El pacto para la reconstrucción entre PSOE y PP se limita a la sanidad

El Gobierno espera acordar una batería de medidas en el Congreso con sus socios y Cs

La portavoz del PP en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, Ana Pastor (d), el secretario general del grupo parlamentario, Rafael Simancas (i), y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra (c), a la salida de una reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, el pasado martes.
La portavoz del PP en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, Ana Pastor (d), el secretario general del grupo parlamentario, Rafael Simancas (i), y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra (c), a la salida de una reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, el pasado martes.BALLESTEROS (EFE)

La comisión especial del Congreso para la reconstrucción tras la crisis acaba sus trabajos mañana con perspectivas de algunos pactos entre los principales partidos, aunque en el caso del PP su acuerdo se limita por ahora a las medidas para reforzar el sistema público sanitario. Las perspectivas de un consenso global no son halagüeñas porque el PP se desmarcará de las propuestas planteadas sobre economía y temas sociales. PSOE y Unidas Podemos esperan alcanzar acuerdos más amplios con sus socios y con Ciudadanos. Los partidos registrarán el miércoles sus conclusiones, que serán llevadas al pleno en julio.

Las expectativas con las que nació la comisión parlamentaria para la reconstrucción, con el objetivo de pactar una serie de propuestas sobre el sistema de salud, la reactivación económica, las políticas sociales y la postura ante la Unión Europea, eran bajas. Incluso aunque su presidente, el socialista Patxi López, se esforzó en subrayar que la comisión no debía convertirse en otro foro para atacar al Gobierno o investigar su actuación durante la crisis, sino para buscar acuerdos de futuro.

Todos los portavoces preguntados por este periódico reconocen que el transcurso de la comisión desde su comienzo, el 14 de mayo, y salvo escaramuzas iniciales, ha sido razonable. La tarea ha consistido en escuchar a decenas de comparecientes y expertos con análisis y propuestas solventes y, mayoritariamente, sin sesgos ideológicos. La tensión subió cuando los interlocutores fueron miembros del Gobierno. Pero, fuera de eso, casi todos los diputados han reconocido en sus intervenciones que se sentían impelidos por una obligación moral de no defraudar a los ciudadanos golpeados por la pandemia.

La comisión se subdividió en cuatro grupos de trabajo temáticos que registrarán sus conclusiones este miércoles, las debatirán el jueves y la semana que viene, y dejarán su votación, en busca de un texto único y enmendable para un pleno en julio, tras las elecciones en Galicia y el País Vasco. Las esperanzas de que eso ocurra no son altas.

El principal partido de la oposición, el PP, ve posibilidades reales de pactar un diagnóstico común y una serie de medidas básicas en el ámbito sanitario, pero escasas sobre la política europea y muy difíciles sobre asuntos sociales y económicos. Los populares afirman que es en esas dos últimas cuestiones donde sus divergencias con la coalición de Gobierno son más grandes, especialmente con Podemos. El PSOE y el Ejecutivo están a la espera del próximo movimiento del PP, tras unos primeros contactos informales con los populares.

La portavoz del PP en la Comisión, Ana Pastor, exministra de Sanidad, admite, en declaraciones a EL PAÍS, que en materia sanitaria ve posible “alcanzar acuerdos en una serie de puntos básicos, porque el diagnóstico es el mismo”. Y enfatiza: “No sé si con 5 o 25, pero desde luego que los trabajos deben concluir con acuerdos”. Fuentes de la dirección del PP reconocen que si tras lo ocurrido con la pandemia los principales partidos no son capaces ahora de pactar una serie de mínimos para mejorar y dotar de más recursos a la sanidad pública “será para matarnos a todos”. Pastor apunta algunos ejemplos: “Habrá que crear una Agencia de Salud Pública, reforzar con más recursos la atención primaria, acabar con las interinidades, elevar del 6% al 7% del PIB el presupuesto para el sistema sanitario, potenciar la industria nacional de productos sanitarios...”. Son evidencias básicas asumidas por prácticamente todos los partidos en la comisión.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha defendido públicamente la necesidad de llegar a acuerdos con todos los grupos. PSOE y Unidas Podemos presentarán sus propuestas con esa finalidad y así se dispone a actuar también ahora Ciudadanos, en su nueva estrategia de presentarse como un partido útil.

Diferencias con Podemos

En el PSOE y en La Moncloa ven factible el pacto en sanidad pero mucho más complicado en temas sociales o sobre cómo reactivar la economía. El PP corrobora esas expectativas y apunta contra Podemos, al que reprocha defender posiciones “más extremas” que dificultan el acuerdo.

La portavoz popular de economía en la comisión, la exministra Elvira Rodríguez, valora el nivel de muchos comparecientes, matiza que ya observó en las sesiones diferencias de criterio entre los portavoces del PSOE y de Podemos y señala, en ese sentido, que el PP difiere totalmente del socio minoritario de la coalición en temas como la renta mínima, la presión fiscal o la reforma laboral. En el documento del PP sobre economía, de 12 folios, solo se propugna flexibilizar la actual reforma laboral, pero no derogarla íntegramente. Sobre Europa, PSOE y PP mantienen ahora una batalla política diferente, muy viva e inusual en un asunto de los llamados antes de Estado. Los socialistas se fían más de las posiciones sobre este asunto de Ciudadanos y de la interlocución lograda con ese partido y con su portavoz en Bruselas, Luis Garicano.

El PNV y Coalición Canaria no presentarán documento propio, sino que sus propuestas se canalizarán a través de enmiendas. El PSOE confía en que ERC se abstenga y negociará para que apoye algunas de sus propuestas. Con Junts per Catalunya no hay la menor esperanza de acuerdo. Vox no quiso adelantar a este periódico sus conclusiones ni su voto.

Las conclusiones de la comisión se votarán tras el 12-J

La Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del país acabará sus trabajos mañana en el Congreso con un plato fuerte y dos comparecencias muy esperadas. Primero, a las 9.00, ofrecerá su visión de la crítica situación el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y culminará la sesión a las 12.00 Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Los trabajos de los diputados y los 41 comparecientes y expertos seleccionados sobre los 308 solicitados de entrada por todos los partidos habrán durado al final 40 días. Han sido casi 100 horas de exposiciones y discursos para redefinir el futuro de España.

Los partidos, sin embargo, no esperarán a escuchar a Hernández de Cos y Borrell para redactar sus conclusiones. La mayoría de los coordinadores de los grupos las han terminado este fin de semana, hoy las consensuarán internamente o en citas bilaterales discretas con representantes de otras formaciones, y mañana les darán el último retoque. El miércoles, a las 12.00, deben registrar en la Cámara esos borradores de conclusiones para que sean debatidos por primera vez y por separado el jueves en cada uno de los cuatro grupos de trabajo de la comisión (Reactivación Económica; Sanidad y Salud Pública; Políticas Sociales y Sistema de Cuidados y UE). En esa primera criba se votará y se tomará como referencia el documento que obtenga la mayoría de los votos, más que probablemente el patrocinado por PSOE y Unidas Podemos. La semana que viene, los borradores aprobados se llevarán a discusión en el seno de la comisión de reconstrucción, que los abordará por puntos y con posibilidad de enmiendas. Se espera que el texto final sea debatido y aprobado ya en un pleno del Congreso después de las elecciones autonómicas gallegas y vascas del 12 de julio.

La mayoría de los portavoces consultados coinciden en destacar el nivel de muchos de los comparecientes, especialmente en los grupos de sanidad y de Unión Europea. Pero apostillan una queja que ellos mismos se impusieron: los límites de tiempo. Los especialistas convocados podían hablar sin restricciones, pero los portavoces políticos apenas tenían entre dos y cuatro minutos para plantear preguntas o reabrir debates.

Para que la comisión fuera rápida se fijó un calendario intenso de sesiones que llevó a que en una mañana, por ejemplo, expusieran sus ideas sobre el futuro económico, casi sin solución de continuidad, el responsable de Análisis Económico de BBVA, Rafael Domènech; el presidente de Sagardoy Abogados, Íñigo Sagardoy; o el economista ultraliberal Juan Ramón Rallo, que rebatió a la diputada de Podemos Isabel Franco su idea de que la riqueza es obscena.

Las sesiones fueron en general educadas, constructivas y templadas, dirigidas con flexibilidad la mayoría de las veces por los diputados Patxi López, del PSOE, y Enrique Santiago, de Unidas Podemos. A López, el segundo día, se le escapó de control un rifirrafe entre el vicepresidente Pablo Iglesias y el diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros sobre las supuestas querencias del partido de extrema derecha por los golpes de Estado. López pidió disculpas más tarde. Santiago, en una de las últimas citas, permitió que la diputada de la CUP Mireia Vehí exclamara que el cardenal ultraconservador Antonio Cañizares debería sacar “los rosarios de nuestros ovarios”, lo que molestó mucho a la diputada de Vox Rocío de Meer, que reclamó que se retirara esa alusión. Santiago ni se dirigió a Vehí, interpretó que nunca rectificaría y la retiró él del diario de sesiones.



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