El penúltimo obstáculo de un mandato en minoría

La mayoría insuficiente del Gobierno de coalición en el Congreso —155 escaños, a 21 de la mayoría absoluta— ha provocado algunos momentos de especial dificultad en la tramitación de leyes muy relevantes en estos dos primeros años de mandato. La dura negociación que se avecina por la reforma laboral es el último de una serie de episodios en los que la necesidad de sacar adelante las leyes del Ejecutivo ha chocado con la aritmética parlamentaria y ha dado lugar a cesiones de distinto tipo y alcance.

El equipo de Pedro Sánchez ha salvado con menos apuros de los previstos, al menos hasta ahora, los principales obstáculos parlamentarios para garantizarse la aprobación de toda la normativa contra la pandemia —decretos de alarma y otros—, de importantes leyes (Educación, Ingreso Mínimo Vital, Eutanasia, Cambio Climático y Transición Energética, de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género, de Protección del Menor o de Reforma del Poder Judicial) y de los dos Presupuestos Generales, que le garantizan en principio culminar el mandato de cuatro años sin grandes problemas. Lo que sigue intenta resumir los principales hitos de las negociaciones para salvar las amenazas de derrota en distintos momentos de la legislatura.

La reforma laboral a cambio de la quinta prórroga del estado de alarma. Los efectos de la pandemia remitían en España el 20 de mayo de 2020 tras dos meses y seis días de estricto confinamiento y un país con su actividad bajo mínimos. El Ministerio de Sanidad registraba todavía aquel día casi 100 fallecimientos por la covid-19 además de 166 ingresos hospitalarios por la enfermedad y 11 pacientes más en la UCI. Ese día, el Gobierno sometía a votación en el Congreso de los Diputados, por quinta vez en apenas dos meses, la prórroga del estado de alarma para mantener la protección legal a las medidas restrictivas en toda España.

Era la primera vez en dos meses que las cuentas del Gobierno para llegar a los 176 votos no estaban claras. El PP había pasado del voto a favor al primer decreto de estado de alarma a la abstención y al voto en contra anunciado para el pleno del 20 de mayo. Durante el debate, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, sorprendió a todo el mundo con un anuncio que poco tenía que ver con la pandemia pero que resultó decisivo para que el Ejecutivo sumase más de 175 votos: “Hoy esperamos llegar a un acuerdo con ustedes para derogar íntegramente la reforma laboral”.

Sánchez le contestó que el compromiso de su Gobierno con la derogación de la reforma laboral era “indeleble”. Y unas horas después se conoció el documento firmado por los portavoces de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu: “Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivada de la crisis de la Covid”.

Aquel compromiso escrito se rectificó unas horas después para concretar qué significaba y qué alcance tendría la reforma laboral. “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos”, indicaba el nuevo texto, del que había desaparecido la palabra “íntegra” para definir el alcance de la derogación de la reforma laboral, y el calendario preciso, para sustituirlo por la expresión “con carácter urgente”. El texto rectificado detallaba los planes del Gobierno para la nueva legislación laboral: “Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”, algo que se hizo ley en julio de 2020, “las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”.

Estos compromisos han quedado más o menos recogidos en la propuesta de reforma laboral que este martes aprobó el Consejo de Ministros con el aval de un acuerdo con los sindicatos y la patronal. Ya no hay derogación, sin embargo, sino una reforma de los aspectos “más lesivos” de la legislación de 2012. Los nacionalistas vascos y catalanes entienden, además, que la prevalencia de los convenios sectoriales nacionales sobre los autonómicos perjudica a los trabajadores de sus territorios. El Gobierno lo niega. Pero sus socios habituales ya han anunciado batalla para introducir mejoras en el texto.

Las cuentas de 2021 a cambio de la enmienda contra el castellano en la Ley de Educación. En plena negociación del primer proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de coalición, la comisión de Educación del Congreso aprobó el dictamen de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), conocida como ley Celaá. Ese día, ERC logró colar una enmienda que sacaba del texto la consideración del castellano como lengua vehicular (docente). ERC pactó así su apoyo a los Presupuestos a cambio de una enmienda que, un año después, está sirviendo como coartada por una parte del independentismo catalán para cargar contra la sentencia que les obliga a impartir el 25% de las asignaturas en castellano. El Tribunal Constitucional se pronunciará en las próximas semanas sobre la ley Celaá.

Retoques a la Ley Audiovisual a cambio de los Presupuestos de 2022. Para aprobar los Presupuestos de 2022, el Gobierno se enfrentó a una exigencia de ERC sobre las lenguas cooficiales de difícil cumplimiento. Los republicanos independentistas pretendían imponer por ley a plataformas que operan en España, pero tienen su sede fuera del país, que dedicarán un porcentaje de su inversión a producciones en catalán, vasco o gallego. El Gobierno avisó de que esa posibilidad quedaba expresamente prohibida por la directiva comunitaria y, tras semanas de amenazas a las cuentas de 2022, ERC y el Ejecutivo central cerraron un acuerdo que garantiza inversiones millonarias, financiadas con cargo a los Presupuestos del Estado en la mayor parte de los casos, para potenciar esas lenguas en las plataformas de vídeo.