El acta de entrega de 65 millones de Juan Carlos I a Larsen certifica “una donación sin retroceso”

Ni la muerte del donante ni la de la receptora obligan a devolver el dinero a los herederos del anterior jefe del Estado

Corinna Larsen, en febrero de 2016, en Nueva York.
Corinna Larsen, en febrero de 2016, en Nueva York.Andrew Toth / GETTY

La entrega de 64,8 millones que Juan Carlos I hizo en 2012 a su examiga Corinna Larsen es una “donación sin retroceso” e irrevocable, según consta en el documento firmado por ambos al que ha tenido acceso EL PAIS. Se trata de un acta que se presentó en el banco suizo donde estaban los fondos y que, según fuentes de la investigación, no consta que se certificó ante notario.

El escrito señala que la donación de la citada cantidad no tendría vuelta atrás en el supuesto de la muerte de la receptora, es decir de Corinna Larsen, de 55 años, “ni del fallecimiento” del donante, el entonces jefe del Estado, de 82 años. El documento añade que si el donante muere, la receptora de la donación “no tiene obligación de devolverlo a sus herederos”.

El texto precisa: “El donante certifica que la presente donación no afecta a los derechos de los herederos forzosos”, es decir al rey Felipe VI y a sus hermanas Elena y Cristina, hijos de Juan Carlos I.

El breve certificado de la donación, de solo dos folios, no recoge ningún otro supuesto sobre las circunstancias futuras del donante o de la beneficiaria de la donación. Está firmado por Juan Carlos I y por Corinna Larsen, y fechado en 2012. En su declaración como investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales ante el fiscal suizo Yves Bertossa, Larsen afirma que fue una donación “por gratitud, por amor y no para deshacerse del dinero”.

La donación tuvo lugar semanas después de que los directivos de la Banca Privada Mirabaud comunicaran al gestor de la cuenta que debía ser cancelada. Según su testimonio, la decisión de cerrarla se adoptó después de que se produjera el accidente del entonces jefe del Estado en Botsuana y apareciera en las portadas de varios medios internacionales.

El rey Felipe VI hizo público un comunicado el pasado 15 de marzo en el que anunció que renunciaba a la herencia de su padre y le retiró la asignación anual que recibía en su calidad de rey emérito.

El anuncio del jefe del Estado se produjo al día siguiente de que The Telegraph publicara que Felipe VI figuró como segundo beneficiario de la fundación Lucum que recibió los 65 millones donados por Arabia Saudí, y de que EL PAÍS revelara que Juan Carlos I figura como tercer beneficiario de la fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans, que movió hasta 14 millones. En los estatutos de esta fundación figuran como cuarto beneficiario Felipe VI y sus dos hermanas. Zagatka pagó varios millones de euros en vuelos en jet privados de Juan Carlos I y Larsen.

Los 64,8 millones de la donación fueron transferidos a Larsen desde la cuenta del anterior jefe del Estado en el banco suizo Mirabaud a una cuenta de esta última en una filial del banco suizo Gonet & Cie en Nassau (Bahamas) a nombre de la sociedad Solare. La orden del pago la dio Juan Carlos I, según han declarado Arturo Fasana y Dante Canónica, gestor de la cuenta y director de la fundación Lucum respectivamente, al fiscal suizo.

Un total de 39 millones de los recibidos por Larsen se han transferido desde Bahamas a una cuenta de la examiga del rey emérito en el Fieldpoint Private Bank de Nueva York, según ha descubierto la investigación del fiscal suizo y ha reconocido ella misma en su declaración judicial. “El dinero sigue en la cuenta”, afirmó Larsen.

Aun así, la consultora alemana ha añadido que al menos “11 o 12 millones” fueron transferidos más tarde a un banco del Reino Unido, según su relato, porque está gestionando la residencia en ese país.

La Fiscalía del Cantón de Ginebra investiga desde el verano de 2018 si esos 65 millones son el pago de una supuesta comisión por las obras del AVE entre Medina y La Meca. El fiscal Bertossa indaga si la rebaja de un 30% en la oferta final del consorcio de empresas españolas que obtuvieron el concurso tiene alguna relación con la donación recibida, el 8 de agosto de 2008, en la cuenta del entonces jefe del Estado en Ginebra.

La transferencia se hizo desde el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Fasana explica en su declaración a Bertossa, adelantada por este diario en mayo, que él mismo facilitó la cuenta de la fundación Lucum al entonces embajador de Arabia Saudí en Washington Al Jubeir durante un encuentro que mantuvieron en la terminal de la compañía aérea Jet Aviation en Basilea (Suiza).

Antes habían comido juntos en Washington y el diplomático le había explicado que se trataba de un “regalo” del rey Abdalá para su “hermano” Juan Carlos I y que no obedecía al pago de ningún servicio. Este periódico no ha logrado recabar la versión de Al Jubeir, de 58 años, actual ministro de Estado.

Cintas “ilícitas y truncadas”

En su declaración ante Bertossa, de diciembre de 2018, Larsen calificó de “ilícitas” y “truncadas” las grabaciones que le hizo en 2015, en Londres, el excomisario José Manuel Villarejo y se negó a responder a ninguna pregunta relacionada con esas cintas. En esa conversación Larsen sugería que Juan Carlos I quería cobrar una comisión por las obras del AVE a La Meca y poner algunas de sus propiedades a nombre de ella.

“Me observáis que en las grabaciones efectuadas por un policía español [José Manuel Villarejo] en una conversación conmigo le indiqué que esta donación [se refiere a un terreno en Marrakech regalado por el rey de Marruecos] era en realidad en favor del rey Juan Carlos I y que yo no quería estar implicada en este asunto. Por consejo de mi abogado me niego a responder a esta pregunta sobre unas grabaciones ilícitas y truncadas”, respondió a Bertossa.

Larsen declinó responder si es su voz la que aparece en las cintas y aclarar por qué no ha respondido públicamente al contenido de las mismas. “Me niego a determinar el porqué”, dijo.

“Me preguntáis por qué me niego a explicarlo. Me niego a responder”, zanjó

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón remitió hace meses al fiscal suizo las grabaciones de la conversación entre Larsen y Villarejo, preso e investigado por el citado magistrado por diferentes delitos.

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