La Fiscalía no ve indicios en Podemos de financiación ilegal, pero defiende su imputación como “garantía”

Una de cal y otra de arena para Podemos en el último escrito enviado por la Fiscalía al juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla. En este documento, el ministerio público afirma que “aún no existen indicios” de financiación irregular en la causa abierta tras la denuncia de uno de sus antiguos abogados, pero se opone al archivo de las pesquisas —como ha solicitado la formación liderada por Pablo Iglesias— y apoya que el partido continúe imputado por ello porque “resulta más garantista”. La Fiscalía ya solicitó en otro escrito anterior remitido al magistrado que siguiera adelante solo con la parte que versa sobre la contratación de la consultora Neurona y que se diera carpetazo al resto por basarse en “rumores”.

“Entendemos que, atribuir al partido la condición de investigado, resulta más garantista para el mismo. [Esto] le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias”, ha informado este miércoles la Fiscalía a través de un comunicado, donde recalca que este estatus le permite proponer que se practiquen pruebas o presentar recursos. “La atribución de tal condición no hace sino garantizar el derecho del ahora apelante”, apostilla el ministerio público.

El caso Neurona se abrió el pasado verano, cuando llegó a la mesa de Escalonilla, responsable del Juzgado de Instrucción 42 de la capital, la denuncia del antiguo abogado de Podemos, José Manuel Calvente. Este se había plantado en diciembre de 2019 en un cuartel de la Guardia Civil y había narrado toda una serie de supuestas irregularidades en el partido. Basándose en ello, el magistrado decidió abrir una investigación e imputó al partido y a varios miembros de su cúpula por supuesta malversación y administración desleal, entre otros delitos, en los contratos firmados con las consultoras Neurona y ABD Europa para la campaña de las elecciones del 28 de abril de 2019; en la obra de reforma de la nueva sede de la formación; en el pago de “sobresueldos” mediante complementos; y en la salida “opaca” de fondos de la denominada caja de solidaridad, a la que los altos cargos donan parte de su sueldo para destinar el dinero a proyectos sociales.

De todo ello, el propio juez ya archivó la parte sobre los contratos con ABD Europa al no existir “indicios racionales” de delito. El ministerio público, por su parte, opina que solo hay base para seguir investigando los trabajos encargados a Neurona, donde aprecia “indicios racionales” de un delito de falsedad en documento mercantil y otro electoral, en línea con lo señalado por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Por tanto, descarta, de momento, el de financiación irregular y añade que esos dos posibles delitos que se aprecian no podrían imputarse a Podemos, pues la legislación española no prevé que “puedan ser cometidos por persona jurídica”.