Cataluña recortó el gasto social un 8,8% durante el ‘procés’ mientras las demás autonomías lo aumentaban

Cataluña afronta la mayor crisis de las últimas décadas con un sistema de protección pública depauperado. La factura del procés se llevó por delante la posibilidad de reforzarlo durante los años de recuperación económica, cuando la comunidad recortó el gasto en políticas sociales mientras las demás autonomías lo aumentaban. Las cifras oficiales revelan una caída del 8,8%: ese fue el recorte por habitante entre 2014 (los primeros Presupuestos de un Gobierno netamente independentista) y 2018 (último año del que se tienen datos).

En ese periodo, el gasto social aumentó el 14,8% en el conjunto de las regiones. Son datos de la contabilidad nacional elaborada por el Ministerio de Hacienda, que incluye como gasto social las ayudas a las familias, los colectivos desfavorecidos y las personas dependientes. El pasado 24 de abril, el Parlament aprobó las cuentas para 2020, con un fuerte incremento del gasto: 3.000 millones. Tras el duro golpe de la covid-19, este aumento llega tarde.

La Generalitat mantiene un desembolso en políticas sociales superior al del conjunto de los Gobiernos autonómicos (288 euros por habitante, frente a la media de 252), pero la diferencia se ha ido estrechando. Si en 2014 el gasto social representaba el 8,7% del total en Cataluña, en 2018 solo supuso un 7,4%. Durante ese periodo, el conjunto de las autonomías tomó el camino contrario, hasta quedarse muy cerca de converger con la Generalitat. En plata: mientras la mayoría de Ejecutivos regionales dedicaba los nuevos recursos a aumentar la protección social, el Govern priorizó otras políticas. “El Gobierno catalán ha estado preocupado de una sola cosa en los últimos años: el procés”, asegura Ángel de la Fuente, director de la Fundación Española de Economía Aplicada.

La Generalitat de Quim Torra desconfía de los datos de la contabilidad nacional, que elabora el Ejecutivo central a partir de las previsiones presupuestarias de las comunidades autónomas para, entre otras cosas, asegurarse que cumplen con los objetivos de déficit. Fuentes de la Consejería de Hacienda muestran a EL PAÍS su sorpresa, y consideran imposible que el gasto social se haya reducido en una época de presupuestos expansivos. El error estaría, alegan, en el año 2014, cuando se produce un extraordinario aumento del gasto social en Cataluña como consecuencia de dos factores: la imputación de unos gastos en dependencia que no habían sido incluidos en la contabilidad de los tres ejercicios anteriores y el crecimiento espectacular de las transferencias del Estado en materia de vivienda, que pasaron de 9 millones a 98 entre 2013 y 2014.

Para José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS), la justificación de la Generalitat no resulta plausible: “Decir que hay un error es una excusa tramposa y perversa. El procés ha generado recortes inmisericordes”.

Unos recortes ideológicos

De hecho, entre 2012 y 2018 Cataluña congeló el gasto social por habitante (apenas subió un 1%), mientras las demás autonomías lo aumentaban un 14,5%. Un informe de la propia ADGSS revela que, entre 2009 y 2018, Cataluña fue la comunidad que más disminuyó el gasto en salud, educación y servicios sociales (casi un 20%), con un recorte en materia sanitaria de 3.328 millones de euros. Fuentes del Ministerio de Hacienda evitan pronunciarse sobre estos datos y recuerdan que el Gobierno ha flexibilizado el objetivo de déficit (del déficit 0 al 0,2% en 2020) para que las autonomías tengan recursos suficientes.

En 2010, Convergència i Unió regresó al poder de la mano de Artur Mas y España inició la política de ajustes exigida por las autoridades europeas. El cambio de prioridades y la inestabilidad política que ha generado el procés no son la única explicación a la devaluación de las políticas sociales. Pablo Simón, politólogo de la Universidad Carlos III, considera que los recortes también son ideológicos: el centroderecha ha presidido la Generalitat durante la última década. “Ha habido una preferencia hacia el sistema privado en aspectos como la educación y la sanidad”, recuerda.

Cataluña señala a otro lado. La Generalitat sigue reclamando a Madrid 1.300 millones por diferentes conceptos, y fue la primera autonomía en llevar al Gobierno a los tribunales por la liquidación del IVA de 2017. Los independentistas se quejan de que el modelo de financiación les perjudica, pero De la Fuente considera que se trata de una excusa: “Cataluña está en la media de financiación. Esto no puede explicar las diferencias de gasto con el resto”.

Los Presupuestos aprobados en abril contemplan un aumento en el gasto de 3.000 millones, 900 de ellos para el sistema sanitario. Torra ha admitido que esto no basta para hacer frente al coste de la pandemia. Las cuentas supusieron el final de los recortes iniciados por Mas, pero para muchos catalanes la rectificación llega tarde: según una encuesta del CIS autonómico, solo el 1,6% cree que la Generalitat está resolviendo los problemas reales de Cataluña.