El gestor del rey emérito afirma que este le entregó en Ginebra 1,7 millones recibidos del sultán de Bahréin

Juan Carlos I entregó en Ginebra, en 2010, 1,9 millones de dólares (1,7 millones de euros) que había recibido como donación del rey de Bahréin al gestor de su cuenta suiza en la banca Maribaud, el abogado Arturo Fasana, según la declaración de este al fiscal jefe del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La justicia helvética investiga los movimientos de la fundación panameña Lucum en la que el Rey emérito era primer beneficiario.

La comisión rogatoria enviada por Bertossa al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón donde se informa de la donación de Arabia Saudí de 100 millones de dólares (65 millones de euros al cambio de entonces) a una cuenta suiza del Rey emérito explica que en ese depósito bancario de Juan Carlos I se ingresó también el 7 de abril de 2010 la cantidad de 1.895,250 dólares (1,7 millones de euros) supuestamente transferidos por el rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa. La cuenta estaba a nombre de la fundación panameña Lucum.

Bahréin, cuya capital es Manama, es un diminuto país de 712 kilómetros cuadrados y alrededor de 1,2 millones de habitantes cuya renta per cápita duplica a la española. Está formado por una isla principal y otras menores en el golfo del mismo nombre entre Arabia Saudí y Qatar. El rey emérito visitó el país en 2014 junto a tres ministros del Gobierno español y una delegación de 15 empresarios durante una gira por los seis países del llamado Consejo de Cooperación del Golfo. El objetivo era la búsqueda de inversiones y contratos para España. En abril de 2016, Juan Carlos I asistió al Gran Premio de Fórmula 1 Gulf Air Bahréin y mantuvo un encuentro con el rey Hamad bin Isa al Jalifa.

El fiscal suizo tomó declaración como investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales al abogado y gestor financiero Arturo Fasana en octubre de 2018 y le preguntó sobre el origen de este dinero. ¿Cuáles son las razones por las cuales Juan Carlos I recibió 1,9 millones de dólares el 7 de abril de 2010 del rey de Bahréin, dinero que se abonó en la cuenta de Lucum en el banco Mirabaud?, preguntó Bertossa. Y el gestor respondió así: “Juan Carlos I es una persona apreciada en los países del Golfo. Volvía de Abu Dabi y vino a mi casa a Ginebra. Quería almorzar conmigo. Me dijo que había recibido 1,9 millones del rey de Bahréin, que le había ofrecido este dinero. Escribí un informe de visitas [trámite bancario para justificar un ingreso del cliente] y pedí al banco si podía entregar el dinero. Me dijeron que sí”. Fasana explicó en su declaración judicial que el rey emérito acudió a su domicilio particular con una maleta que supuestamente contenía el dinero.

Bertossa ha interrogado también sobre el origen de esta cantidad a uno de los directivos de la banca privada Mirabaud y su respuesta textual fue: “No sé por qué razón”. Javier Sánchez-Junco, abogado de Juan Carlos I, ha declinado dar su versión sobre estos hechos.

En el marco de esta investigación hace varias semanas se tomó declaración a Yves de Mirabaud, presidente del banco en aquellas fechas, quien explicó que Fasana tenía una estrecha relación de confianza con la entidad, por lo que su departamento de compliance (cumplimiento de normas éticas) aceptó los ingresos millonarios que se hicieron en la cuenta. Además de Fasana, del también abogado Dante Canónica y de Corina Larsen, antigua amiga de Juan Carlos I, el banco figura como investigado en la causa suiza.

El gestor de la cuenta del Rey emérito explicó también al fiscal el origen del ingreso de 100 millones de dólares que recibió, el 8 de agosto de 2008, el entonces jefe del Estado español de la casa real de Arabia Saudí y lo atribuyó a una donación. 65 millones de euros de ese mismo depósito se transfirieron posteriormente a otra cuenta de Corinna Larsen.

Bertossa investiga un presunto delito de blanqueo agravado de capitales por un supuesto pago de comisiones relacionadas con la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE entre las ciudades santas saudíes de Medina y La Meca. Todos los investigados niegan haber cobrado tales comisiones.

Obsequios vetados para la Familia Real

En diciembre de 2014, Felipe VI reguló por vez primera los regalos que pueden recibir los miembros de la familia real. El Rey, que apenas llevaba seis meses en el trono, dictó que los miembros de su familia (su esposa, sus padres y sus dos hijas, además de él mismo) no podrían aceptar en adelante “regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”. Tampoco aquellos “que, por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas”. Del mismo modo, no podrían aceptar “préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero”. En este último caso, deberían devolverlo o donarlo a “una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general”.

Esta norma, que entró en vigor el 1 de enero de 2015, formaba parte de un conjunto de medidas con las que Felipe VI quería poner en práctica su promesa de encarnar una “monarquía renovada […] íntegra, honesta y transparente”. Se trataba de adaptar a la Jefatura del Estado los principios de la ley de transparencia y buen gobierno, de diciembre de 2013, de la que estaba expresamente excluida. Al igual que el Código de Conducta de los miembros de la Casa del Rey, también promulgado entonces, era una normativa de carácter interno, basada en el artículo 65 de la Constitución, que otorga al Jefe del Estado la potestad de “distribuir libremente” el presupuesto de su casa y nombrar y cesar a su personal. Desde entonces, se publica anualmente, y se puede consultar en su página web, la lista de regalos institucionales (no personales) que recibe la familia real y se incorporan al Patrimonio Nacional: 326 en 2015; 378 en 2016; 429 en 2017; y 440 en 2018. Nada se sabe de los anteriores a 2015. / MIGUEL GONZÁLEZ