Tensión en la ejecutiva del PSOE entre Sánchez y los alcaldes por la exigencia de más liquidez

La falta de liquidez de los Ayuntamientos, que piden disponer de los ahorros acumulados los últimos años para hacer frente al impacto del coronavirus, rompió este lunes la placidez y cierre de filas que caracterizaban a las reuniones de la dirección del PSOE desde la reelección de Pedro Sánchez, en mayo de 2017. Dos de los principales alcaldes socialistas, Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y regidor de Vigo, y Óscar Puente, de Valladolid, advirtieron el presidente del riesgo de una marejada municipal contra el Gobierno y exigieron una respuesta del Ministerio de Hacienda.

Las apreturas económicas de los alcaldes socialistas perturbaron, por primera vez en años, el plenario de la ejecutiva del PSOE. La unanimidad en las reuniones de la dirección federal se ha convertido en algo rutinario en la segunda etapa de Sánchez como secretario general desde su victoria sobre Susana Díaz en las primarias. Sobre todo desde la moción de censura a Mariano Rajoy que devolvió a los socialistas a La Moncloa. Un hábito que reforzaron los triunfos electorales del año pasado. Una prueba de lo anodinas que se han convertido las ejecutivas es que, a diferencia de otros partidos, las comparecencias en Ferraz para dar detalle del contenido de las reuniones no se han retomado con el final del estado de alarma. Al cónclave telemático no asistió José Luis Ábalos, secretario de Organización y ministro de Transportes.

El encuentro de este lunes transcurría sin novedad hasta que Caballero y Puente apremiaron a Sánchez por la escasez de recursos de los Ayuntamientos. Entonces saltaron las chispas. El presidente de la FEMP le trasladó al presidente del Gobierno que está frenando a duras penas a los alcaldes del PP. Los populares han añadido a su lista de quejas la decisión del Gobierno de que asuman la gestión del ingreso mínimo vital, pero sin garantizar el refuerzo de unas plantillas mermadas tras la Gran Recesión de 2008.

Este martes está convocada la Junta de la FEMP, en la que el partido de Pablo Casado exigirá que el organismo aumente la presión sobre el Gobierno. Y apriete para que dote a los alcaldes de un fondo de 200 millones de euros con el que ampliar su personal. En privado, los regidores del PSOE consultados piensan lo mismo. Aunque no alcen la voz en público, avisan de que el sistema creado para el ingreso mínimo puede colapsar. Se aferran a la posibilidad de que los gobiernos locales puedan presentar enmiendas en el Congreso al proyecto de ley sobre ese nuevo ingreso. Fue lo que se acordó con José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Puente se sumó a Caballero y subrayó que la demanda de mayor liquidez de los 8.131 Ayuntamientos, utilizando los recursos propios, es transversal a los partidos. Esto es, que la secundan muchos alcaldes del PSOE. Y no se limita a la última apuesta del PP en su estrategia de confrontación con el Ejecutivo. Sánchez les respondió que la ejecutiva federal no era el órgano indicado para abordar ese tipo de cuestiones y les emplazó a hablar con el Ministerio de Hacienda. Varios asistentes a la reunión coinciden en que la situación fue tensa.

Los Ayuntamientos aguardan desde hace meses que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les permita disponer de casi 18.000 millones ahorrados de ejercicios anteriores. La flexibilización de la regla de gasto es otra de las propuestas municipales sin resolver. Fuentes de Hacienda mantienen que la voluntad del Gobierno es que los Ayuntamientos puedan utilizar parte de los ahorros de años anteriores. Pero hay que decidir en qué ámbitos y de qué manera.

Puente mantuvo el pasado jueves una reunión virtual con Montero que no satisfizo sus peticiones. “Me siento como un niño, que para más inri es el que hace los deberes y saca buenas notas, mientras el hermano mayor, el de las autonomías, suspende constantemente y es profundamente desleal con su padre y, sin embargo, recibe toda la atención y recursos de papá Gobierno”, afirmó. Puente remarcó que le resultaba “insoportable” disponer de dinero en el banco “y no tener la posibilidad de hacer frente a las necesidades de la cultura, el comercio, la hostelería, el turismo o la infravivienda”. A diferencia de Caballero y Puente, otros cargos locales de la dirección federal del PSOE no se pronunciaron en la reunión de este lunes como fueron los casos de Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, o Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo.

La comparación con el trato dispensado a las comunidades tampoco ayuda a sosegar las aguas. El 22 de mayo, la FEMP aprobó por unanimidad una petición al Ejecutivo para disponer de un fondo no reembolsable como el de 16.000 millones para las autonomías. Los alcaldes reclamaban 7.725 millones, financiados con recursos del Estado y con cargo a los Presupuestos Generales. La FEMP pedía además un fondo específico para atender el ingreso mínimo vital y la apertura de un segundo bloque de financiación para las entidades locales con el 14,16% de los fondos procedentes de la UE, que aún no se conocen. Ese es el porcentaje del gasto local respecto del gasto público total en España. También reclamaba la constitución de un fondo extraordinario para el transporte en autobús y tranvías con una dotación de mil millones y de otro para el metro de 725 millones. Un aliado del Gobierno, el Partido Regionalista Cántabro (PRC) presenta este miércoles una moción en el Senado en la que se defiende que los ayuntamientos puedan gastar progresivamente el total del remanente de tesorería.

Antes de la petición de los alcaldes de su partido, Sánchez instó a la dirección del PSOE a buscar “consensos a nivel nacional” con el resto de formaciones, sin citar a ninguno en particular, para tener una posición fuerte ante las “complejas negociaciones” en Bruselas. Los socios comunitarios buscan un acuerdo sobre las condiciones del reparto del fondo de 750.000 millones creado para combatir la crisis. España espera 140.000 millones, pero quiere que el grueso sean transferencias directas y no fondos reembolsables. Sánchez también animó a lograr “grandes acuerdos” en la comisión de reconstrucción del Congreso. PSOE y Unidas Podemos han aparcado las subidas de impuestos para facilitar un acuerdo. Ciudadanos también se abrió a revisar su propuesta fiscal en pleno acercamiento al Gobierno. El PP también acercó posiciones en el refuerzo del sistema sanitario. Esta semana se debatirán las conclusiones.