Juan Carlos I: hechos probados

El inspector de policía Manuel Morocho es capaz de encontrar delitos detrás de una cuenta de resultados, un extracto bancario o una licitación pública. Es licenciado en Económicas y tiene fama de insobornable. Los condenados por el caso Gürtel, una extensa trama de corrupción que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), leían hace años los informes de Morocho como si fueran sentencias inapelables de cárcel. Este policía viajó en mayo de 2009 a Ginebra (Suiza) con la misión de buscar el botín de Gürtel. Una decena de políticos y empresarios españoles, enredados en la trama corrupta, ocultaba más de 100 millones de euros en varios bancos suizos.

El inspector Morocho entró junto a su comisario jefe en las oficinas de Rhône Gestión, situadas en un imponente edificio a orillas de la embocadura del río Ródano. El dueño de esa sociedad, Arturo Gianfranco Fasana, detenido unos días antes en el aeropuerto de Barajas (Madrid), confesó al juez que se ganaba la vida gestionando fortunas españolas, entre otras, la del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa.

Aquel día de mayo de 2009, Morocho registró la fortaleza de los secretos financieros sin saber lo que encontraría. Llevaba un mandato judicial, pero estaba marcado con líneas rojas de la fiscalía suiza: Fasana sólo estaba obligado a entregar información relacionada con los investigados.

Y así se hizo. El material requisado se incorporó, censurado, al sumario: los listados de millonarios españoles con dinero oculto en Suiza, que Fasana agrupó en una cuenta denominada “Soleado”, se llenaron de tachones. Decenas de nombres —supuestos defraudadores fiscales— fueron borrados porque no tenían relación con la trama investigada.

Uno de los empresarios cuyo nombre no fue eliminado de aquella documentación acudió al diario EL PAÍS en 2011 para desmentir las acusaciones que le vinculaban con pagos millonarios a Correa por un negocio inmobiliario. El empresario admitió en el despacho del director del periódico que entre los clientes de Fasana en Suiza estaba él mismo, pero también “media aristocracia española y el rey Juan Carlos”. No aportó datos ni pruebas para acreditar lo que decía sobre el emérito.

Ocho años después de aquel episodio, el fiscal ginebrino Yves Bertossa registró las oficinas de Fasana a orillas del río Ródano y encontró la documentación de los manejos financieros presuntamente irregulares de Juan Carlos I entre 2008 y 2018. Fasana era, también, el gestor de la fortuna oculta del rey de España.

La grabación clave que destapó el escándalo. Esa investigación de Bertossa se cerró el pasado lunes sin culpables después de tres años de registros, interrogatorios y comisiones rogatorias que no lograron acreditar un delito de blanqueo de capitales por el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del AVE a la Meca.

La causa se había iniciado en el verano de 2018 a raíz de conocerse las grabaciones de una reunión celebrada tres años antes en Londres entre el comisario José Manuel Villarejo y Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I. En ese encuentro, la mujer habló de la fortuna que el rey emérito ocultaba en el extranjero, aunque en realidad ese dinero había pasado ya a sus manos, y dio algunos nombres de posibles testaferros. El fiscal ginebrino tiró de aquel hilo y localizó documentación suficiente para probar los ingresos multimillonarios que se ocultaron a las autoridades españolas y por los que no se pagaron impuestos.

El rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, donó 100 millones de dólares en agosto de 2008 al rey de España Juan Carlos I y éste depositó aquella fortuna en el banco Mirabaud de Suiza a nombre de la fundación Lucum, registrada en Panamá. En abril de 2010, Fasana ingresó en esa cuenta un nuevo regalo al emérito procedente del sultán de Bahréin, Hamad bin Isa Al Jalifa: 1.895.250 dólares.

Sospechas de la Agencia Tributaria sobre evasores fiscales. La Agencia Tributaria de España empezaba a denunciar por aquellos años actividades fraudulentas de evasores fiscales consistentes en la creación de sociedades pantalla en paraísos fiscales “para ocultar aún más la verdadera identidad del titular de los fondos y así evitar la aplicación de la directiva europea del ahorro de 2005″.

Esa normativa pretendía combatir el blanqueo de capitales y señalaba en su artículo 6: “Los Estados miembros prohibirán a sus entidades de crédito y financieras mantener cuentas anónimas [...] Los Estados miembros exigirán, sin excepciones de ningún tipo, que los titulares y beneficiarios de cuentas anónimas o libretas de ahorro anónimas queden sujetos cuanto antes a las medidas de diligencia debida con respecto al cliente y, en cualquier caso, antes de que se haga uso alguno de dichas cuentas o libretas de ahorro”. Pero si el dinero se ponía a nombre de una fundación registrada en Panamá, identificar al dueño volvía a resultar casi imposible.

Los impuestos nunca pagados por las donaciones recibidas. Juan Carlos I nunca declaró esas donaciones a la Agencia Tributaria de España. De haberlo hecho, según los cálculos facilitados a este diario por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), debería haber pagado 51.821.608 euros por el impuesto de donaciones correspondiente al regalo del rey de Arabia Saudí. Si a esta cantidad se le añade la resultante de la donación efectuada por el sultán de Bahréin, los impuestos impagados del rey emérito superarían los 53 millones de euros.

Aunque parezcan tarifas excesivas (el 80% de lo recibido) se corresponden con la aplicación de la legislación fiscal vigente en la Comunidad de Madrid en agosto de 2008. Además de gravar más la donación por tener su origen en personas sin parentesco con Juan Carlos I, el impuesto introduce otro factor multiplicador que lo encarece en función del patrimonio preexistente de quien recibe el regalo del dinero.

“Donación irrevocable” a la examante. El rey Juan Carlos, apremiado por el banco Mirabaud que le guardaba su fortuna y temía que se descubriera la anomalía, se desprendió del dinero en 2012 mediante el traspaso de todos los fondos — “donación irrevocable”, según explicaría muchos años después— a una cuenta de Corinna Larsen en el Banco Gonet de Bahamas.

Larsen sostiene en la demanda que interpuso en el Tribunal Superior de Justicia británico, todavía pendiente de resolución, que Juan Carlos I quiso reanudar en 2012 su relación sentimental con ella, rota tres años antes, y le propuso matrimonio en varias ocasiones, hasta que en 2014 le reclamó el dinero que le había regalado antes. Ella se negó a devolverlo porque, según su versión, eso le podía acarrear consecuencias penales si alguien concluía que había actuado de simple testaferro del Monarca.

El riesgo de perder la inviolabilidad. Juan Carlos I abdicó el 2 de junio de 2014 y perdió el 19 de junio —cuando se hizo efectiva la renuncia— el escudo legal que el artículo 56 de la Constitución concede a los monarcas en ejercicio: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

El emérito siguió viajando en jets privados por el mundo, en vuelos caros que no se pagaba de su bolsillo, porque no podía, sino que eran sufragados por la Fundación Zagatka de su primo lejano Álvaro de Orleans.

La sospecha de que los fondos millonarios de esa Fundación pertenecen en realidad a Juan Carlos I nunca se ha podido probar y Álvaro de Orleans lo ha negado ante el propio fiscal.

Los 198.000 euros que el rey emérito tenía como asignación anual en los presupuestos de la Casa Real se le quedaron escasos para mantener su nivel de vida. También recurrió a su amigo Allen Sanginés-Krause, el empresario mexicano que admitió en septiembre de 2020 a los fiscales anticorrupción de España que había regalado cerca de un millón de euros a Juan Carlos I entre 2016 y 2018.

Al igual que había hecho cuando todavía era inviolable con las donaciones del rey de Arabia Saudí y el sultán de Bahréin, tampoco declaró estos regalos al fisco español, según reconoció él mismo al presentar ante la Agencia Tributaria sendas regularizaciones en diciembre de 2020 (678.393 euros por los regalos de Sanginés-Krause) y en febrero de 2021 (4.395.901 euros por los vuelos que le pagó la fundación Zagatka de Álvaro de Orleans).

Juan Carlos I saldó sus deudas con Hacienda cuando ya conocía que la Fiscalía del Supremo le investigaba y cuando había podido leer en la prensa algunos pormenores de esas pesquisas. Para que una regularización fiscal sea válida tiene que ser espontánea, según la ley.

El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) sostiene que la regularización de Juan Carlos I es incorrecta, pues se hizo a sabiendas de que la investigación abierta podría concluir con una querella de la fiscalía por delito fiscal. La cantidad que habría defraudado el rey emérito superaba los 120.000 euros en cada ejercicio. Sin embargo, la Fiscalía del Supremo sostiene que las notificaciones hechas al abogado de Juan Carlos I eran genéricas, no detallaban las causas de la investigación abierta y, por tanto, entienden que la regularización es correcta y evita la imputación.

Suiza remitió el pasado miércoles los últimos datos sobre movimientos en las cuentas de la Fundación Zagatka en los años 2014 y 2015. La Fiscalía ha pedido ahora a los peritos de la Oficina Nacional de Investigación al Fraude (ONIF) que informen sobre la nueva documentación. Fuentes conocedoras de esta causa señalan que no esperan sorpresas en la información remitida desde Suiza y mantienen la idea de archivar en las próximas semanas la investigación abierta por estas rentas no declaradas en su día pero regularizadas después por Juan Carlos I.

Un escondite fiscal en las islas del Canal. En octubre de 2020, un sospechoso movimiento de dinero desde Jersey a España alertó a las autoridades del Servicio de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que comunicaron la existencia de un trust (fideocomiso) registrado en las islas del Canal —paraíso fiscal— a principios de los noventa, entre cuyos titulares aparecía el nombre de Juan Carlos I. El trust fue creado con una cantidad importante de dinero —superior a los 10 millones de euros— por Manuel Prado y Colón de Carvajal. Ese instrumento financiero mantenía todavía en 2020 unas reservas cuantiosas de dinero, según fuentes conocedoras de la investigación.

Colón de Carvajal, fallecido en 2009 y amigo del rey Juan Carlos, fue condenado en 2004 y 2006 a dos años y un año de prisión, respectivamente, —sólo pasó dos meses en la cárcel— por apropiación indebida en relación con el caso Kio. El grupo Torras-Kio desvió 12 millones de euros a una cuenta en Suiza abierta a nombre de Prado y Colón de Carvajal. La primera sentencia detallaba cómo el empresario Javier de la Rosa aprovechó los cambios que se desencadenaron como consecuencia de la invasión de Kuwait por Irak en 1990 para desviar fondos multimillonarios de Torras, propiedad de KIO, sacándolos al extranjero para ingresarlos en una cuenta de Prado y Colón de Carvajal “quien aceptó recibirlos para después darles un destino que no se conoce”.

Ingente documentación remitida por las autoridades británicas está siendo analizada desde hace meses por el equipo de fiscales del Tribunal Supremo, que investiga si Juan Carlos I está detrás de los últimos movimientos de dinero detectados en el trust creado por Colón de Carvajal a principios de los noventa. La documentación remitida acredita la presencia del rey emérito durante los primeros años de vida de la sociedad registrada en Jersey, según la investigación, pero esa pista se pierde hace ya muchos años.

Los fiscales han investigado a la persona que se quedó al frente de esa sociedad cuando murió Prado y Colón de Carvajal por si puede aportar información sobre el dinero ingresado en España en 2020 e identificar a su destinatario real. Se trata de Joaquín Romero-Maura, a quien los fiscales intentaron interrogar en la residencia geriátrica donde reside. Pero la gestión fue infructuosa debido a la situación en la que se encuentra el supuesto testaferro de Prado y Colón de Carvajal, según fuentes de la investigación.

Juan Carlos I ha desmentido a través de su entorno cualquier vínculo con ese trust de Jersey desde que se conoció la investigación de la Fiscalía, la tercera que se abría contra el rey emérito. Esta causa sigue viva tras aprobarse a principios de diciembre una prórroga de seis meses para que los expertos puedan analizar toda la documentación remitida desde Suiza, aunque es muy probable que no lleguen a agotar el plazo.

Tres años después de que jueces y fiscales comenzarán a desentrañar los secretos financieros de Juan Carlos I, los procesos abiertos han destapado múltiples irregularidades en la actuación de quien fue rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 18 de junio de 2014. La inviolabilidad, que le protegía de ser juzgado por sus actos durante ese periodo, la prescripción de los delitos y las dos regularizaciones extraordinarias que hizo después de su abdicación le han salvado de una imputación segura por fraude fiscal multimillonario.