El juez del ‘caso Neurona’ investiga la autoría de varios vídeos aportados por Podemos a la causa

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que investigue toda una batería de vídeos que Podemos ha presentado como prueba de que la consultora mexicana realizó efectivamente los trabajos que le encomendó y por los que le pagó 360.000 euros. El magistrado, según un auto del 3 de febrero, ha pedido a los investigadores que analicen esas imágenes por si detrás de las grabaciones se encuentra, en lugar de Neurona, la compañía Yugen Media, con la que la formación también firmó un contrato de prestación de servicios antes de las elecciones generales de abril de 2019.

El magistrado, que mantiene imputado al partido como persona jurídica y a varios miembros de su cúpula, sostiene que existen indicios de que Neurona nunca trabajó realmente para Podemos. El instructor sospecha que el contrato que se firmó con esta consultora fue “simulado”. Según escribe en un auto, no tenía presuntamente como objeto la prestación de un servicio, sino el desvío de dinero a Creative Advice Interactive, una sociedad mexicana vinculada a la propia Neurona. Una maniobra que, según el juez, podía tener como fin el financiar a partidos extranjeros, la propia financiación ilegal de Podemos o, incluso, compensar a agentes externos que ayudaron a la creación de la formación en 2014.

Una tesis que rechaza Podemos, que repite que la empresa latinoamericana hizo los trabajos por los que se le pagó. Para tratar de demostrarlo, aportó como 1.400 productos que le habrían suministrado, entre los que se encuentran los vídeos que Escalonilla pone bajo sospecha. Varios de ellos, “publicitados a través de YouTube y otras redes sociales”. Por ello, ha citado como testigo a José Miguel Almazán, administrador de Yugen Media.

El juez también ha llamado a declarar a Eric Alfredo Guerrero, la persona que supuestamente redactó el contrato entre Neurona y la formación política, según la documentación aportada por Mónica Carmona, una abogada del partido, antigua responsable de Cumplimiento Normativo, que se encuentra enfrentada con los dirigentes de la fuerza política liderada por Pablo Iglesias. Ella fue quien, junto a otro viejo letrado de Podemos, José Manuel Calvente, denunció las supuestas irregularidades que han dado origen al caso.

Esta macrocausa ha adelgazado desde que se abriera el pasado verano. El juez ha archivado cuatro de las líneas de investigación iniciadas: sobre los sobrecostes en la reforma de la sede nueva del partido; el presunto acceso sin permiso al disco duro de una trabajadora de la formación; el supuesto desvío de dinero de su caja de solidaridad, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales y que la oposición calificó como “caja b”; y los contratos firmados con la consultora ABD Europa para el 28-A.

Solo quedan vivas dos partes: una que versa sobre el pago de supuestos “sobresueldos” a la gerente y al tesorero; y otra sobre el contrato firmado con Neurona, donde la Fiscalía aprecia indicios de posibles delitos de falsedad en documento mercantil y otro electoral, aunque no achacables al partido como persona jurídica. La Audiencia Provincial de Madrid apremió al magistrado para que concrete “con celeridad” qué delitos atribuye a Podemos.