El PP se instala en el Congreso en la oposición total a las medidas del Gobierno

La relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, está completamente rota. Los populares no solo votarán en contra de la prórroga del estado de alarma: este miércoles en el Congreso se opusieron al decreto ley para evitar el colapso de la justicia. El Gobierno sacó adelante las medidas con la mayoría que apoyó la investidura. Ciudadanos volvió al voto negativo junto a populares y a Vox. El PP rememoró los recortes del Gobierno socialista en la crisis de 2008 para aventurar que el actual hará lo mismo. Sánchez y sus ministros eludieron el enfrentamiento y pidieron unidad “para salvar vidas y empleos”.

Semana a semana, el Gobierno consigue sacar sus decretos, todos relacionados con las consecuencias del coronavirus, sin seguridad plena de quiénes los apoyarán hasta la víspera. Lo que sí se consolida es la oposición frontal del PP. Este miércoles votó en contra de un decreto con medidas para la agilización de la justicia, que presentó el ministro Juan Carlos Campo, y se abstuvo en un paquete económico para ayudar a distintos colectivos, que defendió la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Ambas normas salieron adelante, aunque las expectativas respecto a que Ciudadanos pudiera empezar una nueva etapa de colaboración se rebajaron notablemente. El partido de Inés Arrimadas sí apoyó las medidas económicas pero no las de justicia.

Lo ocurrido este miércoles confirma que cada votación requerirá a partir de ahora su propia negociación. ERC, tras su distanciamiento de los últimos días, este miércoles facilitó, sin embargo, que no decayera el decreto para reactivar los juzgados, que salió con 178 votos afirmativos, dos menos que la mayoría de la investidura de Sánchez. El de medidas económicas tuvo un respaldo más holgado, con 201 votos.

Antes del debate de los decretos, se desarrolló el pleno del control al Gobierno en el que sobresalió la dureza del PP, que encontró un Gobierno con una actitud de frontón, de manera que no hubo enfrentamiento. La respuesta de Sánchez a la diatriba de Casado fue un llamamiento “a la unidad para salvar vidas y empleos”. Esa petición la repitieron todos los vicepresidentes, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera, además de los ministros María Jesús Montero, Margarita Robles, Isabel Celáa, Yolanda Díaz y Fernando Grande-Marlaska. Cada uno quiso dejar claro que su mensaje y el del Gobierno era el de evitar la escenificación de una pelea ante los ciudadanos. La apelación a la unidad fue dirigida a quien fuera el interpelante, ya fuera EH Bildu, ERC, Vox, Ciudadanos o el propio PP.

Los populares no entraron al trapo. Este miércoles se cumplía el décimo aniversario del dramático pleno del Congreso en el que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció un plan de fuertes recortes sociales impelido por las exigencias de Bruselas. Ahora, aventuró Casado, otro Ejecutivo socialista hará lo mismo. “Hasta aquí hemos llegado, no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez”, proclamó el líder del PP en referencia al rechazo a la prórroga del estado de alarma. Pero la oposición de los populares no se va a quedar ahí.

El ministro de Justicia llevó el decreto sobre el que ha trabajado durante semanas con todos los actores políticos y judiciales, además de con las comunidades autónomas, a las que agradeció su contribución. La norma contempla medidas procesales, organizativas y tecnológicas para gestionar la vuelta a la normalidad en los juzgados y evitar los colapsos. El decreto establece que los funcionarios puedan repartirse en turnos de mañana y tarde para garantizar el distanciamiento entre ellos, la creación de juzgados especiales para los asuntos relacionados con la covid-19 y la celebración de vistas telemáticas. También habilita 20 días de agosto, mes de las vacaciones judiciales, una medida contestada por PP y Ciudadanos. Los populares se opusieron alegando además que se está usando un decreto para modificar una ley orgánica, la del Poder Judicial.

Especial interés tuvo la intervención de la diputada Carolina Telechea, de ERC, que pidió al ministro compromisos concretos con el departamento de Justicia de la Generalitat. Esquerra está a cargo de esa cartera en el Govern, pero sus socios de Junts per Catalunya votaron en contra del decreto, con lo que se evidenció un nuevo desencuentro entre ellos.

Algunos diputados que facilitaron la investidura de Sánchez, como Oskar Matute, de EH Bildu, recelan de un posible acercamiento del Gobierno a Ciudadanos. El parlamentario abertzale pidió al presidente que se acerque a los progresistas y no a la “derecha neoliberal”. “No mezclen las cosas”, pidió Sánchez, ya que el estado de alarma no es “un proyecto político”. Sánchez sostuvo que su discurso de investidura sigue vigente.

El Gobierno vivió con algo más de tensión la intervención de la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. De entrada pareció interesarse por la salud de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que estuvo afectada por la covid-19. “Espero que esté recuperada y que los médicos no le hayan dicho que no debería volver al trabajo como expresó usted en una entrevista [el pasado domingo en EL PAÍS] ya que eso sería una irresponsabilidad”, advirtió Álvarez de Toledo. Pero no hubo concesiones. “Su negligencia se cuenta en miles de vidas si no dimite, no sé qué más tiene que hacer para seguir el camino de la consejera socialista de Aragón”, que ha abandonado su cargo. Para Álvarez de Toledo, Calvo “ha fracasado” en su gestión. La vicepresidenta interpretó que en el “marco mental” de la portavoz popular no cabe “la posibilidad de estar de acuerdo en algo” y hacer “un servicio a España”.

El secretario general del PP, Teodoro García-Egea, recordó los recortes de 2008 para acusar al vicepresidente Pablo Iglesias de haberse “olvidado de la gente” sobre la que en esa época se sustentó lo que luego sería el proyecto de Podemos. El vicepresidente se las arregló para sacar a colación el episodio polémico de la estancia desde hace dos meses de la presidenta de Madrid en un hotel de lujo. “La señora Díaz Ayuso tiene derecho a vivir donde quiera, pero se lo tiene que pagar ella y no un empresario”, señaló el vicepresidente segundo. Antes ironizó que el secretario general del PP le recuerda a Tristan Tzara, el poeta francés fundador del dadaísmo.

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