El Gobierno alcanza un acuerdo con Ciudadanos para que apoye el estado de alarma
El Ejecutivo sigue negociando con el PNV para que apoye el decreto
El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con Ciudadanos para que el partido de Inés Arrimadas apoye este miércoles en el Congreso la prórroga del estado de alarma. Pedro Sánchez se ha comprometido a mantener contactos semanales con Cs para informarle sobre la evolución de la crisis sanitaria, así como dialogar y, en su caso, consensuar medidas para la implementación del plan de relajación del confinamiento. El Gobierno se compromete además a negociar la adaptación de los ERTE, las ayudas a pymes y a los autónomos de manera que sigan vigentes tras el estado de alarma. Con su respaldo, Cs da aire al Gobierno, que veía peligrar la prórroga del decreto, y que ahora prácticamente se asegura que salga adelante porque el PNV como mínimo se abstendrá.
Ciudadanos ha tendido la mano desde el comienzo de la crisis al Gobierno, pero a pesar de ello la comunicación con La Moncloa no era fluida, e Inés Arrimadas se había quejado hoy de que llevaba 18 días sin hablar con Sánchez cuando el presidente la llamó el lunes para negociar su voto en la prórroga del estado de alarma. A pesar del mal punto de partida, La Moncloa fue receptiva a las condiciones de Ciudadanos para aprobar el decreto de prórroga: la principal, que se desvinculen las ayudas sociales del estado de alarma, y también que se prepare el “armazón jurídico” alternativo para cuando se levante este instrumento constitucional. A diferencia del PP y los nacionalistas, Cs no considera que deba terminarse inmediatamente la situación de estado de alarma, pero su intención es que la medida no se prolongue demasiado tiempo. “El Gobierno tiene que tener un plan B jurídico, que lo hay. Lo contrario es decir que tenemos que estar en estado de alarma hasta que tengamos una vacuna”, enfatizó hoy Arrimadas.
Con este movimiento, Arrimadas gana una interlocución preferente con el Gobierno, que será semanal, y adquiere un nuevo papel decisivo con sus 10 diputados en el Congreso.
El Ejecutivo y el grupo socialista llevan además varios días intentando amarrar el voto del PNV para garantizar que el decreto de estado de alarma sale adelante incluso aunque el PP opte por el no, algo que La Moncloa sigue considerando poco probable. El mensaje que ha transmitido la cúpula del Ejecutivo en el Consejo de Ministros de esta mañana es que el decreto va a salir, aunque las negociaciones siguen en varios frentes: uno, el del propio decreto, que ha sido retocado para garantizar la “cogobernanza” de la desescalada que ha prometido el Gobierno a los nacionalistas; otro, el de algunas enmiendas y propuestas de resolución en el Congreso.
Para que salga adelante la prórroga hace falta mayoría simple, es decir más votos a favor que en contra. De momento han anunciado que votarán no Vox, ERC, Junts per Catalunya y la CUP. Si el PP pasa al no, habría 164 noes entre los 350 escaños del Congreso. Para lograr más síes, si el PNV se abstiene, el Gobierno necesitaba a Ciudadanos porque solo contaba con los 155 síes de la coalición más algunos pequeños que le ayudarán. Si el PNV pasara al sí, que es lo que el Ejecutivo está negociando con ellos, sus seis diputados llevarían los síes a 166 y el Gobierno estaría más tranquilo, porque los noes difícilmente superarán los 164. El BNG, por ejemplo, ya ha confirmado su abstención, y Bildu también parece estar en esa posición. Con PNV y Ciudadanos en el sí, la votación ya sería cómoda (176 síes). Si el PP se abstiene finalmente la mayoría sería muy amplia.
Las conversaciones en las últimas horas han sido frenéticas y han participado no solo la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha llevado el principal peso político en la negociación con Andoni Ortuzar, del PNV, sino también la portavoz parlamentaria Adriana Lastra, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y responsable de coordinar el plan de desescalada. Calvo ha hablado este martes con Pere Aragonés, hombre fuerte de ERC, para hacer un último intento de que pasen del no a la abstención. El Ejecutivo entiende que la imagen de la mayoría de la investidura rota en un asunto tan importante como el decreto de alarma es muy perjudicial.
Calvo también hizo un intento el lunes con Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, para suavizar su posición contraria a la prórroga. Feijóo ha señalado este martes en las redes sociales que, en su opinión, no es necesario “prorrogar sine die” la alarma, pero “otra cosa es que el Gobierno necesite tiempo para organizarse y es más entendible que las razones expuestas públicamente hasta ahora”. Esto es, el influyente barón del PP se muestra favorable, después de la conversación, a dar algo de margen al Ejecutivo, una posición diferente a la del líder de su partido, Pablo Casado.
Varios ministros consultados señalan que el ambiente que se percibe en la cúpula es que no está realmente en riesgo una derrota del decreto de alarma, que sería un varapalo inmenso para el Ejecutivo. Como sucedió con la investidura, en el PSOE hacen y rehacen los números del Congreso y creen que serán suficientes incluso aunque el PP vote no, porque con los 10 diputados de Ciudadanos seguirá ganando el sí y esto facilitará mucho las cosas. El PNV está más cerca de la abstención que del sí. “Espero que el Gobierno español tenga en estas horas cintura política, tiene que haber un mando único compartido para la desescalada”, ha avisado Andoni Ortuzar en Tele 5. El líder del PNV ha dado por hecho que habrá margen para que cada autonomía pueda aplicar sus medidas.
El problema ahora no es solo esta prórroga del estado de alarma, es que aún quedarían otras dos, y el riesgo de perder la votación crece cada semana. En el pleno del Congreso de este miércoles, con la excepción de Unidas Podemos, todo serán reproches al jefe del Ejecutivo por haber actuado con unilateralidad en la toma de decisiones, a pesar de sus siete reuniones dominicales con los presidentes de las comunidades y las permanentes comunicaciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los consejeros de su área.
En este tiempo, los jefes de los partidos, sobre todo Pablo Casado, del PP, han articulado un discurso de reproche sobre la actitud de Sánchez. Casado considera que mantener con el presidente una comunicación mínima le justifica para desvincularse de la nueva prórroga del estado de alarma. Todo ello sin necesidad de presentar una alternativa precisa a las actuaciones que permite esa figura constitucional, restrictiva de derechos.
Aunque el PP coincida con los nacionalistas en denostar el estado de alarma con el argumento de que la legislación española permite hacer lo mismo sin dar esos poderes al Gobierno central, el instrumento argumentativo del Gobierno consistirá este martes en negarlo. Si las comunidades autónomas tienen que hacerse con el mando, una a una, Sánchez preguntará cómo se impide a los ciudadanos valencianos, murcianos o gallegos salir de sus comunidades; qué poder tiene una autonomía para restringir la libertad de movimiento dentro de su propio territorio y establecer franjas horarias; sobre qué base jurídica se ordenan restricciones que afectan a derechos fundamentales.
El Gobierno esgrime estas y otras preguntas para señalar que las comunidades autónomas tienen en vigor todas sus facultades, como la de comprar material sanitario, pero si lo que pretenden es operar sin un mecanismo, como es el estado de alarma, que armoniza las instrucciones en toda España, “el caos está asegurado”, señalan fuentes socialistas.
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