Gobierno de España

Las batallas internas se multiplican en el Ejecutivo por la agenda social

Los socios del Gobierno de coalición chocan por el armazón del programa en plena crisis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, durante la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de la Moncloa, en Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, durante la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de la Moncloa, en Madrid.José María Cuadrado Jiménez / EFE

Las batallas internas en el Gobierno se multiplican. Y no hay nada casual en ello. Una vez resueltos los Presupuestos —en vías de aprobación— y ante el riesgo de perder influencia en el Gobierno, Unidas Podemos ha decidido dar la batalla simultánea en todos los asuntos centrales de la agenda social, desde el salario mínimo a las pensiones pasando por los desahucios y cortes de suministros o la reforma laboral. La intención no disimulada de Pablo Iglesias es diferenciarse del PSOE y ganarle batallas sociales, apretándole en su zona sensible. El malestar es creciente, pero los socialistas de momento dan la batalla en privado.

En agosto, el Consejo de Ministros fue tormentoso: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se enfrentaron porque el líder de Unidas Podemos se había enterado por la prensa de que el rey emérito había salido de España ante el escándalo por su fortuna oculta. Desde entonces, sin embargo, las reuniones de los 23 miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez son una balsa de aceite. Allí no hay apenas polémica. Se tratan los asuntos del día, que últimamente son cuestiones de trámite o leyes sin gran contenido político, y se respira buen ambiente y amabilidad por todas partes, según varios ministros. Sin embargo, la batalla de fondo se deja para las comisiones delegadas de asuntos económicos, que suelen ser los viernes.

Es allí, sin Sánchez ni Iglesias presentes, en una cita presidida cada semana por Nadia Calviño, la vicepresidenta económica —que siempre encabeza las batallas de fondo contra los postulados de Unidas Podemos—, donde se está fraguando un enfrentamiento a muchas bandas.

En esas reuniones se deciden asuntos muy sensibles para los ciudadanos. Y en especial para el mundo progresista, en disputa entre dos formaciones que han sido grandes rivales electorales y vienen de culturas políticas muy diferentes —la socialdemocracia y la izquierda surgida del 15-M— y que ahora comparten el primer Gobierno de coalición en España desde los años treinta. Este viernes, la cita promete ser aún más tensa de lo habitual, ya que encima de la mesa figuran temas muy sensibles como la nueva reforma de las pensiones que plantea el ministerio de José Luis Escrivá, o la decisión sobre la subida o no del salario mínimo. Hay otros asuntos pendientes en la agenda, como la negociación de la reforma laboral, un tema que Calviño ha rechazado de plano en varias ocasiones, o la cuestión del decreto antidesahucios y el freno al corte de suministros como gas y luz en pleno invierno de la crisis del coronavirus. También hay otras cuestiones sensibles, como el nuevo plan de apoyo a la hostelería, donde no hay tanto una discusión PSOE-Unidas Podemos como una batalla interna dentro del sector socialista para ver cuánto dinero público se destina finalmente. La ministra Reyes Maroto lleva semanas preparándolo con la intención de que sea un ambicioso paquete que alivie a uno de los sectores más golpeados por la crisis.

Ninguno de los ministros ni dirigentes consultados cree que el Gobierno esté realmente en riesgo; al contrario, todos entienden que con los Presupuestos se ha ganado estabilidad para tres años. Y tanto al PSOE como a Unidas Podemos les interesa seguir en la coalición, porque no hay ninguna otra opción viable de gobernabilidad.

La batalla, por tanto, no es para romper —al menos no parece esa la intención de ninguno de los dos contendientes—, sino para delimitar el espacio de poder de cada uno; y, sobre todo, para fijar la línea estratégica de la política económica en asuntos de máxima sensibilidad social. El argumento que ofrece en todo momento el sector socialista para apostar por la “prudencia” en las grandes decisiones económicas de las próximas semanas es que en estos asuntos están puestos muchos ojos no solo en España sino también en Bruselas.

Iglesias y Unidas Podemos han optado por batallas que esta vez no son de detalle o de fuero, como la participación en el grupo de decisión política que gestionará el gran fondo de recuperación europeo en España, sino de agenda social y con influencia directa en los ciudadanos.

Por parte de Unidas Podemos se trata de una estrategia clara para diferenciarse y señalar a sus votantes que es esta formación la que consigue logros sociales y así se justifica su entrada en el Gobierno. El grupo de Iglesias no está logrando mejorar sus expectativas desde que entró al Ejecutivo, una decisión que internamente fue discutida y no todos veían tan claro como el líder. Desde que llegó al poder, Unidas Podemos ha bajado en las encuestas —aunque no sufre un desplome, parece tener un suelo importante, pero claramente no está mejorando su posición— y ha tenido dos pésimos resultados en Galicia y el País Vasco. Ahora se enfrenta a las catalanas, donde las expectativas son, como mucho, de repetir el resultado de hace tres años.

Desde el verano, Iglesias tiene muy claro que el camino de Unidas Podemos pasa por dar batallas importantes dentro del Gobierno. Ahora tiene hasta cinco frentes abiertos, además de sus críticas a la Monarquía, un asunto que separa a los dos socios desde el principio y que está totalmente asumido dentro del Ejecutivo.

Los socialistas asisten con creciente incomodidad a este afán de Unidas Podemos de dibujarles como el partido que frena políticas progresistas, y, sobre todo, a su costumbre de hacer públicas las discusiones internas. Pero Sánchez de momento ha dado una orden clara de no responder. “No vamos a entrar”, es la consigna repetida en la cúpula socialista, aunque a veces se escapa el malestar. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz, señaló este martes con claridad: “Lo normal es debatir dentro del Gobierno y luego comunicar; así es como nos conducimos la mayoría de los miembros del Ejecutivo”, aseguró como una clara puya cuando le preguntaron por las discrepancias que estaba trasladando Unidas Podemos.

Salario mínimo: subida del 0,9% o congelación. Es la batalla más inmediata y más clara. Iglesias y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han elegido un campo muy sensible para hacer pública su discrepancia más difícil de resolver con un empate. Uno de los dos tiene que ganar y se verá claramente. Porque Díaz ha dejado muy claro en público que ella está en contra de la congelación del salario mínimo en 2021. Calviño, que se plantea esa medida que reclaman los empresarios ante la gravedad de la crisis, no lo dice en público, pero sí deja claro que el asunto está en discusión, mientras el secretario de Estado de Empleo y mano derecha de Díaz, Joaquín Pérez Rey, señaló oficialmente ante los agentes sociales que este ministerio apuesta por no congelar. La idea que se maneja es subir un 0,9% —que supondría 9 euros al mes sobre los 950 que se cobran ahora— como las pensiones o el sueldo de los funcionarios, y por debajo de las subidas pactadas en casi todos los convenios. Montero no desautorizó abiertamente a Díaz, pero dejó claro que la cuestión no está decidida aún. Será Sánchez quien tenga la última palabra, como es habitual en cualquier Gobierno, también el de coalición. Montero reivindicó que los Gobiernos de Sánchez han subido un 29% el SMI en dos años, y no cerró del todo la puerta a la congelación.

“La pandemia ha provocado una crisis evidente y hay que hacer un llamamiento a la prudencia. Hay que contrastar con los indicadores para impulsar el crecimiento económico, impidiendo que se pueda provocar un incremento del desempleo, que es la prioridad del Gobierno”.

Pensiones: la gran batalla del futuro. Entre los múltiples frentes que estaban en el horizonte de la coalición, el de las pensiones ha sido el más sorpresivo. Nadie se esperaba que, un mes después de cerrar un acuerdo en el Pacto de Toledo, el ministro Escrivá planteara una reforma de fondo, que envió como un documento para discutir en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en la que, entre otras cuestiones, se pasaría de 25 a 35 años el periodo de cómputo para la pensión. Eso implica bajar las pensiones, porque los trabajadores, por norma general, cobran más en sus últimos 25 años de vida laboral y menos en los 10 anteriores. No es aún una reforma en firme y hay negociación por delante, porque un texto así requiere mucho consenso no solo en la coalición, sino en todo el arco político y en los agentes sociales, según recordó Montero. Pero Unidas Podemos prepara también esta batalla.

Reforma laboral: los sindicatos aprietan. Es la madre de todas las batallas. Un asunto central tanto para Díaz como para Calviño y también para Sánchez e Iglesias. El argumento principal del sector socialista es que ahora, con la crisis económica y la ayuda que viene de Bruselas, y por tanto la necesidad de negociar con las instituciones europeas, que de alguna manera avalaron e impulsaron la reforma de 2012, hay que esperar para cumplir el programa de Gobierno de derogar los puntos más lesivos. Los sindicatos exigen volver a la negociación y amenazan con movilizaciones. Es la joya de la corona del ministerio estrella de Unidas Podemos, y la batalla será fuerte. Como casi todas las demás, pero esta es de las que pueden definir el futuro del experimento del primer Gobierno de coalición desde la II República.

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