma laboral que no espanten a la CEOE

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha acelerado los contactos políticos en los últimos días con los partidos socios de investidura y los ha citado a todos presencialmente en el Ministerio de Trabajo para intentar salvar el pacto social alcanzado en Navidades con la patronal y los sindicatos sobre la reforma laboral. El objetivo que persigue es que el nuevo proyecto sea convalidado en el Congreso en un pleno que se celebrará el 3 de febrero. Faltan 16 días para esa sesión y el Gobierno no tiene asegurada aún la aprobación de ese proyecto, algo más que un símbolo para el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos para acabar con el modelo laboral impuesto por la mayoría absoluta del PP en 2012.

Los últimos contactos directos y telefónicos se han mantenido y volcado con el PNV y ERC, los dos aliados principales de la legislatura y a los que Díaz quiere primar para evitar el plan alternativo que maneja el sector socialista del Gobierno de resolver esta situación crítica virando la búsqueda de apoyos hacia Ciudadanos (nueve escaños) y con el aporte imprescindible de una miscelánea de hasta siete pequeños grupos con posiciones ideológicas contradictorias.

El calendario se aprieta y la vicepresidenta, además, anunció este martes en su cuenta de Twitter que se había contagiado de la covid con síntomas leves y que por tanto debía aplazar su “agenda pública prevista para los próximos días” aunque pensaba seguir trabajando desde el confinamiento.

La clave de esta negociación in extremis y a varias bandas, con la vigilancia de no querer espantar el acuerdo cerrado por el Gobierno con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, está ahora sin embargo fuera del proyecto de reforma laboral. Lo que Trabajo está discutiendo estos días con PNV y ERC, principalmente, es la posibilidad de perfilar mejor la redacción de dos puntos de un artículo del actual Estatuto de los Trabajadores (84.3 y 84.4) que podrían dar la opción de interpretar que en caso de conflicto prevalecen los convenios estatales sobre los autonómicos.

El redactado vigente no es claro. En el citado artículo 84.3 de esos Estatutos se especifica que “salvo pacto en contrario negociado según el artículo 83.2, los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación de los artículos 87 y 88 podrán, en el ámbito de una comunidad autónoma, negociar acuerdos o convenios que afecten a lo dispuesto en los de ámbito estatal siempre que dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación”. Y el artículo 84.4 añade que “salvo que resultare de aplicación un régimen distinto establecido mediante acuerdo o convenio colectivo de ámbito estatal negociado según el artículo 83.2, se considerarán materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica”. Tanto PNV como EH Bildu han advertido a sus interlocutores en Trabajo que esa demanda es innegociable, presionados como están en Euskadi por la potencia de los sindicatos vascos y en especial por la influencia de ELA-Lab en el entorno de la izquierda abertzale. Esos sindicatos y otros han convocado manifestaciones contra la reforma el 30 de enero.

La vicepresidenta segunda y su equipo en Trabajo han escuchado estos días “las inquietudes y propuestas” de sus socios de investidura, incluyendo ahí sobre todo el planteamiento del PNV de mejorar esa redacción del Estatuto de Trabajadores para que quede menos equívoco que en el caso de que un convenio autonómico ofrezca mejores condiciones, primará sobre el estatal.

Pero por ahora en el Ministerio de Trabajo solo avanzan que están dispuestos a dialogar con todos sus socios de investidura pero sin revelar aún su posición final, según señalan fuentes oficiales. También admiten que esos posibles retoques aún no han sido transmitidos a los agentes sociales, patronal y sindicatos, porque no están cerrados aunque sí reconocen que esos interlocutores “conocen las dificultades de buscar apoyos en el proceso parlamentario” y también se están empleando en ese sentido.

Fuentes gubernamentales explican además, sobre esta demanda clave, que “no es tanto ideológica, de izquierdas o derechas, como territorial”. Y agregan que esa prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales no es algo que agrade precisamente en sindicatos como UGT y CC OO.

Esa reclamación, precisamente, es la que ha puesto en el punto de mira la oposición de derechas en el Parlamento porque la interpretan como una cesión clara a los socios nacionalistas. PP y Vox hace tiempo que adelantaron que no están dispuestos a prestarse a refrendar una reforma que entienden como “mala para España”. El líder del PP, Pablo Casado, ha ignorado incluso las presiones de algunos dirigentes más moderados y de miembros de la patronal que le pidieron más cautela y argumentaron que el nuevo proyecto apenas cambia algunos puntos de la ley popular de 2012, impulsada entonces por la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ahora en el entorno directo del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. En la cúpula del PP y de Vox rechazan adherirse a esa teoría que achacan a la patronal de apoyar el nuevo texto como “un mal menor” frente a planteamientos que temían más radicales.

En Ciudadanos, como volvió a recalcar este martes su portavoz nacional, Edmundo Bal, están ahora más abiertos a hablar y hasta le piden al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que les llame ya, pero eso sí para revalidar íntegramente y “sin tocar una coma” el pacto cerrado con la patronal y los sindicatos. Cs quiere aprovechar así esta ocasión, en plena precampaña de las elecciones el 13-F en Castilla y León que les dan tan malos pronósticos, para presumir de su “sentido de la responsabilidad y de Estado” con las otras formaciones de derechas, pero siempre que el Ejecutivo no ceda “frente a los independentistas que quieren trocear España”, como remachó este martes Bal.

Trabajo no quiere descuidar tampoco la interlocución con ERC, que también se ha sumado a la reivindicación de los partidos vascos sobre primar los convenios autonómicos, pero que tiene sus propias exigencias. ERC no soporta en Cataluña la presión de un sindicato autonómico tan potente, porque en ese territorio predominan CCOO y UGT, que han firmado el acuerdo social, pero sí tiene que lidiar con sus propias peculiaridades de liderazgo.

Prioridades de Junqueras

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, fijó en ese sentido en la noche del lunes en Onda Cero las líneas rojas que hacen que su respaldo ahora no sea posible. Junqueras precisó algunas prioridades para ERC que debería contener la reforma laboral que fuentes del Gobierno matizan y desmienten de manera radical. El líder republicano habló así de los salarios de tramitación y en el Ejecutivo precisan que ese asunto que afecta a los trabajadores temporales cuando son despedidos ya quedó excluido en 2001 cuando José María Aznar era presidente y defienden que ahora habría otras fórmulas de protección en el documento pactado.

Junqueras requirió más inspecciones de trabajo y en el Gobierno aclaran que esa competencia está transferida hace años a la Generalitat, que es autónoma para aumentar esos servicios. El líder independentista añadió su interés por atajar la parcialidad y en la coalición gubernamental se suman a ese objetivo pero apuntan que esa mejora no está entre los componentes a cambiar del mercado laboral y que se abordará en otra ley, la de usos y tiempos del trabajo.

“El padre de la reforma fetiche”

Quedan apenas 16 días para la votación en el pleno del Congreso de la gran reforma laboral prometida ya desde el acuerdo de Gobierno que firmaron hace dos años el PSOE y Unidas Podemos. El resultado del próximo 3 de febrero dista mucho de estar claro. Pero eso no impide que se haya abierto una silente carrera de contactos, charlas, negociaciones y llamadas entre diversos miembros del Ejecutivo con los demás partidos políticos para sondear la situación, añadir apoyos y apuntarse el tanto si al final la iniciativa resulta un éxito. “La reforma de la reforma laboral del PP es el gran fetiche, ahora todos quieren ser el padre y la madre del proyecto”, argumenta fuentes gubernamentales implicadas en la negociación.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió su liderazgo en esta compleja y transversal negociación frente a los intentos del propio presidente, Pedro Sánchez, de equilibrar un poco esa balanza con la intromisión de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también anunció que abriría una ronda de contactos con todos los partidos y se entendió que ahí dibujaba un plan alternativo para buscar el voto de los nueve diputados de Ciudadanos por si las preferencias de Díaz con los socios de investidura (ERC, PNV y EH Bildu) fracasaban. Fuentes del sector socialista del Gobierno aseguran a EL PAÍS que esa vía a explorar por Bolaños ya se ha iniciado discretamente, algo que desmienten desde el bando de Podemos en el Ejecutivo. El portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ratificó ayer que Bolaños aún no le ha llamado, aunque urgió a que se formalizara cuanto antes ese contacto.

En el entorno de Díaz especifican que es la vicepresidenta la que lleva estas negociaciones con todos los socios y también que no quiere convocar a Ciudadanos, porque considera a esa formación incompatible con los otros aliados y porque calculan que sus nueve escaños no serían suficientes para superar la votación si ERC, PNV y Bildu votan en contra y no se abstienen.

Si ERC, PNV y Bildu se sumasen al bloque del no con PP, Vox, Junts, la CUP, BNG y Foro Asturias llegarían hasta los 172 votos negativos. Si PSOE y Unidas Podemos agregasen a sus 154 diputados los de Cs, Coalición Canaria, Nueva Canaria, PDeCAT, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria, Más País y Compromís llegarían a 174. Los dos de Unión del Pueblo Navarro tampoco están por el rechazo. Las fuerzas estarían muy igualadas.