El juez del ‘caso Neurona’ también archiva la parte sobre la supuesta caja b de Podemos

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha decidido archivar otra de las líneas de investigación de la causa abierta tras la denuncia contra Podemos de uno de sus antiguos abogados, José Manuel Calvente. Según consta en un auto dictado este martes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado da carpetazo a las pesquisas que salpicaban al diputado Rafael Mayoral por la gestión de la denominada caja de solidaridad de la formación, a la que los cargos públicos donan parte de su sueldo para destinar el dinero a proyectos sociales. El instructor ya decidió también hace apenas unas semanas cerrar la parte relativa a los contratos con la consultora ABD Europa.

Según dice el magistrado en su escrito, los hechos “no resultan indiciariamente expositivos de una presunta administración desleal” del fondo de solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral. Por ello, añade, decide sobreseer esta parte. La Fiscalía ya había solicitado lo mismo en un escrito, donde afirmó que la mayor parte de la denuncia de Calvente se basa “en rumores”. De hecho, el ministerio público respalda mantener este caso abierto solo por la parte relacionada con los contratos con la consultora Neurona para las elecciones de 2019, sobre los que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas expresó sus sospechas al apreciar la posible “comisión de un delito de falsedad de documento mercantil y un delito electoral”.

El instructor relata en su auto, fechado el 20 de octubre, que la parte de las pesquisas que salpicaron a Mayoral se abrieron después de que Calvente relatara en su denuncia que se habían desviado 50.000 euros de la caja de solidaridad para pagar a miembros de Podemos. Según el relato del exabogado de la formación, que el partido rechazó de lleno y que el juez no da por probado, se sacó ese dinero para dárselo a la entidad #404 Comunicación Popular y, a través de intermediarios, hacerlo llegar hasta el diputado. El letrado explicó que dicho colectivo “parece estar controlado por Christian Luis Navarro”, quien supuestamente trabajaría como asistente para Podemos en el Parlamento Europeo y estaría vinculado, a su vez, a la eurodiputada Idoia Villanueva Ruiz. Y esta estaría relacionada, también, con Mayoral.

“Viene a plantear el denunciante una presunta administración desleal de los fondos de la Caja de Solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral, toda vez que son utilizados no para los fines propios para los que se constituyó dicha Caja de Solidaridad, sino para un presunto pago a un miembro del partido político”, resume el instructor, que descarta de seguido esa posibilidad. El juez explica que dicha entidad recibió ese dinero, pero añade: “Ningún indicio existe de que dicha asociación no desarrolle la actividad para la que fue constituida. Ni tampoco que dichas cantidades recibidas de Podemos, pudiendo provenir de la caja de Solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad”. “Cabe por último destacar que no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a Fundaciones o movimientos cercanos al partido político, e incluso como en el caso de autos formado por miembros de dicho partido, que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja de Solidaridad”, apostilla el magistrado.

Esta decisión del juez adelgaza aún más una causa que, en plena pandemia, se ha convertido en un quebradero de cabeza para la fuerza política encabezada por Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno. El pasado verano, Escalonilla dio luz verde a las pesquisas tras recibir la denuncia de Calvente, que se había plantado en un cuartel de la Guardia Civil a relatar toda una batería de presuntas irregularidades. El magistrado abrió un caso por supuestos delitos de malversación y administración desleal con varios ejes: los contratos firmados con varias consultoras (Neurona y ABD Europa LDA) para las generales de abril de 2019; la obra de reforma de la nueva sede de la formación; el pago de “sobresueldos” mediante complementos; la salida “opaca” de fondos de la denominada caja de solidaridad, a la que los altos cargos donan parte de su sueldo para destinar el dinero a proyectos sociales; y el acceso sin permiso al disco duro de una empleada. La parte de ABD Europa y de la caja de solidaridad es ya historia, según el instructor.

Un nuevo imputado

Esta importante victoria para Podemos coincide en el tiempo con otro auto dictado el mismo día por el juez, donde ha decidido imputar a Carlos García Ramos, de Izquierda Unida y uno de los administradores de la coalición electoral Unidas Podemos, con la que ambas formaciones concurrieron a las elecciones en 2019. El magistrado ha tomado esta decisión en la parte que versa sobre los contratos con Neurona para la cita con las urnas del 28 de abril del pasado año, la única donde la Fiscalía ve indicios de posible delito. Los trabajos con dicha consultora, por valor de 363.000 euros, se pagaron a través de una cuenta cuya titularidad pertenecía a la coalición electoral y que gestionaba García Ramos de forma mancomunada con otro administrador, Daniel de Frutos Ramírez (Podemos), ya imputado anteriormente.