Los sindicatos exigen al Ejecutivo que retome ya la reforma laboral

A los sindicatos se les acaba la paciencia con la mil y una veces prometida derogación de la reforma laboral. La semana pasada, en una reunión de seguimiento de los ERTE, los negociadores de UGT y CC OO exigieron al Gobierno que antes de acabar este mes fije la fecha para retomar las negociaciones interrumpidas en marzo, apuntan ambos en conversación con EL PAÍS. Esa cita puede llegar en enero, pero reclaman ya un gesto que señale que el Ejecutivo está dispuesto a cumplir pronto con lo pactado en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

El calendario previsto a la vuelta del verano señalaba que cuando se cerraran los capítulos del teletrabajo, la renovación de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) y la regulación del trabajo en plataformas digitales se retomaría la negociación entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las patronales sobre la reforma laboral. Las conversaciones deben reanudarse en el punto en que se quedaron en marzo, cuando explotó la pandemia y aparcó todas las agendas. Los dos primeros capítulos se cerraron antes de acabar septiembre, pero el tercero, la llamada ley de riders, está atascado. Habrá un nuevo encuentro el próximo jueves, aunque hay pocas esperanzas de cerrar un pacto.

La negociación, en fin, se eterniza. Y eso ha llevado a los sindicatos a exigir cambios en el calendario. Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO, apunta que puso sobre la mesa esa reclamación aprovechando el encuentro de la comisión de seguimiento de los ERTE, en la que están Trabajo y Seguridad Social. La derogación de la reforma laboral del PP de 2012 “está en el acuerdo de Gobierno y no se puede retrasar un año más”, apunta. Lo misma explica Gonzalo Pino, su homólogo en UGT, que realizó la misma petición en ese encuentro. Otros negociadores del diálogo social presentes en la reunión confirman que los sindicatos no aceptan más retrasos.

Lo primero es acelerar el calendario; lo siguiente será modular la profundidad de la reforma (o contrarreforma, en función de las tesis que acaben imponiéndose). La exigencia sindical fue que en diciembre se fije día y hora, aunque sea ya en los albores de 2021, para volver a la mesa de negociación. Una vez hecho esto, podrían caminar en paralelo las tres negociaciones abiertas: la ley del trabajo en plataformas, la renovación de los ERTE —cuya prórroga caduca el 31 de enero— y la derogación de la reforma laboral. La patronal empujaba en los últimos días para unir la negociación de los riders y la de los ERTE; los sindicatos quieren sumar una más, la de la reforma laboral.

Los líderes sindicales llevan días caldeando ese debate. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró esta misma semana que la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma del PP “es una obligación que está en el programa de Gobierno”. “A partir de enero es una condición indispensable para continuar la concertación social”, advirtió. En una línea similar, aunque sin poner fechas, el líder de CC OO, Unai Sordo, señalaba hace unos días en una entrevista en este diario que “si se deja la reforma laboral como está, será difícil seguir con el diálogo social”.

Fuentes de La Moncloa explican que “sigue en pie” lo pactado por el PSOE y Podemos en el pacto de Gobierno. Las mismas fuentes puntualizan que “no se hará nada contra los agentes sociales”. Traducción bíblica: Pedro Sánchez no impulsará cambios en la normativa laboral si no hay acuerdo entre las tres partes que se sientan a la mesa, lo que incluye tanto a los sindicatos como a la patronal. Sin acuerdo seguirá vigente el estatus quo: eso da poder de veto a la CEOE, alineada con las tesis de la vicepresidenta Nadia Calviño, frente a unos sindicatos que reclaman cambios más ambiciosos, en línea con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Esa será una de las batallas políticas una vez salgan adelante los Presupuestos. “Vamos a convocar esa mesa en cuanto terminemos las tareas pendientes en Trabajo”, dijo Yolanda Díaz en TVE, con el objetivo de lograr “el reequilibrio negocial entre las partes”. Ese es el quid de la cuestión: Díaz, con el pacto de Gobierno en la mano, quiere dar preferencia a los convenios sectoriales frente a los de empresa y restar así poder a los patronos. Hay otros dos elementos que pueden ser casus belli: la subcontratación y la recuperación de la prórroga indefinida de los convenios hasta su renovación (la llamada ultraactividad).

Esos planes chocan, en principio, con los de la vicepresidenta Calviño, cuyo departamento elaboró un documento hace unas semanas en el que se aboga por dejar tal como está la negociación colectiva. Ese informe —Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico— forma parte de los trabajos preparatorios de las reformas asociadas a los fondos europeos. La intención era que la hoja de ruta de esas reformas estuviera en la capital comunitaria en enero. Finalmente, La Moncloa apunta que los proyectos españoles y las reformas —incluidas pensiones y mercado único, menos divisivas— podrían tardar algo más: “Hay tiempo hasta abril”. Ya sea en invierno o en primavera, el presidente Sánchez —y su Oficina Económica— tendrá que elegir en las próximas semanas entre Calviño, que apuesta por dejar las cosas más o menos como están, y Díaz, que quiere cambiar la negociación colectiva y la ultraactividad. Si elige Economía, que en las últimas semanas está en buena sintonía con la Oficina Económica —más aún después de la propuesta de Pablo Iglesias de semana laboral de cuatro días—, puede tener a los sindicatos de uñas; si opta por Trabajo puede acabar su luna de miel con CEOE.