PSOE y Unidas Podemos aparcan las subidas de impuestos para facilitar un acuerdo en la comisión de reconstrucción

Negociación in extremis y cesiones para alcanzar acuerdos en el Congreso y, más adelante, para pactar el presupuesto. PSOE, Podemos y partidos como Cs han aparcado la mayoría de sus propuestas fiscales en aras del consenso para reconstruir sanidad, economía y servicios sociales tras la covid. Podemos aparcó el impuesto a los ricos; el PSOE evitó explicitar las subidas fiscales, y ambos partidos pasan de puntillas sobre la reforma laboral en un documento conjunto con las conclusiones de la comisión de reconstrucción. Cs renuncia a las bajadas generalizadas; ERC optó por una propuesta de máximos que le aleja de la coalición. El PP dice que está abierto a negociar.

Hasta hace 72 horas, las previsiones se movían entre el fatalismo y el escepticismo respecto al devenir de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que empezó sus trabajos en el Congreso el 14 de mayo y culminó el martes las comparecencias. Pero el miércoles por la noche, cuando se presentaron los borradores de conclusiones, el clima cambió tras comprobar que los partidos se afanaron por limar los aspectos más conflictivos de sus propuestas. Hasta el 3 de julio hay plazo para aprobar un documento conjunto. Ese día, la comisión se reunirá para votar el dictamen que luego se llevará al pleno del Congreso, con tiempo suficiente para incluir enmiendas de los distintos grupos.

Los socios de la coalición de Gobierno apuraron hasta última hora para presentar un extenso documento de 95 folios, con 510 medidas y propuestas —163 en el ámbito económico— tras una jornada de ardua negociación entre ambos. Sobre el refuerzo de la sanidad pública —una cuestión en la que incluso el PP está abierto al pacto— las coincidencias eran claras. Y en todo lo demás, ambigüedad constructiva: los equipos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias esquivaron todos los asuntos polémicos, desde los impuestos a la reforma laboral, para tratar de llegar a acuerdos.

Podemos aparca su impuesto a los ricos en aras de la estabilidad, aunque no renuncia a volver a ponerlo sobre la mesa más adelante. Y el PSOE evita explicitar las subidas fiscales que llevaba en su programa electoral. El documento se limita a recordar que España arrastra una “brecha fiscal” respecto a la UE: ingresa por impuestos siete puntos porcentuales de PIB menos que la media comunitaria, lo que supone una pérdida para las arcas públicas de ”decenas de miles de millones de euros” cada año.

Ciudadanos también hizo un guiño semejante en dirección contraria. El texto presentado por la formación liberal —conocido antes del documento de los dos socios del Gobierno— es una invitación al Ejecutivo a negociar. El plan del partido de Inés Arrimadas, condensado en 30 páginas, reconoce la necesidad de un gasto público elevado para reflotar la economía y flexibiliza su programa de política fiscal, que pasa de proponer bajadas generalizadas de impuestos a abrirse a la revisión de algunos tributos, como en el caso de las Sicav y del impuesto de sociedades. Ciudadanos busca así facilitar un gran acuerdo en el que también pudiera entrar el PP, según fuentes del partido. En los últimos días, diputados de Cs se han reunido en el Congreso con socialistas y populares a fin de hacer de puente para buscar un acercamiento entre las dos grandes formaciones.

El PP, tras consultar el documento del PSOE y Unidas Podemos, se mostró “abierto a llegar a acuerdos”, según fuentes populares. Ambos partidos ya se reunieron este miércoles a última hora para intercambiar sus documentos con delegaciones del máximo nivel en el Congreso. Por parte del PSOE acudieron la portavoz en las Cortes, Adriana Lastra, el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, por el Gobierno, el secretario general de La Moncloa, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla; y por los populares la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, junto con el secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal. Hasta ahora, la única posibilidad de acuerdo que se atisbaba entre los partidos del Gobierno y el PP se limitaba al ámbito de la sanidad.

Los populares se muestran dispuestos a hablar ahora de más cosas, sobre todo de la respuesta a dar en la Unión Europea. Pero en su documento sobre medidas para mejorar la sanidad pública, junto a las iniciativas más generales de reforzamiento, también piden una oficina de atención a las víctimas de la covid-19 para una atención coordinada a las personas que han padecido la pandemia y sus familias; un plan de recursos humanos para lograr estabilidad en el empleo y una política retributiva que mejore los niveles actuales con incentivos para el ejercicio de las profesiones en el ámbito rural; profundizar en la formación especializada MIR o calificar como enfermedad profesional el contagio de los sanitarios por la covid-19.

Con quien se antoja mucho más complicado llegar a acuerdos ahora es con ERC, socio de investidura de Sánchez, que apostó en sus conclusiones por incluir una derogación “inmediata y total” de la reforma laboral, subir la tributación del ahorro hasta cinco puntos o imponer una tasa del 3% a los patrimonios de más de un millón de euros.

La sanidad pública es el ámbito donde se han presentado más propuestas. PSOE y Podemos hablan de “rediseñar una nueva arquitectura institucional para el Sistema Nacional de Salud, basada en la cogobernanza con las comunidades autónomas”. Su documento persigue apuntalar el Ministerio de Sanidad, con el fin de dotarlo de “recursos adicionales, de personal, económicos y tecnológicos”. Todos los partidos apuestan por abordar de inmediato un calendario de reformas legislativas para “afrontar un posible rebrote de la pandemia” y entre ellas incluyen “mejorar las condiciones de contratación de los profesionales para acabar con la temporalidad estructural del sistema” sanitario.

Propuestas del PP en turismo y construcción

El documento del PP sobre la reactivación son 23 folios con 54 medidas e ideas de corte liberal en donde destacan su preocupación por los sectores del turismo y la construcción, y para los que demanda planes específicos de reactivación. Para el turismo, el PP requiere medidas laborales de emergencia, como la prórroga de los ERTE de fuerza mayor hasta fin de año y si fuera necesario hasta el primer trimestre de 2021. Y para la hostelería y la restauración ve necesaria la flexibilización de los ERTE, permitiendo adaptar las plantillas a la demanda.

El PP defiende que ahora no es el momento de suspender obras públicas en fase de ejecución, sino de activarlas, y entiende que tampoco deben frenarse las licitaciones y adjudicaciones de obras y proyectos, ni tampoco parar las redacciones de proyectos y tramitaciones ambientales.

Los populares sostienen que la gravedad de la recesión obliga a revisar la planificación de las actuaciones, a contar con la colaboración privada y a apostar en inversión por el modelo concesional en la contratación pública. En el aspecto financiero, la ponente del PP en la comisión, Elvira Rodríguez, muestra su preocupación por la morosidad y apunta que se deberían revisar los periodos de carencia de los créditos avalados por el ICO para alargarlos.

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