Podemos insiste para que se archive la causa abierta por sus contratos con Neurona

Podemos aprieta el acelerador para que se pronuncie la Audiencia Provincial de Madrid en la causa abierta en un juzgado de la capital tras la denuncia de uno de sus antiguos abogados, José Manuel Calvente, por supuesta financiación irregular. La formación ha enviado este miércoles un escrito al magistrado que instruye el caso donde señala que, “casi dos meses” después de haber recurrido contra la decisión de poner en marcha las pesquisas, aún no se le ha notificado que se hayan trasladado sus alegaciones al órgano superior para que se manifieste al respecto. “Se están vulnerando las garantías jurídicas en esta instrucción y que están en situación de indefensión”, arremete el partido de Pablo Iglesias, que ya cargó en agosto contra el juez por abrirle una “causa general” en base a “rumores”.

Las prisas de Podemos esconden una razón. La formación quiere que la Audiencia Provincial obligue al juez a archivar el caso donde se encuentra imputado el partido como persona jurídica y varios miembros de su cúpula. Pero, mientras este tribunal no diga nada sobre ello, el magistrado Juan José Escalonilla puede continuar adelante con su investigación y seguir encargando pesquisas. De hecho, ya ha solicitado numerosa documentación a los implicados, así como informes a la policía y mantiene para noviembre las declaraciones de los altos cargos de la fuerza política. Entre otras, la de Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y actual integrante del gabinete del vicepresidente Iglesias.

“Salvo error de esta parte, no se nos ha notificado la elevación de nuestro recurso a la Audiencia Provincial de Madrid a pesar de haber transcurrido casi dos meses de su interposición”, protesta Podemos en su escrito remitido al juez este miércoles, donde señala que ha pasado también un mes desde que la Fiscalía y la acusación popular (Vox) manifestaran si respaldan o no estas alegaciones. “En caso de que no se hubiera aún sustanciado dicha elevación, venimos a solicitar al juzgado el impulso procesal que se precise a fin de evitar mayores demoras en su resolución”, continúa el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Esta investigación judicial comenzó después de que Calvente, abogado de Podemos desde 2014 a 2019, se presentase el pasado diciembre en un cuartel de la Guardia Civil y denunciase una batería de supuestas irregularidades en el seno del partido. Unos ataques que posteriormente repitió ante el magistrado Escalonilla, que decidió dar luz verde a la causa para tratar de recabar pruebas sobre supuestos delitos de malversación y administración desleal en los contratos firmados con la consultora Neurona para la campaña de las elecciones del 28 de abril de 2019; en la obra de reforma de la nueva sede de la formación; en el pago de “sobresueldos” mediante complementos; y en la salida “opaca” de fondos de la denominada caja de solidaridad, a la que los altos cargos donan parte de su sueldo para destinar el dinero a proyectos sociales. Además del acceso sin permiso al disco duro de una empleada.

De todos esos asuntos, el ministerio público solo respalda investigar los contratos con Neurona, sobre los que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ya vertió sus sospechas al apreciar la posible “comisión de un delito de falsedad de documento mercantil y un delito electoral”. En ese punto, la acusación pública considera que “existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto” y se habría creado ad hoc una compañía para prestar el servicio. Pero, sobre el resto de asuntos, la Fiscalía señala que se basan en “rumores, sospechas o suspicacias” o “ni siquiera existen indicios” que demuestren la existencia de hechos delictivos.

La acusación de Vox

Podemos también quiere que se frenen las diligencias del magistrado para evitar que los documentos internos que envíe al juzgado acaben en manos de Vox. El partido ya protestó contra la decisión de admitir su personación como acusación popular sin ni siquiera depositar fianza. Alegó que, “para acreditar la ausencia de delito”, tendrá que aportar “documentación contable, personal de sus dirigentes, de estrategia comunicativa y relativa a campaña electoral o financiera —en definitiva, información sensible— en un proceso en el que está personado un partido político rival”.

Además, la formación ha mostrado su malestar por las filtraciones a la prensa. “Vistas las numerosas, reiteradas e interesadas filtraciones de la información y documentación contenida en el presente sumario, con graves consecuencias para el derecho a la defensa y para la presunción de inocencia de las personas investigadas, se reitera la solicitud de que no se dé traslado de los documentos aportados, sino que queden a disposición de las partes en la secretaría del Juzgado para su estudio”, ha pedido Podemos al juez en un escrito reciente.