Cuatro meses desde que el Rey rompió amarras con su padre

Felipe VI hizo pública, el pasado 15 de marzo, su decisión más dolorosa: privar a su padre de la asignación de casi 200.000 euros anuales que percibía de los fondos públicos, mientras renunciaba a cualquier herencia que pudiera corresponderle de sus cuentas en el extranjero. Más allá de las dudas que suscitaba la decisión —no puede renunciarse a una herencia hasta que fallece quien hace el legado—, su significado estaba claro: el Rey rompía amarras con su padre, que ha encarnado la instauración de la Monarquía constitucional en España. La decisión fue aún más dura que la de despojar a su hermana Cristina del Ducado de Palma, pero inevitable para levantar un cortafuegos que protegiera a la institución, después de que fiscales españoles y suizos empezaran a investigar supuestos fondos de Juan Carlos I en paraísos fiscales.

La decisión llegó en un momento en que la sociedad española estaba confinada por la pandemia y atenazada por la incertidumbre. La cacerolada contra la Monarquía del 18 de marzo, alentada desde Unidas Podemos, un partido que forma parte del Gobierno, fue un serio aviso.

Los tres meses siguientes no ofrecieron el mejor escenario para reparar los daños a la imagen de la institución. Recluidos en La Zarzuela, los Reyes solo podían realizar salidas esporádicas dentro de la región de Madrid, lo que intentaban compensar mediante videoconferencias diarias con los principales protagonistas de la lucha contra el virus. El discurso televisivo que Felipe VI dirigió al país el 18 de marzo resultó tardío —la mayoría de sus homólogos ya lo había hecho— y, quizá, algo frío.

El fin del confinamiento ha permitido a los Reyes iniciar una gira sin precedentes por todas las comunidades autónomas, que les ha llevado ya a Canarias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Han recuperado el contacto directo con los ciudadanos en lugares tan emblemáticos como la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, Benidorm o el barrio de las Tres mil viviendas en Sevilla. Fuentes de la Casa del Rey aseguran que no se trata de una campaña de imagen, sino de impulsar la recuperación económica de los sectores más golpeados por la crisis, como el turismo.