¿Se permitirá extraer metales de los fondos marinos en 2023?

Los fondos marinos están colmados de metales brillantes: níquel, cobalto, manganeso. Abundan sobre todo en la zona Clarion-Clipperton, en el lecho del océano Pacífico entre Hawái y México. Un hogar para miles de especies —y un paraíso comercial para empresas mineras— que de momento está protegido de la ambición humana. Quizás no por mucho tiempo. Como anuncia en su web la cumbre de la minería de los fondos marinos, que celebró en abril su décima edición, “tras años de negociaciones y falsos comienzos, la minería de aguas profundas está cerca de lograr un gran avance”.

La creciente demanda de coches eléctricos ha disparado el precio del níquel y del cobalto. A medida que los países adoptan acuerdos para alejarse de los carburantes, estos minerales se han convertido en jugosas reliquias para una industria que aún no ha desarrollado un sistema de minería en aguas profundas totalmente funcional, pero que ha logrado importantes avances en robótica para extraer metales a gran escala.

El punto de mira está ahora en la autoridad encargada de proteger el océano: la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), a la que científicos y activistas reprochan una tóxica cercanía con empresas mineras. De momento, la agencia ha dado 20 concesiones de exploración. Aún no de explotación. Hasta que este organismo acuerde la política que va a regular la minería marina, no puede otorgar licencias para ello. Sin embargo, hay una laguna en su normativa que permite que un país pueda notificar a la agencia sobre su intención de excavar, y si la ISA no llega a un acuerdo en los dos años siguientes, dicho país tendrá vía libre para arrancar metales del lecho marino. Eso hizo el Estado de Nauru en agosto del año pasado: para julio de 2023, los 167 países que conforman la ISA deberán acordar si dan rienda suelta a la fiebre del oro en los océanos.

Una petición en contra, firmada por 622 expertos, advierte de daños “irreversibles” para la biodiversidad y los ecosistemas marinos. Otra investigación señala que los conocimientos sobre los fondos del mar son demasiado limitados para permitir el paso a la fase de explotación. Louisa Casson, responsable de la campaña de Protección de los Océanos en Greenpeace, defiende que “aprendiendo del ejemplo de la Antártida, ha llegado el momento de establecer una moratoria de la minería en aguas profundas”.

Las empresas mineras se autodefinen como claves en el tránsito a una economía sostenible propulsada por baterías eléctricas, pero multinacionales como Tesla están reemplazando las baterías de níquel y cobalto por otras fabricadas con fosfato de hierro y litio. Por su parte, BWMA AG, Google, Samsung y Volvo se han comprometido a no utilizar minerales recogidos en el subsuelo marino. Matthew Gianni, cofundador del Deep Sea Conservation Coalition, recalca la ironía: mientras los precios del níquel y del cobalto aceleran la búsqueda de alternativas de forma exitosa, “al mismo tiempo vuelven a la minería aún más atractiva para algunas empresas y países”. En España, Canarias ha presionado al Gobierno para que secunde la moratoria que impida excavar los rincones de la Tierra aún sin explotar. Pero algunos países tantean la posibilidad, y activistas como Casson no dan crédito: “¿Cómo pueden los gobiernos dar luz verde a una industria que los científicos ya advierten que puede causar tanto daño?”.