El Gobierno y ERC pactan un mínimo de 15 millones de euros de producción anual en lenguas cooficiales y desbloquean los Presupuestos
Los republicanos retiran las enmiendas en el Senado para aprobar las cuentas el próximo 21 de diciembre sin volver al Congreso
El Gobierno y ERC han pactado finalmente la ley audiovisual, lo que permite desbloquear la aprobación de los Presupuestos del Estado para 2022. Según ERC, el acuerdo implica que la norma que salió del Consejo de Ministros se modifique para garantizar una producción mínima anual de contenido en catalán, vasco y gallego, pagada por las plataformas que emitan en todo el Estado, independientemente de dónde tengan la sede. Eso implica un cambio en cómo se había abordado la negociación entre las partes. Inicialmente, las conversaciones estaban centradas en la obligación de que los catálogos de las plataformas tuvieran un porcentaje mínimo de contenidos en lenguas cooficiales. Ahora se ha optado por el camino de recabar fondos para nueva producción a través de la llamada “obligación de financiación anticipada” que ya prevé el anteproyecto del Gobierno y afectaba antes a las televisiones públicas tradicionales. Ahora, se traslada también a empresas como Netflix o HBOMax. ERC calcula que serían unos 15 millones de euros para series y películas en otras lenguas del Estado aparte del castellano.
La obligación de producción anticipada, fijada en la normativa comunitaria, hace que las plataformas con ingresos de más de 10 millones de euros por sus emisiones en España tengan que abonar un 5% de ese dinero para contenido europeo. Esto puede hacerse mediante la participación directa en la producción de obras; la adquisición de los derechos de explotación o la contribución directa al Fondo de Protección a la Cinematografía del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Y de ese 5%, el 70% se tiene que dedicar a “producciones independientes”. Ahí es donde ERC ha logrado que se asegure la cuota mínima de 15 millones de euros para la producción en lenguas cooficiales, que representarían el 15% de ese 70%.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha comparecido para ratificar que “la estimación” de 15 millones de euros efectivamente procederá de los beneficios que esas empresas obtengan a su vez de los productos que las directivas europeas ya les obligan ahora a realizar en esas lenguas.
Pero esa no será la única fuente de financiación para más producción. A cambio de asegurar la aprobación definitiva de las cuentas públicas para el próximo año y dar estabilidad al Ejecutivo de coalición (en la práctica hasta el final de la legislatura), ERC también ha conseguido sumar 10,5 millones de euros para el Fondo de Protección Cinematográfico que vayan a “la creación de contenidos audiovisuales en lenguas cooficiales diferentes del castellano”, señala el texto emitido por la formación republicana. Ese fondo ya existe y depende del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, que es el que permite parte de las subvenciones al cine.
ERC ha fracasado en su intento de obligar a todas las plataformas a usar los doblajes y las subtitulaciones que ya había hecho, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña. Solo el año pasado, el Departamento de Cultura permitió mediante subvenciones el doblaje de más 1.700 contenidos entre series y película que podrían utilizarse en todas las plataformas (Diseny+ ya usa algunas, por ejemplo). El Gobierno cree que es imposible esa exigencia y, por tanto, dicen los republicanos, se ha logrado la solución intermedia de corresponsabilizar al Ejecutivo en la factura del doblaje a otras lenguas cooficiales. Gómez ha puntualizado que la cuantía de ese fondo se negociarán ahora en el trámite parlamentario cuando la ley audiovisual comience su camino en el Congreso. La Generalitat destinó el año pasado 3 millones de euros para doblajes.
El acuerdo deja atrás la intención de obligar a las grandes plataformas multinacionales a tener un 6% de su catálogo en estos idiomas, algo que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, veía inviable, para centralizarse en las obligaciones de la producción. Los republicanos ahora retirarán, según han avanzado fuentes del partido a EL PAÍS, las 17 enmiendas parciales que habían registrado en el Senado a las cuentas públicas.
La decisión se ha conocido minutos antes del inicio de la comisión de Presupuestos en la Cámara alta este miércoles. ERC registró el pasado jueves, al límite del plazo, esas 17 enmiendas en un movimiento táctico para recordar su capacidad de presión y forzar la modificación de la ley audiovisual. Con la retirada de estas enmiendas de ERC, ya es prácticamente seguro que los Presupuestos se aprobarán sin modificaciones definitivamente en el Senado el próximo martes, día 21, sin que tengan que regresar al Congreso, como quería el Ejecutivo.
Sobre la ley audiovisual, ERC ha precisado lo que considera algunos de sus logros en esa negociación. “El 6% del catálogo mundial será en catalán. Se añaden cuotas del catalán allí donde hasta ahora solo había cuotas de castellano. Si la política de ley es atraer plataformas al Estado, cuando vengan tendrán que cumplir cuotas. Plataformas como Movistar o Atresmedia tendrán que garantizar que un 6% de su catálogo sea en catalán”, remata el texto de los republicanos.
Las cuentas públicas de 2022 no peligraban después de que la semana pasada superase la presentación de los vetos -equivalentes a las enmiendas a la totalidad- en el Senado. Pero el Gobierno se ha volcado a fondo para evitar que Esquerra forzase la aprobación de alguna enmienda de contenido transversal como la que había vuelto a registrar solicitando un fondo covid de 13.000 millones para las comunidades autónomas, que ya había sido tumbada en el Congreso.
Salvado este escollo, el Gobierno volverá a sacar adelante los Presupuestos por segundo año consecutivo sin añadir ninguna de las 3.952 enmiendas presentadas en el Senado. Como ya sucedió el ejercicio pasado, ERC, PNV y EH Bildu no registraron ninguna enmienda parcial. Aunque ya tiene asegurada la votación, el Gobierno mantiene las negociaciones con el resto de sus socios para conseguir que retiren sus enmiendas antes del pleno del próximo martes. Teruel Existe y Compromís las mantendrán mientras que otros partidos como el Partido Aragonés Regionalista no lo harán.
