La cúpula de Podemos asegura al juez que Neurona hizo los trabajos que se investigan

Casi cuatro meses después de su imputación, varios miembros de la cúpula de Podemos se han sentado este viernes por primera vez ante el juez del caso Neurona para ofrecer su versión de los hechos. El desfile ha comenzado a las diez de la mañana con la citación de Rocío Esther Val, gerente de la formación. Y, a ella, le han seguido Daniel de Frutos, tesorero; y Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y responsable de las campañas electorales de 2019. Según fuentes jurídicas, este último ha detallado al magistrado cómo contactó con la consultora latinoamericana, además de defender la legalidad de las actuaciones y subrayar que Neurona hizo los trabajos que le encargaron. Tras los tres, estaba citada también a declarar Andrea Deodato, una trabajadora responsable del área de Compras. La fuerza política liderada por Pablo Iglesias confía en que sus testimonios sirvan para cerrar este frente judicial, convertido en una auténtica pesadilla para ellos.

Olmo ha explicado al magistrado que conoció a Neurona en 2018, cuando el responsable de la compañía, César Hernández, le pidió tomar un café. Según fuentes jurídicas, el responsable de Comunicación ha insistido en que este tipo de acercamientos son habituales debido a su cargo. A partir de ese momento, la relación continuó y comentaban aspectos de la comunicación del partido. Olmo ha detallado que entonces, de cara a la batería de elecciones de 2019 (nacionales, europeas, autonómicas y locales), consideró que necesitarían refuerzos para apoyar a los equipos de Podemos y decidió contratarlos. Neurona, no solo le parecían “muy buenos”, sino que le ofrecían “confianza política”: confiaba en que las “debilidades y fortalezas” del partido que les iban a contar no las filtrarían a sus adversarios. Además, ha apostillado, se declaran en sus principios como una consultora de izquierdas.

Olmo también ha aseverado que personal de Neurona se desplazó a Madrid y trabajó con Podemos desde el local que alquilaron en la calle Maudes, que bautizaron como Big Data Room. Allí, había puestos de trabajo por donde fue pasando mucha gente de la consultora, según ha explicado el responsable de las campañas electorales, que ha hecho hincapié en que él solo tenía contacto con cuatro de los altos cargos de la empresa, porque otros subordinados se encargaban de “supervisar” el día a día. Preguntado por el juez por las transferencias de dinero de la consultora a otras subcontratas mexicanas, el secretario de Comunicación ha dicho que desconoce cómo funcionaban las sociedades de Neurona, que ellos los ficharon para unas labores concretas y que estas se hicieron.

Una vez pasadas estas declaraciones, la decisión de cómo seguir con la causa le corresponde al magistrado Juan José Escalonilla, responsable del juzgado de Instrucción 42 de Madrid, a quien le llegó el pasado verano la denuncia de un exabogado de Podemos, José Manuel Calvente. Este letrado, enfrentado con la cúpula, había salido en 2019 de la formación tras una acusación de acoso sexual —que la justicia archivó— y, a continuación, se presentó en diciembre en un cuartel de la Guardia Civil para narrar toda una batería de supuestas irregularidades en las cuentas de la cuarta fuerza política del país. Tras analizar su versión, el juez decidió abrir las pesquisas e imputar, no solo a los cuatro cargos que declaron este viernes, sino también al propio partido como persona jurídica.

La iniciativa del magistrado supuso una bomba en la política nacional y sus efectos aún prosiguen. La oposición carga desde entonces contra Podemos, socio del Gobierno de coalición, y contra el PSOE, a quien presiona para que expulse del Ejecutivo a Iglesias y a sus compañeros. Además, el vicepresidente segundo tiene abierto otro frente en los tribunales: la Audiencia Nacional ha pedido al Supremo que lo impute por el caso Dina.

El alcance del caso

El caso Neurona emergió como una macroinstrucción con múltiples ejes. En base a la denuncia de Calvente por supuesta financiación irregular, el juez abrió una investigación por los contratos firmados con las consultoras Neurona y ABD Europa para las elecciones del 28 de abril de 2019 (la parte sobre esta segunda compañía se sobreseyó en septiembre); sobrecostes en la reforma de la sede nueva del partido —por la que se ha citado este viernes a declarar como testigos a los responsables de varias empresas que participaron en las obras—; el pago de supuestos “sobresueldos” a Val y Frutos; el acceso de la cúpula sin permiso al disco duro de Marta Flor, también letrada de la formación —que fue quien, precisamente, denunció por acoso a Calvente—; y el desvío de dinero de la caja de solidaridad del partido, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales y que la oposición, con PP y Cs a la cabeza, calificó como la “caja b” de Iglesias (una parte a la que el magistrado también ha dado carpetazo).

La Fiscalía defiende desde un principio que todas las pesquisas deben archivarse al sustentarse en “rumores”, excepto los trabajos de Neurona, donde sí ve indicios de delito, aunque no achacables al partido como persona jurídica. En esa parte, el ministerio público se basa en el informe del Tribunal de Cuentas que arrojó sospechas sobre esos contratos. De hecho, en ese punto, el juez apunta que esos contratos pudieron ser simulados y que la consultora nunca habría llegado a realizar sus labores. Podemos niega esa acusación y, para defenderse, ha aportado una relación de 1.400 productos que le habrían suministrado.

La cita de este viernes se produce una semana después de que declararan ante el juez el administrador de la filial de Neurona en España, Elías Castejón, creada por la consultora latinoamericana semanas antes de la cita con las urnas; y el arquitecto que diseñó la reforma de la sede, Manuel Campos. Según fuentes jurídicas, ambos defendieron la legalidad de sus actuaciones. El primero aseguró que se le llegó a facilitar parte del supuesto material elaborado por la consultora. Y el segundo explicó que el coste de las obras aumentó porque la cifra inicial era el cálculo que se hizo del proyecto, pero que el precio final debían ponerlo las empresas y constructoras que participaron. A este respecto, la cúpula de la formación ha asegurado este viernes que la reforma se licitó y adjudicó como correspondía, y que los trabajos se desarrollaron con normalidad.

Además, Escalonilla ha planteado en los últimos días dos nuevas colaboraciones a la Policía. Por un lado, le ha solicitado que investigue una transferencia de 75.000 euros que Podemos hizo a Neurona y que fue devuelta. Según dicen en Podemos, ese rembolso se debió a que la cuenta bancaria de la consultora aún no estaba operativa. Por otra parte, el instructor ha pedido a los agentes que analicen todos los vídeos aportados por la formación y que supuestamente hizo la compañía latinoamericana. El magistrado quiere comprobar la fecha en la que se elaboraron y sus autores.