Las entidades en defensa de las lenguas cooficiales exigen una ley audiovisual más ambiciosa

Casi a la misma hora a la que se ha anunciado que el Gobierno y ERC han pactado la ley audiovisual para desbloquear los Presupuestos, representantes de las principales entidades en defensa de las lenguas cooficiales se reunían con diputados de formaciones nacionalistas e independentistas. El objetivo era transmitirles a esas fuerzas que vayan más allá de la exigencia a las plataformas audiovisuales internacionales tienen que tener un 6% de su contenido producido en catalán, euskera o gallego.

Las reivindicaciones que las asociaciones han puesto sobre la mesa se incluyen en un documento que exige que la mitad de ese 6% sean obras audiovisuales producidas en el último año. Además, las entidades en defensa del catalán, euskera y gallego piden que las plataformas tengan todas las películas, series o programas con una versión doblada en las distintas lenguas cooficiales, que la interfaz de sus páginas web incluya estas lenguas y que se pueda fijar por defecto, que RTVE cuente también con todos sus contenidos doblados, una financiación anticipada para la producción en lenguas cooficiales y que la ley incluya un régimen sancionador claro para cuando se incumplan estas normas. Y estas otras reivindicaciones —presentadas por las asociaciones a EH Bildu, BNG, Compromís, CUP, ECP, ERC, Junts, PDeCAT, PNV y Más Por Mallorca— se aplican tanto para las plataformas audiovisuales radicadas en el estado español como en el extranjero (Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney+).

Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, presente en el acto, no ha querido anticiparse a entrar en el fondo del acuerdo de Presupuestos alcanzado por el Ejecutivo y Esquerra, de momento, pero sí ha dejado clara su postura frente a la ley que salga del Congreso: “Sería muy negligente basarnos en una información no contrastada. Insistimos en la importancia de un régimen sancionador y en ese 6%. Las cuotas han de imponerse sobre los intereses empresariales”, ha añadido.

Como Cuixart, ningún otro representantes de las otras asociaciones en defensa de las lenguas cooficiales que este martes se han desplazado hasta Madrid (Kontseilua, Mesa Pola Normalización, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear y Plataforma per la Llengua) ha querido valorar el pacto que blinda las Cuentas públicas de este 2022, pero todos han dejado entrever, en referencia al documento conjunto que han presentado, que lo acordado por el Gobierno y ERC dista mucho de una ley audiovisual que defienda “los derechos lingüísticos” de todos los ciudadanos.

“La reunión ha sido clave. Y una de las conclusiones es que la ley no nos satisface e invisibiliza a parte de la ciudadanía”, ha afirmado Paul Bilbao, presidente de Konstseilua. Las entidades coinciden en que “tal como está redactada” la ley audiovisual ahora mismo —incluso antes de descartar la cuota del 6% de obra producida en lengua cooficial las plataformas internacionales—, tendrá “muy poco impacto en el avance hacia la igualdad”.

Los representantes de las entidades han dejado claro que llevarán sus exigencias hasta el final, y que recurrirán a movilizaciones si no son escuchadas. “Estamos en Madrid porque la importancia lo requiere”, ha añadido Cuixart. “Convencidos de que las reivindicaciones tienen que ser incluidas, tenemos múltiples experiencias de movilización”, ha reiterado el presidente de Òmnium sobre la posibilidad de celebrar concentraciones, no solo en sus comunidades autónomas, sino también en Madrid.

El diputado de ERC Joan Maragall ha asistido a la reunión con los actores culturales apenas unas horas antes de que su partido emitiese un comunicado en el que desarrollan el pacto alcanzado con el Gobierno. “La foto de hoy en la mañana [de la reunión con los representantes políticos] podría valer para la garantía de los derechos lingüísticos y de nuestras lenguas”, ha reiterado el presidente de Konstseilua.

Bilbao ha explicado que en la reunión se ha respirado “unidad y consenso” en aras de alcanzar sus pretensiones, pero todas las entidades han insistido en la necesidad de persistir en las negociaciones porque “aún queda mucho tiempo” para que la ley llegue a término y que harán lo que esté en su mano para que sus reclamaciones sean incluidas. “Cuando se nos impide ver en nuestra televisión nuestra lengua, se nos está coartando la libertad”, ha sentenciado Marcos Maceira, presidente de Mesa Pola Normalización, de defensa del gallego.