Tribunales

El Gobierno respira tras superar un intenso otoño judicial

Los tribunales rechazan, en solo dos meses, abrir una causa contra Iglesias en el ‘caso Dina’, las querellas por la gestión de la pandemia y el ‘caso Delcy’ y adelgazan el ‘caso Neurona’

Desde la izquierda, la vicepresidenta Carmen Calvo, el presidente Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias, durante un Consejo de Ministros celebrado este enero.
Desde la izquierda, la vicepresidenta Carmen Calvo, el presidente Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias, durante un Consejo de Ministros celebrado este enero.Borja Puig de la Bellacasa / AP

La coalición de Gobierno respira más tranquila tras un intenso otoño judicial. En apenas dos meses, los tribunales han archivado buena parte de las querellas y líneas de investigación abiertas que salpicaban a miembros del Ejecutivo, formado por PSOE y Podemos, y que habían condicionado su agenda ante los continuos ataques de la oposición. La última decisión se ha conocido este mismo miércoles, cuando el Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa contra Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, en el conocido como caso Dina. Antes ya había ocurrido lo mismo con el caso Delcygate o las querellas por la gestión de la pandemia. También se ha reducido el caso Neurona.

Caso Dina. El juez Manuel García-Castellón, que investiga el caso Dina —pieza separada del caso Villarejo que versa sobre el supuesto robo del móvil a una antigua colaboradora del líder del partido—, pidió el pasado 7 de octubre que se imputase a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito. Una propuesta que el Supremo descarta al constatar que, de momento, no existe base para actuar contra el vicepresidente.

“Imputar a Pablo Iglesias era una aberración jurídica. Lo sabían todos los juristas de España. Pero ha servido para llenar meses de basura falsa y calumnias en tertulias, informativos y portadas”, ha apuntado este miércoles Pablo Echenique, portavoz del partido en el Congreso, tras conocer la resolución del alto tribunal. Rafael Mayoral, también diputado de la fuerza política, ha remachado: “Algunas actuaciones de los jueces ponen en peligro la actuación de la justicia”.

El fallo del Supremo limita el margen de maniobra de García-Castellón, a quien se le han devuelto las pesquisas. La acusación por descubrimiento y revelación de secretos será una puerta difícil de abrir. Como le ha indicado el alto tribunal, para poder imputar a alguien por este delito, se requiere que la víctima presente una denuncia previa contra ella. Y la antigua asistente de Iglesias, Dina Bousselham, ya envió un escrito al juez donde apuntaba que no tenía intención de proceder contra su antiguo jefe: “Dina ha confiado siempre en el modo de actuar de Iglesias y en que, en todo momento, como no podía ser de otro modo, la actuación de Iglesias no ha sido otra que proteger su intimidad”, subrayaba su abogado en dicho documento, donde calificaba al dirigente de Podemos como “amigo” y aseguraba que “entendía” que guardara la tarjeta de su móvil durante un tiempo, sin decirle nada a ella.

La posibilidad de atribuir a Iglesias el delito de daños informáticos también se enfrenta, por su parte, con los informes de la Policía Científica, que considera “compatibles” los daños externos de la tarjeta bajo sospecha con los intentos de recuperación del contenido por parte de una empresa especializada. Y los internos, que el magistrado atribuyó al vicepresidente, aún no se ha podido aclarar a qué se deben. Además, respecto a los delitos de acusación y denuncia falsa, el Supremo recuerda que la ley exige que haya una sentencia o auto firme previo donde se descarte la denuncia y se plasmen indicios “bastantes de la falsedad de la imputación”. Una condición que no se cumple y que se complica después de que el alto tribunal haya pegado un tirón de orejas al magistrado al reprocharle que, al plantear su teoría de que Iglesias fabricó el caso para aprovecharse políticamente, ha descartado otras líneas de investigación “para abogar como realidad acaecida una concreta alternativa sin mayor plausibilidad”.

Caso Delcy. El Supremo archivó el 26 de noviembre la investigación abierta contra el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por la entrada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en territorio español en enero de 2020, pese a la prohibición establecida por la UE. Los magistrados descartaron que pueda atribuirse un delito a Ábalos en una causa que se inició tras las querellas del Partido Laócrata y Vox por prevaricación. Otro juez de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, también había dado carpetazo dos semanas antes a la parte de las pesquisas que afectaba a las personas no aforadas.

Querellas por la pandemia. El Supremo también rechazó el 18 de diciembre pasado hasta 20 querellas y 30 denuncias contra el presidente del Gobierno y varios de sus ministros por la gestión de la pandemia de coronavirus. Los magistrados no solo descartaron abrir una especie de causa general contra el Ejecutivo por sus decisiones —la resolución destacaba que la responsabilidad penal es “estrictamente personal”—, sino que recalcaron que no existían indicios “justificados” de ninguna conducta delictiva atribuible a sus componentes. Los denunciantes (entre ellos, Vox) hablaban, incluso, de homicidio y lesiones imprudentes. Todo ello, después de que en junio ya se cerrase el caso 8-M, abierto contra el delegado del Gobierno en Madrid por permitir las manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2020.

Caso Neurona. La macrocausa que un juzgado de Madrid abrió el pasado verano, que provocó la imputación de Podemos como persona jurídica y la declaración en noviembre de varios miembros de su cúpula, ha adelgazado bastante. El instructor archivó este 12 de enero las líneas de investigación sobre los sobrecostes en la reforma de la sede nueva del partido y el presunto acceso sin permiso al disco duro de una abogada de la formación. A finales de octubre ya dio carpetazo a las pesquisas sobre el supuesto desvío de dinero de su caja de solidaridad, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales y que la oposición calificó como “caja b”. Y a principios de ese mes también había hecho lo mismo con la parte que versaba sobre los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones del 28 de abril de 2019.

De esta forma, en este caso solo quedan vivas dos líneas. Una sobre el pago de supuestos “sobresueldos” a Rocío Esther Val, gerente de la formación, y a Daniel de Frutos, su tesorero, que la Fiscalía pide archivar. Y otra sobre el contrato firmado con la consultora Neurona para la cita electoral del 28-A, donde el ministerio público sí aprecio indicios de posibles delitos de falsedad en documento mercantil y otro electoral, aunque no achacables al partido como persona jurídica. En ese sentido, la Audiencia Provincial de Madrid ha apremiado al magistrado para que concrete “con celeridad” qué delitos le atribuye a la formación.

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