La Policía respalda la versión de Podemos en una de las transferencias bajo sospecha del ‘caso Neurona’

La Policía Nacional ha enviado al juez Juan José Escalonilla ―que investiga si Podemos pagó a la empresa Neurona Comunidad S. L. cientos de miles de euros por unos trabajos electorales que supuestamente nunca llegaron a realizarse― un informe que respalda la versión de la formación sobre una transferencia de 75.000 euros hecha a la consultora latinoamericana. El magistrado del caso Neurona puso bajo sospecha este movimiento al no constar que el dinero hubiese entrado en la cuenta de la empresa. Los investigadores de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción han analizado los flujos y han concluido que este ingreso realmente “no llegó a producirse”, ya que la cuenta de la compañía se encontraba bloqueada en ese momento por estar “en constitución”. Esta explicación coincide con la ofrecida por Daniel Frutos, tesorero del partido, en su declaración.

El caso Neurona, que estalló hace ya más de cuatro meses, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para Podemos. Escalonilla mantiene imputada a la fuerza liderada por Pablo Iglesias como persona jurídica y, además, ha hecho desfilar a parte de su cúpula por su juzgado. El partido defiende su inocencia y repite que todo quedará en nada, pero el magistrado escudriña sus cuentas en busca de las irregularidades denunciadas por José Manuel Calvente, un antiguo abogado de la formación que se plantó ante la Guardia Civil para relatar estas supuestas ilegalidades.

En ese contexto, el magistrado solicitó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un estudio sobre todos los pagos hechos por Podemos a Neurona. Pero la transferencia de 75.000 euros, que había salido de la cuenta del partido el 29 de marzo, no figuraba entre los movimientos de la consultora y no había “incremento de dicha suma en el saldo”, según relata la Brigada de Blanqueo en su nuevo informe, fechado el 30 de noviembre y al que tuvo acceso EL PAÍS. Sin embargo, continúa esta unidad policial, esta transferencia sí consta en unos archivos anexos facilitados por el banco para su análisis, “donde se expone con mayor detalle las transferencias”.

Según continúa la Brigada de Blanqueo, estos registros de Excel reflejan que se recibió y que se devolvió: “La transferencia no llega a ser ingresada en la cuenta y, por tanto, Neurona no llega a disponer de dicho importe”. ¿La razón? “La entidad bancaria manifiesta que dicha transferencia quedó pendiente en el sistema ya que la cuenta se encontraba bloqueada por falta de documentos, por lo que a los dos días, como no se abonó de forma manual, se devolvió al banco ordenante sin pasar por la cuenta”.

El contrato firmado entre Neurona y Podemos para la prestación de servicios —que, según el administrador española de la consultora, Elías Castejón, se fechó por “error” el 27 de febrero, pese a que, según él, realmente se hizo el 27 de marzo— recoge que el partido pagaría a la compañía en tres pagos. Según refleja el documento, el primer abono se haría el 29 de marzo por valor de 75.000 euros; y después se harían otros dos: el 10 de abril, por 144.000 euros; y el 19 de abril, por otros 144.000. Pero, según explicó el partido, el primero no se pudo hacer porque la cuenta de Neurona les devolvió el dinero, así que finalmente se pagó en otros tres tramos: dos transferencias de 100.000 euros el 9 y 23 de abril, y otra de 163.000 el 9 de mayo.

El informe de la Brigada de Blanqueo detalla que la cuenta de Neurona se dio de alta el 14 de marzo de 2019, pero “nace bloqueada hasta cumplir con los requisitos necesarios”. “El 18 de marzo se produce una baja manual del bloqueo para que puedan producirse las aportaciones de capital. Una vez realizadas, el cliente solicita un certificado de dichas aportaciones para poder constituir la sociedad”, prosiguen los investigadores, que especifican que ese mismo 18 de marzo vuelve a bloquearse bajo el motivo de “empresa en constitución”. Así permanece hasta el 30 de marzo, aunque el 4 de abril se vuelve a bloquear durante unas horas porque faltaba por introducir el CIF.

Las líneas de investigación

Este informe de la Policía Nacional supone una pequeña victoria para Podemos en esta macrocausa. El caso nació con múltiples líneas de investigación: los contratos firmados con las consultoras Neurona y ABD Europa para las elecciones del 28 de abril de 2019 (la parte sobre esta segunda compañía se sobreseyó en septiembre); sobrecostes en la reforma de la sede nueva del partido —por la que se ha pedido numerosa documentación—; el pago de supuestos “sobresueldos”; y el desvío de dinero de la caja de solidaridad del partido, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales y que la oposición, con PP y Cs a la cabeza, calificó como la “caja b” de Iglesias (una parte a la que el magistrado también ha dado carpetazo).

La Fiscalía ha pedido el archivo de todas las pesquisas al sustentarse en “rumores”, excepto la parte de Neurona, donde sí ve indicios de delito, aunque no achacables al partido como persona jurídica. En ese punto, el ministerio público se basa en el informe del Tribunal de Cuentas que arrojó sospechas sobre esos contratos. El juez cree que la consultora nunca habría llegado a realizar los trabajos. Y, además de escudriñar las cuentas de Podemos, ha pedido a la Policía que analice todos los vídeos que el partido ha aportado como prueba para demostrar que la compañía latinoamericana sí hizo sus labores. La conclusión de los agentes sobre ellos resultará clave.