La Audiencia de Madrid mantiene imputado a Podemos en el ‘caso Neurona’, pero apremia a concretar los delitos que se le atribuyen

Las esperanzas que Podemos había depositado en la Audiencia Provincial de Madrid se han esfumado este jueves. Este órgano ha decidido mantener al partido como imputado en el caso Neurona, según consta en un auto dictado el pasado 15 de diciembre, donde rechaza el recurso presentado por la fuerza política liderada por Pablo Iglesias, que había pedido la desimputación. Eso sí, el tribunal también apremia al instructor a “determinar con celeridad qué delito o delitos cabe atribuirle como persona jurídica”: “Para evitar que pueda prolongarse innecesariamente la investigación sobre la formación”.

Estas pesquisas comenzaron en verano del pasado año después de que José Manuel Calvente, un antiguo abogado del partido, presentase una denuncia ante la Guardia Civil donde narraba toda una batería de irregularidades. El magistrado Juan José Escalonilla abrió entonces una macrocausa con varias líneas de investigación e imputó a miembros de la cúpula de Podemos, además de al propio partido como persona jurídica. En un primer momento, el juez apreció los posibles delitos de administración desleal y de malversación de caudales públicos, a los que añadió después indicios de financiación ilegal y delito electoral. La Fiscalía, por su parte, solo aprecia este último y uno de falsedad en documento mercantil.

Ante tal maremágnum, la Audiencia de Madrid ha pedido al juez más rapidez y concreción sobre los delitos achacables a Podemos como persona jurídica. Con todo, respalda su decisión de mantener como investigada a la fuerza política, así como toda la batería de pruebas que pidió recabar tanto de la propia formación como a través de las fuerzas de seguridad, a las que ha encargado informes sobre los movimientos de las cuentas del partido.

El caso Neurona se ha convertido para Podemos en una pesadilla que emerge periódicamente y que descoloca su agenda política. Las pesquisas nacieron con múltiples ejes. Con la denuncia de Calvente, el juez abrió seis grandes líneas de investigación. Cuatro de ellas ya han sido archivadas: la causa de los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones del 28 de abril de 2019; la de los sobrecostes en la reforma de la sede nueva del partido; la del acceso de la cúpula sin permiso al disco duro de Marta Flor, también letrada de la formación —que denunció por acoso sexual a Calvente, lo que precipitó su despido en 2019—; y el presunto desvío de dinero de la caja de solidaridad de Podemos, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales y que la oposición calificó como “caja b”.

Las dos líneas que quedan vivas versan, en primer lugar, sobre el pago de supuestos “sobresueldos” a Rocío Esther Val, gerente de la formación, y a Daniel de Frutos, su tesorero. Unas acusaciones que ambos niegan y que la Fiscalía pide archivar. Y, en segundo lugar, sobre el contrato firmado con la consultora Neurona para la cita electoral del 28-A. En este caso, el ministerio público sí aprecia posibles delitos de falsedad en documento mercantil y otro electoral, aunque no los considera achacables al partido como persona jurídica.

El juez Escalonilla no comparte esta tesis. El magistrado, en un auto del pasado 12 de enero, describe indicios de que el documento firmado entre el partido y Neurona fue “un contrato simulado”. Según el instructor, no tenía presuntamente como objeto la prestación de un servicio por parte de la consultora, sino el desvío de dinero a Creative Advice Interactive, una sociedad mexicana vinculada a la propia Neurona. Según denunció Calvente y recoge el juez, esa maniobra puede tener como fin el financiar a partidos extranjeros, la propia financiación ilegal de Podemos o, incluso, compensar a agentes externos que ayudaron a la creación de la formación en 2014.

Podemos niega esa acusación y mantiene que Neurona ejecutó los trabajos para los que fue contratada. Para tratar de demostrarlo, ha aportado una relación de 1.400 productos que le habría suministrado la consultora durante la campaña del 28-A —que actualmente analiza la Policía por encargo del magistrado—. Por su parte, el partido acusa al juez de abrirle una “causa general” basándose en “rumores” recogidos por su antiguo abogado.