De Suiza al Supremo, las claves del caso que implica a Juan Carlos I

La Fiscalía del alto tribunal estudia si existen indicios suficientes para abrir una causa contra el rey emérito tras una investigación que empezó en Suiza

Juan Carlos I, en Sanxenxo en julio de 2019. / IAGO LÓPEZ (IGTRES)
Juan Carlos I, en Sanxenxo en julio de 2019. / IAGO LÓPEZ (IGTRES)Iago Lòpez / GTRES

Cuando apenas ha recuperado la normalidad tras dejar atrás el juicio del procés, sobre el Tribunal Supremo sobrevuela otra de esas causas que en su propia nomenclatura se llaman “especiales”. Un apellido común a todos los casos contra aforados que se instruyen en la Sala de lo Penal, pero que esta vez refuerza su sentido más literal. La posibilidad de que se llegue a abrir una causa contra Juan Carlos I existe, aunque ninguna de las fuentes jurídicas y fiscales consultadas se atreve a pronosticar si es más probable que ocurra o que no. El alto tribunal, por ahora, vive ajeno al caso, aunque consciente de que si la Fiscalía da el paso adelante de poner los hechos en su conocimiento tendrá ante sí “la causa más especial entre las especiales”, en palabras de un magistrado.

Cómo empezó todo. Un registro en el verano de 2018 en un céntrico edificio de cuatro alturas en el centro de Ginebra es la clave del caso que ha llevado hasta la Fiscalía del Tribunal Supremo la investigación sobre Juan Carlos I. Los agentes de la Policía Judicial suiza enviados por el fiscal Yves Bertossa ignoraban lo que iban a encontrar en la gestora de fondos de Arturo Fasana, un viejo conocido de la policía española que manejó las cuentas ocultas en Suiza de Francisco Correa, uno de los cabecillas de la trama Gürtel. En aquel registro, rápido, sin ruido, sirenas ni publicidad, Bertossa halló dos fundaciones con cuentas en bancos suizos. La fundación de Liechtenstein Zagatka, de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, que pagó vuelos privados de Juan Carlos I y de Corinna Larsen; y la fundación panameña Lucum, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I y el segundo Felipe VI.

La causa suiza. La investigación reveló que Arturo Fasana ingresó el 8 de agosto de 2008 en la cuenta de Lucum en la banca privada Mirabaud 100 millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de entonces) procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. En el KYC (Know your client, que el banco obliga a rellenar para explicar el origen de los fondos), el gestor externo escribió “donación”, “regalo” de Arabia Saudí. Cuatro años después, el dinero fue transferido por orden del entonces jefe de Estado a una cuenta en Nassau (Bahamas) del banco Gonet & Cie a nombre de la sociedad instrumental Solare, propiedad de Corinna Larsen. Bertossa embargó las cuentas de los sospechosos y abrió una causa secreta por blanqueo de capitales contra los implicados en la creación de la estructura y en la recepción del dinero. El rey emérito no está siendo investigado, aunque fuentes judiciales suizas no descartan que lo sea en el futuro.

La investigación en España. Para la justicia española, los hechos que podrían implicar al rey Juan Carlos saltaron en una de las investigaciones vinculadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien se reunió en 2015 en Londres con Larsen. A lo largo de la conversación, grabada por Villarejo, Larsen habló de un terreno en Marruecos a su nombre que atribuía al rey emérito y de cuentas en Suiza que aseguró que había tenido el monarca y que eran manejadas por testaferros. También hizo referencia a comisiones que el entonces Rey de España presuntamente percibió por el contrato del AVE a La Meca, adjudicado a empresas españolas. El hallazgo de estos audios dio pie a la apertura de una de las primeras piezas del caso Villarejo, conocida como Carol, que se cerró en 2018 al concluir que los hechos se habían producido antes de la abdicación, por lo que el rey emérito gozaba de inviolabilidad, y que los indicios aportados por Larsen eran “notoriamente insuficientes”. Pero la Audiencia Nacional envió a la Fiscalía la parte relativa al presunto cobro de comisiones por la obra del AVE y Anticorrupción abrió unas diligencias de investigación.

La Fiscalía del Supremo. La investigación en la Audiencia Nacional se centraba en el presunto pago de comisiones por parte de empresas españolas. Pero las pruebas recabadas por Suiza han arrojado dudas sobre conductas del rey emérito posteriores a junio de 2014, cuando perdió el blindaje de la inviolabilidad. Aunque ya sea imputable, el rey emérito está aforado en el Supremo, por lo que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidió a principios de junio que la Fiscalía del alto tribunal asumiera el caso.

Esta fase de la investigación debe determinar si hay indicios suficientes de que el anterior jefe del Estado pudo cometer algún delito desde que dejó el trono. Los investigadores trabajan fundamentalmente con dos: blanqueo de capitales (intentar ocultar el origen ilícito del dinero) y delito fiscal (un fraude a la Hacienda pública superior a 120.000 euros). El ministerio público ve factible recabar indicios sobre ambos, pero eso no basta para sostener la acusación. Para el primero, según fuentes fiscales y expertos en delitos económicos consultados, la inviolabilidad de don Juan Carlos hasta 2014 impide indagar en el origen del dinero, lo que complica poder acreditar si se han blanqueado fondos. En el caso del delito fiscal el plazo de prescripción acota la investigación a los últimos cinco ejercicios, lo que deja fuera los años de mayor movimiento en las cuentas bajo sospecha. El propio ministerio público ha reconocido “la complejidad técnica y la trascendencia institucional” de esta investigación, dirigida por el fiscal de Sala del Supremo coordinador de delitos económicos, Juan Ignacio Campos. Junto a él trabajan otros tres fiscales expertos en estos delitos: Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López Coig. Este equipo cuenta además con el apoyo de la Unidad Especializada de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado, dirigida por la fiscal Rosa Ana Morán Martínez, cuya labor será crucial para recabar documentación de otros países.

Las pruebas. Buena parte de las pruebas con las que puede contar el ministerio público provienen de las que ya ha recabado el fiscal suizo. La Fiscalía del Supremo ha recibido parte de esa documentación, referida a titulares de la cuenta corriente investigada en ese país y las declaraciones realizadas ante Bertossa como investigados (prévenus en francés) por el responsable de la banca privada Mirabaud; Arturo Fasana, gestor externo de la cuenta; y Dante Canónica, director de Lucum; además de las de algunos testigos que han comparecido ya. Faltan las declaraciones de Larsen, reveladas por EL PAÍS, y la de su banquero en Bahamas, Nicolas Gonet, que se niegan a que sus declaraciones se envíen a la justicia española. La de Larsen es trascendental para la investigación del rey emérito. Ella le ha eximido de cualquier responsabilidad al afirmar que los 65 millones se los donó “por gratitud, por amor, para solucionar el futuro de sus hijos y no para deshacerse” del dinero.

Próximos pasos. La negativa de Larsen y Gonet a que se envíen sus declaraciones puede dilatar el trabajo del ministerio público en España. La justicia helvética establece el derecho de los investigados o testigos para decidir si sus declaraciones se comparten con la justicia de otro país. Si recurren de nuevo ante Bertossa, el Tribunal Penal Federal de Bellinzona (Suiza) deberá decidir, lo que prolongaría el retraso entre cuatro y ocho meses más.

La Fiscalía del Supremo, por su parte, no puede llamar a declarar a don Juan Carlos. Aunque la citación del principal implicado suele ser una de las primeras pruebas que se practican en cualquier investigación, en el caso de los aforados una circular de 2005 establece que “la Fiscalía que realice la investigación se abstendrá de citar a la persona aforada para que acuda a declarar, ”y se limitará a poner en su conocimiento la existencia de la investigación y su derecho a personarse ante el fiscal a iniciativa propia”. Por tanto, el ministerio público se ceñirá a recabar las pruebas documentales y, si considera que existen indicios de delito, presentará una querella ante la Sala de lo Penal del Supremo, a quien le corresponderá decidir si abre una causa contra el rey emérito y le cita a declarar como investigado.


Más información

Lo más visto en...

Top 50