El fiscal suizo investiga si Arabia Saudí malversó fondos públicos en la donación de 65 millones al rey emérito

El fiscal suizo Yves Bertossa, que investiga el presunto pago de una comisión por las obras del AVE a La Meca construido por un consorcio de empresas españolas, ha solicitado un informe al Instituto Suizo de Derecho Comparado para determinar si hubo un abuso en el uso de fondos públicos por parte del Gobierno de Arabia Saudí en la “donación” de 100 millones de dólares (65 millones de euros) en 2008 desde el Ministerio de Finanzas de ese país a una cuenta en Ginebra de Juan Carlos I, según señalaron a EL PAÍS fuentes del caso.

El instituto, organismo autónomo de la Confederación Suiza adscrito al Departamento Federal de Justicia y Policía, es un prestigioso centro de consulta jurídica y derecho extranjero internacional con sede en Lausana (Suiza) al que acuden jueces y fiscales en ese país para conocer el marco legal en el que se mueven los delitos transnacionales que investigan. Según el fiscal, las empresas adjudicatarias españolas otorgaron una rebaja del 30% en su oferta.­­­­­­­­­­­­­­

El fiscal jefe de Ginebra quiere saber como contempla la legislación saudí los delitos de soborno y si el Ministerio de Finanzas de ese país tenía derecho a emitir la transferencia de 100 millones de dólares que hizo, el 8 de agosto de 2008, a la cuenta de la fundación panameña Lucum en el banco Mirabaud & Cie. También, quiere aclarar de qué manera ese ministerio debería justificar esa donación.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ El primer beneficiario de la cuenta suiza era el entonces Jefe del Estado español.

Los abogados de Arturo Fasana, el gestor externo de la cuenta suiza del rey emérito, de Dante Canónica, el director de la fundación Lucum, y de Corinna Larsen, examiga de Juan Carlos I, todos ellos investigados en Suiza por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales, han solicitado, también, informes similares a distintos organismos especializados en la legislación de Arabia Saudí, según señalan fuentes de la investigación. Sus defensas sostienen que el pago de los 100 millones se trató de una donación del rey Abdalá Bin Abdelaziz, ya fallecido, a Juan Carlos I.

En una de las últimas vistas judiciales celebradas por Bertossa con los investigados, el fiscal les manifestó que estudiaba el envío de una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a Arabia Saudí para preguntar por los detalles del pago de estos 100 millones de dólares, según asegura una fuente conocedora del proceso. Hasta ahora no hay constancia de que el fiscal haya dado ese paso. Los países árabes no responden a esta clase de peticiones de los jueces europeos, según señalan fuentes judiciales suizas y españolas. Sobre la posibilidad de indagar en la donación saudí, estas fuentes le auguran un corto recorrido.

Al Jubeir, exministro de Asuntos Exteriores, exconsejero del rey Abdalá Bin Abdelaziz y una de las figuras más mediáticas del Gobierno saudí, fue la persona que supuestamente avaló la donación a Juan Carlos I, según reveló hace un año este diario. Arturo Fasana, el gestor de la cuenta del rey emérito, declaró a Bertossa que se reunió con el diplomático saudí en dos ocasiones, en Washington (EE UU), donde este era entonces embajador, y en el aeropuerto de Basilea (Suiza). Según su versión Al Jubeir le comunicó que los 100 millones “no era el pago por ninguno servicio. Es un regalo para su hermano”.

Salvo la transferencia al banco Mirabaud & en Cie, no hay un solo documento del Gobierno saudí en el que se explique la causa de la supuesta donación. En el documento know your client (”conoce a tu cliente”, en inglés), formulario del banco que rellenó Fasana como gestor de la cuenta, este lo argumentó como “donación gratuita”. La entidad bancaria no pidió más explicaciones. Solo seis de los socios del banco conocían que el beneficiario de la cuenta de Lucum era el jefe del Estado español. El contrato se guardaba en una caja fuerte.

Cuando están a punto de cumplirse tres años desde el inicio de su investigación, Bertossa viajará en los próximos días a Madrid para mantener un encuentro con el fiscal del Tribunal Supremo Ignacio Campos y con Alejandro Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción. El objetivo es intercambiar información de sus respectivas indagaciones.

El viaje del fiscal jefe de Ginebra fue comunicado por el propio Bertossa a los investigados durante la última vista celebrada recientemente en esa ciudad. La ley suiza obliga a los fiscales a comunicar a las partes de un proceso cualquier desplazamiento relacionado con sus pesquisas. El pasado 14 de mayo Bertossa envió a la Fiscalía del Tribunal Supremo los movimientos de las cuentas de la Fundación Zagatka de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, en dos bancos suizos. Esta fundación pagó más de ocho millones de euros en vuelos privados a Juan Carlos I. Los fiscales españoles quieren comprobar que las cuentas de Zagatka coinciden con la última regularización fiscal de Juan Carlos I en la que abonó 4,4 millones por estos pagos en especie.

En España, la Fiscalía del alto tribunal tramita desde hace meses unas diligencias de investigación penal sobre presunto cobro de comisiones del rey emérito e indicio de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias. Este sería el segundo encuentro del fiscal ginebrino con sus colegas españoles. El primero tuvo lugar en octubre de 2019 para reunirse con los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción.