El juez cierra otras dos líneas de investigación en la macrocausa contra Podemos

El juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, ha acordado el archivo provisional de otras dos líneas de investigación en la macrocausa contra Podemos. En un auto, fechado este 12 de enero, el instructor ha dado carpetazo a la línea que investigaba las supuestas irregularidades en el pago de las obras de rehabilitación de la sede de Podemos y a la causa por revelación de secretos y vulneración de la intimidad en el acceso al disco duro del ordenador de Marta Flor, una trabajadora de la formación. El juez ya había acordado el cierre de otras dos líneas de investigación, la de los contratos de campaña con la consultora ABD y a la caja de solidaridad del partido. Además, el magistrado rechaza en otra resolución archivar la imputación del partido político en la causa

La investigación arrancó tras la denuncia, en julio de 2020, del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, que aseguraba, entre otras cosas, que las obras se licitaron por 649.000 euros y se adjudicaron por más de 1,3 millones de euros. Según la resolución judicial, no se ha acreditado que se produjera una “distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras de rehabilitación (....) para pagos u obras ajenas a las propias de dicha rehabilitación”, por lo que se acuerda el archivo sobre la investigación por apropiación indebida. Con respecto al caso del acceso al disco duro de la empleada, el auto destaca que se archiva porque no han interpuesto denuncia ni la afectada, ni el partido, que serían los perjudicados.

Además, el juez rechaza en otro auto acordar el sobreseimiento de la causa respecto al partido político. El instructor advierte en su resolución de la falta de compromiso de los dirigentes del partido con la cultura ética o la cultura de cumplimiento de las normas legales. Según el auto, no se aprecia que el programa de cumplimiento normativo resulte eficaz por lo que, “de existir indicios de la comisión” de un delito de financiación ilegal, por el que están investigados los cargos ejecutivos del partido, resultaría igualmente responsable la formación. El pasado 2 de diciembre, la Fiscalía ya había planteado que Podemos siguiera investigado, pese a que “no existen indicios” de delito alguno derivados de las diligencias practicadas, porque resultaba más garantista para la organización.

La investigación sobre el partido se inició tras la denuncia ante la Guardia Civil de José Manuel Calvente, abogado de Podemos entre 2014 y 2019, de una batería de supuestas irregularidades en el seno de la formación. Unos ataques que posteriormente repitió ante el juez Escalonilla, que decidió dar luz verde a la causa el pasado julio para tratar de recabar pruebas sobre supuestos delitos de malversación y administración desleal en los contratos firmados con la consultora Neurona para la campaña de las elecciones del 28 de abril de 2019. El juez citó a declarar a miembros de la cúpula de Podemos, que aseguraron el pasado noviembre que Neurona sí realizó los trabajos que se investigan.

Escalonilla ya dio carpetazo hace solo unos meses a otras dos líneas de investigación de la macrocausa, concretamente la de los contratos de campaña con la consultora ABD y la de la caja de solidaridad del partido. La primera fue archivada el pasado 16 de octubre al concluir el instructor la “inexistencia de indicios racionales” que apuntaban a que eran “simulados”. Solo una semana después, el 23 de octubre, el juez decidió cerrar también la parte sobre la supuesta caja b de Podemos al considerar que no existían indicios de “administración desleal” sobre la caja de solidaridad de la formación.