Así se destapó la cuenta suiza oculta del rey emérito
Las pruebas obtenidas por un fiscal de Ginebra son la clave de la investigación en el Tribunal Supremo
“Querido Álvaro, salgo antes de una hora para Nueva York y con este vuelo me doy cuenta de que sin darme cuenta me has invitado a muchos más vuelos de los que yo pensaba haber realizado (me habrías podido avisar); siempre nuestra familia ha estado unida desde siglos y yo no puedo olvidar situaciones históricas donde la ayuda fue decisiva, no tengo más que palabras de agradecimiento a tan prolongado gesto.
Bueno, hablando de familia, ¿cómo está la tuya y mi ahijada a la que quiero tanto? Esperando verte pronto. Recibe un fuerte abrazo de tu primo que te quiere y admira. Juanito”.
El 16 de septiembre de 2018, Juan Carlos I envió esta carta manuscrita a Álvaro de Orleans, de 73 años, un primo lejano con el que mantiene una estrecha amistad. La fundación Zagatka, propiedad de Orleans, creada en Liechtenstein y con cuenta en el Credit Suisse, había pagado más de tres millones de euros en decenas de vuelos a Juan Carlos I y a la empresaria y consultora alemana Corinna Larsen en la compañía de jets privados Air Partner.
Dos meses antes de que el rey emérito enviara esta carta se habían hecho públicas las cintas de las conversaciones que el comisario jubilado José Manuel Villarejo mantuvo y grabó con Corinna Larsen en Londres en 2015. En esa grabación Larsen, de 56 años, afirmaba que Orleans pagaba los vuelos privados de Juan Carlos I, le definía como su “testaferro”, acusación que este niega, y acusaba al rey emérito de tener cuentas en Suiza y cobrar comisiones por las obras del AVE a la Meca.
Ese mismo mes de septiembre, Orleans, residente en Mónaco, y otras dos personas a las que señaló Larsen en su conversación con Villarejo estaban ya en el radar de los sabuesos de la Fiscalía del Cantón de Ginebra que dirige Yves Bertossa, hijo del famoso fiscal suizo que persiguió numerosos casos de corrupción.
Registro a orillas el Ródano
Bertossa había bloqueado las cuentas suizas de Álvaro de Orleans, incluida la de la fundación Zagatka, y registrado silenciosamente hasta el último rincón de los despachos en Ginebra del gestor de fondos Arturo Fasana y del abogado Dante Canónica, vinculados ambos a la fundación que pagaba los vuelos privados del anterior jefe del Estado español.
Nadie, salvo los empleados de la gestora de fondos Rhône Gestion, situada en un céntrico edificio pintado de amarillo junto al río Ródano, se enteró del discreto allanamiento de una de las oficinas que esconde más secretos de la ciudad. Ni la secretaria de Fasana, una mujer morena, de pelo corto y perfecto español, ni el resto de los empleados se sorprendieron. El dueño del despacho ya había sido investigado antes por administrar cuentas suizas de Francisco Correa, uno de los implicados en el caso Gürtel, y de la familia Pujol.
Tres de los nombres que Larsen había mencionado en su charla con el comisario jubilado Villarejo estaban ese verano de 2018 bajo la lupa de la Fiscalía suiza que había abierto una causa por blanqueo agravado de capitales tras conocer por la prensa sus acusaciones contra Juan Carlos I.
Carpetazo judicial en Madrid
El 7 de septiembre de 2018, nueve días antes de que el rey emérito escribiera su carta a Orleans, el juez Diego de Egea firmaba un auto en su despacho de la Audiencia Nacional en el que sobreseía provisionalmente la pieza Carol en la que se investigó el contenido de las cintas intervenidas a Villarejo, entonces preso e investigado por numerosos delitos. Dos años después, el actual titular de ese juzgado, Manuel García Castellón, ha reabierto parcialmente la pieza y ha citado en septiembre a Larsen como investigada por un supuesto encargo de esta al comisario jubilado.
El magistrado De Egea y los fiscales Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano coincidieron en que los indicios aportados por Corinna Larsen en esa conversación eran “notoriamente insuficientes” y destacaron que los hechos que se relataban se habían producido antes de la abdicación real, en junio de 2014, por lo que rey emérito gozaba del privilegio de la inviolabilidad.
El juez De Egea razonó que las acusaciones de Larsen no estaban documentadas. Eran palabras, no había un solo papel. Pero la Fiscalía Anticorrupción anunció entonces que iniciaría una investigación sobre las obras del AVE a la Meca, un megacontrato de 6.500 millones ganado por un consorcio de empresas españolas.
Sorpresa en la banca Mirabaud
Pocos días después de que en Madrid se diera carpetazo a la investigación sobre las supuestas cuentas suizas del rey emérito, en el moderno edificio de cristal de la Fiscalía de Ginebra, a solo cinco minutos en tranvía del centro de la ciudad, Yves Bertossa y sus hombres ordenaban los documentos incautados en el registro de la gestora de Fasana. Y preparaban un nuevo y discreto allanamiento, el de las oficinas en Ginebra de la banca privada Mirabaud. Los papeles que faltaban en España estaban en manos de la justicia helvética.
En los ordenadores de Rhône Gestión habían encontrado documentos sobre la fundación panameña Lucum, cuyo primer beneficiario era el rey emérito y el segundo Felipe VI. Y Lucum tenía abierta una cuenta en el banco presidido entonces por Yves Mirabaud, una entidad especializada en la gestión de grandes patrimonios.
Cuando los agentes judiciales pusieron la lupa sobre la cuenta de Lucum se encontraron con unas cifras que no imaginaban, según reconoce uno de los investigadores. El 8 de agosto de 2008, la cuenta había recibido una transferencia de 100 millones de dólares (al cambio de entonces 65 millones de euros) del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. El gestor externo de los fondos y el director de la fundación eran Fasana y Canónica, los mismos que en la fundación Zagatka.
Palabra de Fasana
En el banco, los agentes de Bertossa no encontraron un solo documento que justificase el ingreso de los 65 millones de euros, salvo el Know your client (documento que el banco obliga a rellenar al gestor o propietario de la cuenta), en el que Fasana explicó que se trataba de un regalo (gift) del rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdelaziz a Juan Carlos I y que no respondía a contraprestación alguna. El domicilio de la cuenta Lucum era el palacio de la Zarzuela, en Madrid.
A partir del 10 de octubre, un mes más tarde del archivo de la causa en España, por el despacho de Bertossa pasaron a declarar el primo lejano del rey emérito, que compareció en calidad de testigo asistido, Larsen, Fasana, Canónica y representantes de la banca privada Mirabaud como investigados (prévenu). Juan Carlos I no fue llamado ni informado de una causa en la que era el actor principal.
Ese otoño, el fiscal levantó el embargo de las cuentas de Orleans y desde entonces Larsen y los demás investigados han comparecido bajo el halo de la máxima discreción suiza ante Bertossa, al menos en tres ocasiones, por un presunto delito agravado de blanqueo de capitales que en ese país está penado con hasta cinco años de cárcel.
Rebaja en la puja del AVE a la Meca
El fiscal ginebrino sostiene en sus escritos que los 65 millones recibidos por don Juan Carlos fueron una comisión pagada por el Gobierno saudí por la supuesta intermediación del entonces jefe del Estado para que el consorcio de empresas españolas “rebajara el 29,6%” de su oferta ganadora final.
Y señala a Corinna Larsen, Fasana y Canónica como presuntos artífices del blanqueo de esa cantidad que, en junio de 2012, fue a parar a una cuenta de Larsen en una filial del banco Gonet & Cie en el paraíso fiscal de Nassau (Bahamas). “Fue una donación por gratitud, amor, porque tenía esperanza de recuperarme, no para deshacerse del dinero”, ha declarado ella en su testimonio judicial desvelado por EL PAÍS.
En el acta de la donación que firmaron ambos y que presentaron al banco, pero que no se presentó ante notario, se destaca que es “irrevocable”, aunque muera el donante o la beneficiaria.
Yves Mirabaud, expresidente de la entidad, y varios de sus directivos, han explicado al fiscal que obligaron a Juan Carlos I a cancelar su cuenta al comprobar que aparecía en las portadas de la prensa internacional tras el escándalo de la cacería de elefantes en Botsuana, ocurrida varias semanas antes.
Entonces, sonaron por primera vez las alarmas en el departamento de Cumplimiento (Compliance) de un banco que cuatro años antes no había exigido un solo papel que justificara el pago de los 65 millones, salvo la transferencia del Gobierno saudí.
Las alarmas, también, se dispararon en el palacio de La Zarzuela en Madrid al trascender la relación del jefe del Estado del Estado con la consultora alemana. Y el director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, se entrevistó en Londres con Larsen dos meses después del accidente en Botsuana (el entonces Rey se rompió la cadera el 13 de abril de 2012) para “pedirle discreción” porque “tenía sobre los hombros la responsabilidad de 45 millones de españoles”. “Para amenazarla”, según la versión de ella.
Frente a la tesis de Bertossa, los abogados suizos de Larsen destacan que los requisitos para concurrir a la fase II de las obras del AVE a la Meca no se hicieron públicos hasta octubre de 2009 y la donación al entonces jefe del Estado fue un año antes, en agosto de 2008. Las comisiones, por regla general, las pagan las empresas adjudicatarias no los Gobiernos, esgrimen, una y otra vez, en sus escritos los letrados de la alemana, el último el pasado mes de mayo.
Sálvese quien pueda
En sus declaraciones ante Bertossa, Corinna Larsen ha declarado lo contrario de lo que contó a Villarejo. Afirma que los 65 millones son una “donación” del Gobierno saudí y asegura que las casas que compró en Londres y en la estación suiza de Villars-sur-Ollon son solo suyas. Los millones que le adelantó Juan Carlos I para comprarlas, según su versión, eran “préstamos” que dice haber devuelto.
Fasana, además de gestor, expresidente de un club de fútbol y criador de caballos, no ha ahorrado detalles al fiscal suizo sobre su relación con el rey emérito, al que considera su amigo. Relató cómo Juan Carlos I se presentó en su casa a las afueras de Ginebra, en 2010, con una maleta que contenía 1,9 millones de dólares (1,6 millones de euros), “regalo” del rey de Bahréin Hamad bin Isa al Jalifa, según desveló este diario. La banca Mirabaud tampoco exigió documentos en esta ocasión. “Confiábamos en Fasana”, han esgrimido sus directivos.
Canónica, director de la fundación, ha descrito a la Fiscalía sus viajes a Madrid para entregar dinero al rey emérito en La Zarzuela e intenta explicar una transferencia de 3,5 millones desde la cuenta de Juan Carlos I a una de sus sociedades en un banco de Bahamas. “Los dos cobraron grandes cantidades por administrar su patrimonio y ahora solo quieren salvarse ellos”, afirma una persona cercana a la investigación.
La Casa del Rey reacciona
El 5 de marzo de 2019, mientras Bertossa avanzaba en su investigación, los abogados de Larsen en Londres enviaron a Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, una carta en la que, “sin ninguna justificación documental”, le informaban de la existencia de la fundación Lucum y de la presencia de Felipe VI como beneficiario de los fondos de la misma a la muerte de su padre. La misiva se interpretó como “un chantaje”, según fuentes próximas a Juan Carlos I. Semanas después, el jefe del Estado renunciaba ante notario a cualquier derecho derivado de la misma.
A finales de febrero de este año, casi un año después, en el palacio de la Zarzuela volvieron a sonar las alarmas al recibir un cuestionario de preguntas de EL PAÍS en el que se preguntaba por la fundación Lucum y la cuenta suiza del rey emérito, hasta entonces desconocidas para la prensa. El pasado 3 de marzo, este diario publicó la existencia de la donación de 64,8 millones del rey emérito a Larsen. Y el día 15 del mismo mes, 24 horas después de que este periódico revelara que Juan Carlos I figuraba como tercer beneficiario de la fundación Zagatka, la que pagó sus vuelos privados, y que el diario británico The Telegraph publicara que Felipe VI era el segundo beneficiario de Lucum, la Casa del Rey anunció que retiraba a Juan Carlos I su asignación real.
Camino del Tribunal Supremo
Con este telón de fondo, en la sede de la Fiscalía Anticorrupción española, Luis Pastor impulsaba la anunciada investigación sobre un presunto delito de corrupción en transacciones internacionales por las obras del AVE a la Meca. Y tomaba declaración a Larsen, a la comisionista iraní Shahpari Zanganeh y a directivos del consorcio adjudicatario.
La colaboración judicial funcionó. El fiscal suizo viajó a Madrid y se reunió con el responsable de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y sus fiscales. El juez Manuel García Castellón, titular del juzgado que archivó la grabación de Corinna con Villarejo, le devolvió la visita y entregó las cintas.
Bertossa ha enviado a Madrid todos sus hallazgos: una comisión rogatoria, desvelada por este periódico, en la que describe los principales movimientos de la cuenta y las declaraciones de los investigados, menos la de Larsen, que se opone.
Debido a la condición de aforado de Juan Carlos I, la Fiscalía Anticorrupción acaba de remitir al Tribunal Supremo un informe en el que aprecia indicios de un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales.
La información suiza está en manos de la justicia española y será clave para decidir si la Fiscalía de este tribunal presenta o no una querella contra el rey emérito. Los dos frentes judiciales siguen abiertos.
Sobre la firma
