Podemos se moviliza para evitar un pacto que le deje fuera del Poder Judicial
El PP veta al grupo de Pablo Iglesias y este señala que tiene pactado con el PSOE que entrará
La renovación del Consejo General del Poder Judicial, prácticamente ultimada ya con el PP, según el Gobierno, se complica por momentos. Si los populares dicen ahora que no renovarán si hay indultos a los presos del procés, algo que el Ejecutivo definió como una nueva “excusa”, Unidas Podemos presionó este miércoles para tener presencia en ese nuevo órgano de gobierno del Poder Judicial. El PP exige que el grupo de Pablo Iglesias se quede fuera y este señala que tiene pactado con el PSOE que entrará. La solución se apunta tras las elecciones catalanas de febrero.
Unidas Podemos se está moviendo para impedir que el PSOE y el PP puedan llegar a un acuerdo en el Poder Judicial dejando al grupo de Iglesias fuera de la jugada. “No hay un acuerdo del Gobierno con el PP, si lo hay del PSOE con el PP lo desconozco”, señaló el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Echenique aseguró que cuentan con todas las “garantías” por parte del PSOE de que no les dejarán fuera del acuerdo. Podemos sostiene que hay un acuerdo entre el presidente, Pedro Sánchez, e Iglesias, para que sea cual sea la fórmula elegida para renovar el órgano de los jueces, se tendrá en cuenta a Unidas Podemos como parte del Ejecutivo. El sector socialista del Gobierno no quiere aclarar hasta qué punto ese acuerdo es real, pero insiste en que la negociación está prácticamente cerrada y solo se espera el momento en el que el PP acepte anunciar el pacto, probablemente tras las elecciones catalanas.
Iglesias prefería optar por recuperar la ley para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero en el acuerdo de Gobierno alcanzado con el PSOE quedó establecido que en los temas de Estado sería Sánchez el que marcase la línea. La parte socialista del Gobierno parece ya haber decidido su apuesta por el acuerdo con el PP frente a llevar a cabo una reforma legal, que no gusta a parte del Ejecutivo y ha levantado suspicacias en Bruselas.
Unidas Podemos preferiría que fuera el PP el que se levantara de la mesa, se negara a pactar la renovación y obligara al Gobierno a ejecutar la reforma, pero esa opción parece alejarse cada día. En el partido de Iglesias son conscientes, por lo que incluso con el PP como eventual socio, quieren formar parte del acuerdo.
El Gobierno tiene muy claro que el último argumento del PP para retrasar el acuerdo sobre la renovación del CGPJ, el de los posibles indultos a los presos del procés, es solo “una excusa más” porque los populares esperan el momento oportuno para cerrar un pacto que el Ejecutivo da por ultimado. “El acuerdo está prácticamente hecho, por no decir hecho. Es un problema de la actitud del PP. Ningún partido tiene derecho de veto en la renovación del Poder Judicial. Ojalá el PP se deje de excusas y ponga en valor el acuerdo que tenemos”, dijo la ministra portavoz, María Jesús Montero.
El punto de bloqueo sigue en el derecho de veto que exige el PP sobre todos los nombres para garantizar que ninguno es próximo a Unidas Podemos. Pero el Ejecutivo entiende que no hay un problema de fondo y se trata solo de maniobras dilatorias del PP para retrasar el acuerdo hasta después de las elecciones catalanas, cuando ya tendrá un horizonte despejado de dos años sin comicios y sin competición electoral directa con Vox. El Ejecutivo insiste en que el acuerdo está prácticamente hecho con el reparto de 10 vocales cada uno y un presidente progresista que daría la mayoría a este sector en caso de empate. Solo quedaría la autorización de Pablo Casado, pero el PP insiste en que no lo hará sin garantías de que ninguno de los vocales será cercano a Unidas Podemos.
Lo que está cada vez más claro es que los plazos se alargan. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, aclaró que la ley impulsada con Unidas Podemos para regular las competencias del CGPJ en funciones se llevará a su primera consideración en pleno el próximo día 15, pero luego comenzará su trámite en el Parlamento. Lastra indicó que para una ley orgánica de ese calado sobre un poder del Estado le llevará al menos hasta marzo, incluso habilitando enero para trabajar en ponencias y la comisión en el Congreso. Y razonó que ese plazo será bueno para que el PP se avenga a cerrar definitivamente el pacto con el PSOE. Y más teniendo en cuenta que para entonces ya habrán pasado las elecciones catalanas del 14 de febrero, informa Javier Casqueiro.
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