El Gobierno acusa al PP de no querer acuerdos y usar a las víctimas en plena negociación del decreto de normalidad
Pedro Sánchez insiste en reclamar a Casado que arrime el hombro y apoye los planes para España en Europa y la 'tasa Google'
La primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras el final del estado de alarma no fue muy diferente de las anteriores, en plena pandemia. El Gobierno y el principal partido de la oposición se mostraron en las antípodas. El líder del PP, Pablo Casado, y los demás portavoces de ese partido acusaron al presidente y los otros componentes del Ejecutivo de haber gestionado pésimamente la crisis. Pedro Sánchez reprochó a Casado y al PP “no querer llegar a ningún tipo de acuerdo” con el Gobierno y le volvió a reclamar unidad “para salvar vidas, empresas y empleos” y, sobre todo, que su formación no cuestione “con informes ignominiosos” a España en Europa, que arrime allí el hombro y apoye la tasa Google.
En las horas previas a la votación del decreto poscovid, que guiará la vida de los ciudadanos en esta nueva fase fuera del estado de alarma, el Gobierno y el PP han vuelto a enfrentarse con ahínco en el Congreso. Casado instó a que Sánchez atienda sus demandas y el presidente le recalcó varias veces que el PP debería retirar un “ignominioso documento” presentado en Bruselas que pone en duda a España “como Estado de derecho”, ayude a que venga el fondo de reconstrucción de la UE que prevé más de 140.000 millones de euros de los 750.000 totales y apoye la tasa que se pretende implantar en los futuros presupuestos a las empresas digitales. El tono del duelo no hace presagiar nada bueno para los acuerdos que se persiguen y están en plena fase final de negociación entre el Ejecutivo y el PP para la fase de la llamada nueva normalidad o incluso para las conclusiones de la comisión de reconstrucción.
Pese a ese clima, de nuevo nada negociador, Casado pidió otra vez en el Congreso a Sánchez que acepte su oferta de pactos y no busque chivos expiatorios: “La pelota sigue en su tejado”. El dirigente popular aprovechó ahí para recordarle al presidente los primeros apoyos que le dio el PP durante el inicio de la pandemia y los ataques que entonces recibió de portavoces socialistas como Adriana Lastra o ahora la portavoz, María Jesús Montero. “Exige adhesión incondicional, pero rechaza mi mano tendida. Tira la piedra pero esconde la mano”, enfatizó Casado antes de subrayar que su partido ya ha anunciado que podría votar a favor mañana jueves del decreto de la nueva normalidad “a pesar de que es claramente insuficiente”.
El presidente puso en duda que el PP esté realmente tendiendo ninguna mano de ayuda o apoyo a ningún acuerdo con el Ejecutivo por los actos que observa en ese partido e insistió en sus ideas sobre que “la unidad salva vidas, empresas y empleos”. Y fue ahí cuando demandó a Casado apoyo en Europa.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el PP continuó de nuevo en el duelo semanal entre la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y la vicepresidenta Carmen Calvo. Álvarez de Toledo espetó a Calvo que el homenaje de Estado que se prepara con las más altas autoridades españolas y europeas para el 16 de julio en la plaza de la Armería del Palacio Real será al final un acto a medias porque faltarán 17.000 fallecidos, según el recuento fijado por el Gobierno, que ha situado las víctimas por ahora en 28.000 frente a las 45.000 que determinan otros organismos, como el INE, los registros civiles o las funerarias. Y calificó ese fallo de “abismo moral”. Calvo, en su respuesta, precisó a la popular que los datos facilitados por el Gobierno lo proporcionan las comunidades autónomas, algunas, en este caso cinco, gobernadas también por el PP.
La portavoz de los populares en el Congreso arremetió contra el Gobierno “por mentir a sabiendas en esta tragedia inconmensurable” y recalcó que con los números de fallecidos no se debería jugar porque cada víctima “tiene un valor infinito” y todos los caídos deberían ser identificados. Calvo lamentó que Álvarez de Toledo no haga normalmente en el Congreso presuntas “sino imputaciones”, que nunca reconozca la legitimidad del Ejecutivo salido de las urnas, aseguró que sobre las víctimas se han proporcionado siempre “datos serios, honestos, dados por organismos oficiales” y acabó con un ataque de calado contra la diputada del PP: “Usted ha decidido hacer política con los muertos”.
La pregunta formulada por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al presidente sobre si ve impunidad en algunos organismos del Estado en alusión a los vetos aprobados por la mesa del Congreso a comisiones de investigación sobre Juan Carlos I y los presuntos vínculos de los Gobiernos de Felipe González con la trama de terrorismo de los GAL le sirvió a Pedro Sánchez para asegurar que en un país democrático no existen espacios de impunidad, para ensalzar la independencia del poder judicial y para glosar una loa del expresidente socialista, sus cuatro victorias electorales y sus 14 años en La Moncloa: “Ahí está el legado, la historia de uno de los grandes modernizadores de la España democrática”.
Todas estas trifulcas ocurrieron este miércoles en el hemiciclo del Congreso mientras dirigentes de La Moncloa, el PSOE, Unidas Podemos, el PP y Ciudadanos negocian los flecos para poder sacar adelante mañana jueves con una votación muy amplia el nuevo decreto que regulará la vida tras el coronavirus.
Las elecciones vascas y gallegas llegan al Congreso
El País Vasco, y también Galicia, entran en campaña electoral de inmediato para celebrar sus elecciones el próximo 12 de julio. Y algo se notó. Ha habido preguntas e interpelaciones a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, gallega de origen, y a la titular de Industria, Reyes Maroto. Esta respondió a una interpelación del diputado Néstor Rego, del BNG, que ve abandono de la política industrial en Galicia. La ministra lo negó tajantemente y, al igual que hizo su compañera, mostró una actitud crítica hacia la cúpula empresarial de Alcoa, que sigue adelante con la intención de hace un ERE. El diputado del BNG acusa al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de hacer política “obscena” electoral con este asunto, pero eso no exime al Gobierno central de su responsabilidad. El BNG solo ve la intervención pública para salvar la empresa y el sector.
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