El cambio en la regulación del castellano pactado en la ley educativa enfrenta a los partidos

El pacto alcanzado por socialistas, Podemos y ERC para facilitar la inmersión lingüística, quitando de la nueva ley educativa que se tramita en el Congreso la referencia al castellano como lengua vehicular, al tiempo que se exige su dominio pleno en todas las comunidades y se establece que los centros tendrán que adoptar medidas cuando se detecte que dicho objetivo no se está cumpliendo, ha generado este martes polémica, sobre todo en Cataluña. Se trata de la comunidad donde más se ha desarrollado el sistema de inmersión, sobre el que se ha pronunciado reiteradamente la justicia.

La enmienda adelantada por EL PAÍS, que está previsto que se vote este jueves en la ponencia de la Lomloe (Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica de Educación), ha sido criticada por las entidades contrarias al modelo de inmersión lingüística, como la Asamblea por una Escuela Bilingüe. “Sería una decepción histórica que, una vez más, la voz de millones de catalanes constitucionalistas volviera a ser invisible en Madrid y el Congreso volviera a someterse a la agenda nacionalista. La inmersión es injusta y no debe ser blindada”, ha manifestado Societat Civil Catalana.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido el diálogo entre las fuerzas políticas para conseguir una ley que respete “la diversidad, la libertad y la situación del país, tanto en términos de pluralidad cultural como pluralidad lingüística”. La portavoz socialista en el Congreso, María Luz Seijo, ha señalado que la enmienda negociada contiene medidas “garantistas” para asegurar que los alumnos terminen la enseñanza básica con un pleno dominio tanto del castellano como de la lengua cooficial que, en su caso, exista en su respectiva comunidad autónoma. Seijo ha recordado que la expresión “lengua vehicular” no aparece en la Constitución, la norma a la que remite la enmienda que debe ser votada el jueves en la ponencia de la Lomloe. “Las lenguas tienen que ser motivo de cohesión, de cultura y, desde luego, de proceso de aprendizaje, pero nunca ni de disputa ni enfrentamiento”, ha añadido.

La portavoz adjunta del PP en el Congreso ha calificado el cambio en el proyecto de ley de “auténtico atropello que vulnera los más esenciales principios de derechos y libertades”. Ciudadanos ha defendido “que el español debe ser lengua vehicular en toda España”. Mientras dirigentes de ERC han mostrado su satisfacción por el acuerdo.

Decisión de la justicia

Fuentes de Esquerra y también de Podemos han transmitido que el objetivo de la enmienda es “blindar” el modelo de inmersión, en línea con lo que denuncian los críticos con el acuerdo. Pero no está nada claro que tal blindaje pueda existir, porque quienes han establecido, al margen de lo que establezcan las cambiantes leyes educativas, que el castellano debe ser lengua vehicular en Cataluña para aquellas familias que así lo exijan para sus hijos han sido los jueces del Tribunal Constitucional, que solo están sujetos a la Carta Magna.

A raíz de los pronunciamientos del Constitucional (en 1994 y 2010), el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han fijado en un 25% las horas semanales de clase el tiempo que como mínimo deben ofrecer los centros educativos a los estudiantes cuyos padres lo reclamen. Los magistrados han ido aprobando tales decisiones de forma individualizada, que suman en total unas decenas de casos en la última década.

Es decir, que la obligación de que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña existe al margen de la ley educativa que haya habido en vigor. E independientemente de que la ley educativa la recogiera expresamente en su texto (algo que solo ocurre desde hace siete años, cuando el PP la introdujo en la ley elaborada por el exministro Ignacio Wert). Existen por ello dudas de que el cambio previsto ahora en la Lomloe vaya a cambiar la dinámica judicial al respecto.

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