La enseñanza en castellano se atasca en los tribunales

Expertos discrepan del efecto de la ‘ley Celaá’ en el fallo que impone un 25% de español en las escuelas catalanas

Entrada de la escuela Turo del Drac, obligada a dar más horas lectivas en lengua castellana en un aula como medida cautelar por el TSJC tras la petición de una familia.
Entrada de la escuela Turo del Drac, obligada a dar más horas lectivas en lengua castellana en un aula como medida cautelar por el TSJC tras la petición de una familia.Albert Garcia (EL PAÍS)

El conflicto jurídico por el sistema de inmersión lingüística en los centros educativos catalanes va camino de eternizarse en los tribunales. El Tribunal Supremo convirtió en firme hace dos semanas la sentencia dictada hace un año por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que venía a zanjar el debate al instar a la Generalitat a impartir en castellano un mínimo del 25% de las clases. El problema es que aquel fallo se basaba en parte en una disposición adicional de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la llamada ley Wert, que establecía que el castellano es “lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado”, pero esa referencia fue derogada en la nueva ley de educación (la conocida como ley Celaá).

La Generalitat alega este cambio de ley educativa para negarse a cumplir la sentencia ahora ratificada por el Supremo, que deriva de un recurso presentado por el Gobierno central en tiempos de Mariano Rajoy. El actual Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha sido ambiguo sobre si va a exigir a Cataluña que al menos el 25% de las clases se impartan en castellano y, en una entrevista en El Mundo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, advirtió también este martes de la necesidad de estudiar cómo afecta el cambio en la ley de Educación. “No está claro que haya que cumplir con el 25 por ciento de castellano en las escuelas porque ahora está vigente otra ley distinta a la que regía cuando se denunciaron los hechos”, señaló. El tribunal superior catalán, sin embargo, considera que nada cambia con la ley Celaá.

La “obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de la Constitución, de ahí que la modificación operada [por la reforma educativa] no afecta al estatus del castellano como lengua vehicular”, advirtieron los jueces autonómicos en dos sentencias de marzo pasado en las que anularon los proyectos educativos de dos colegios que solo enseñaban en catalán. Juristas consultados, no obstante, admiten que la situación no es clara y que las dudas tendrán que resolverse de nuevo en los tribunales.

La Generalitat, “inflexible”

“El origen de todo es que la Generalitat se ha negado a ser flexible y ha impuesto que la enseñanza sea exclusivamente en catalán, incumpliendo las sentencias del TSJC que le obligaban a ofertar enseñanza en castellano. Y la reacción de los jueces a ese incumplimiento ha sido en mi opinión inadecuada: hacer de legislador y a obligar a impartir un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano”, explica Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

Este jurista considera que la reforma educativa no altera la jurisprudencia porque el Constitucional ya dejó dicho en la sentencia sobre el Estatut, en 2010, que el castellano era lengua vehicular. En el mismo sentido se expresa el también catedrático de Constitucional Lorenzo Cotino: “Desde 2010 estaba la obligación de ofrecer en enseñanza en castellano. El PP intentó poner más garantías ante el incumplimiento de la Generalitat. Lo que no está ahora en la ley son estas garantías, pero la obligación no ha desaparecido y el TSJC y el Supremo lo acaban de recordar”, señala.

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Antoni Bayona, el que fuera letrado mayor del Parlament durante el desafío independentista de 2017, discrepa de estas interpretaciones y asegura que el cambio de ley sí deja en el aire la obligatoriedad de cumplir la sentencia del tribunal catalán que fija el mínimo del 25% de enseñanza en castellano. Esa decisión judicial, advierte Bayona, se apoyaba en que la ley Wert establecía que el castellano debía garantizarse “en una proporción razonable”, un precepto que dio pie a que, ante la inacción de la Generalitat, el TSJC concretase ese porcentaje mínimo. “Creo que la sentencia de ahora ya no es aplicable en sus términos, ha quedado superada por la nueva ley porque el precepto en el que se basó ha cambiado”, sostiene Bayona, que considera que la nueva norma da “mucho más margen de acción” al Govern.

Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, considera también que la ley Celaá, cuando menos, ha añadido “confusión” a un conflicto que el TSJ había dejado resuelto. “La ley Wert concretaba el mecanismo y el TSJ ató los cabos que quedaban, pero la ley actual elimina ese mecanismo. La obligación del Gobierno que impulsa ese cambio debería ser sustituir lo que se quita, pero no se ha hecho”, lamenta el jurista.

En cualquier caso, en algo sí coinciden todos los juristas consultados: la Generalitat tiene que garantizar que el castellano también sea lengua vehicular en la enseñanza. Y si el Govern, como ha anunciado, no lo cumple, el conflicto se alargará en los tribunales. “El problema es que la carga de ir a la justicia muy pocas familias están dispuestas a jugarla porque es una exposición pública difícil de soportar”, señala López Basaguren, que llama la atención sobre otro elemento jurídico que hasta ahora ha quedado al margen: la Carta Europea de Lenguas Minoritarias o Regionales, suscrita por España, obliga a España a ofrecer enseñanza exclusiva en catalán a quien lo demande. Este acuerdo “entra en conflicto” con las sentencias que imponen un porcentaje mínimo de castellano, advierte el jurista, pero tampoco sería correcto interpretar que el documento puede servir a la Generalitat para imponer el catalán como lengua única de enseñanza. “La carta europea exige que se le ofrezca solo al que lo desee, no que se imponga a todos”, recuerda.


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Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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