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Personas con discapacidad: vivir en una pandemia permanente

Las personas con diversidad funcional llevan soportando por mucho tiempo los discursos económicos disfrazados de modelos médico-rehabilitadores que dejan de lado sus propias decisiones

Pablo Casado (PP) visita un centro de educación especial en Madrid. La pandemia y la llamada ley Celaá han puesto en la mira la educación especial española
Pablo Casado (PP) visita un centro de educación especial en Madrid. La pandemia y la llamada ley Celaá han puesto en la mira la educación especial españolaDavid Mudarra (Europa Press)

La pandemia ha puesto el foco en muchos aspectos de nuestras vidas, pero, sin duda, el lugar donde vivimos ha marcado grandes diferencias entre las personas. La crisis habitacional de las últimas décadas nos deja un panorama desolador en el que demasiadas personas viven en espacios de infravivienda. En este sentido, las personas con discapacidad no han estado al margen de las dificultades vinculadas al lugar donde están viviendo.

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En general, se ha avanzado bastante en la atención residencial de las personas con diversidad funcional. Cada vez hay más organizaciones que comprenden la importancia del espacio que estas habitan, pero la infradotación de recursos por parte del Estado y las autonomías hace muy complicada la vida digna de estas personas basada en pequeñas comunidades realmente incluidas en las ciudades.

Las reivindicaciones que hoy vamos a leer por parte de algunas entidades hace demasiado tiempo que se dan y su enquistamiento no hace más que alejar nuestro país de la idea de lo realmente inclusivo. Y no es de extrañar esta lejanía teniendo en cuenta los debates más recientes en cuanto a educación inclusiva liderados —y manipulados— por famosos y famosas que han conseguido más espacio y repercusión que la comunidad científica o educativa. Esta situación vivida en las últimas semanas no es más que la metáfora de lo que ha sucedido en algunas otras cuestiones relacionadas con la vida de las personas con discapacidad.

No es demasiado conocido que actualmente hay proyectos de asistencia personal que son económicamente más rentables que las grandes residencias y suponen un retorno social muchísimo más elevado. Hay informes claves en este sentido como el del Ayuntamiento de Barcelona (2012), configurado con diferentes organizaciones; el de la Comunidad de Madrid (2014), realizado por Intersocial, o bien el de Andalucía (2017), llevado a cabo por la Universidad Pablo Olavide. Todos ellos dejan en evidencia que la asistencia personal es mucho más ventajosa desde un punto de vista económico pero, sobre todo, desde el beneficio que supone para las propias personas con diversidad funcional.

Las Oficinas de Vida Independiente siempre han sido clave en el fomento de este tipo de estudios que dejan al descubierto una realidad en el país: la discapacidad genera un negocio del que algunos conocidos empresarios no quieren prescindir. Y si es necesario ejercerán todas las presiones que estén a su alcance para perpetuar el modelo de grandes residencias, aunque nos cueste más dinero, además de consolidar una exclusión que, en muchos casos, también vulnera derechos básicos.

(...) la asistencia personal es mucho más ventajosa desde un punto de vista económico pero, sobre todo, desde el beneficio que supone para las propias personas con diversidad funcional.

Las mejoras en la calidad de vida de la asistencia personal son indiscutibles. Y los informes llegan a un sinfín de conclusiones que ningún gobierno autonómico o central debería de pasar por alto para dar un giro a la atención a las personas con discapacidad. Pero los responsables políticos no están exentos de los discursos únicos basados en puntos de vista económicos disfrazados de modelos médico-rehabilitadores, que olvidan la importancia del modelo social y también dejan de lado las propias decisiones de las personas con diversidad funcional.

Lo fundamental no es la capacidad que tengas personalmente para llevar a cabo una actividad, sino la competencia que tiene el sistema para promover los apoyos necesarios para que puedas decidir sobre tu propia vida. Y esto va desde la libertad de movimiento hasta la posibilidad de decidir sobre aquello más espiritual. Pero el confinamiento permanente de muchas personas con discapacidad en macro recursos, más propios de tiempos pasados, debe finalizar teniendo en cuenta los datos de que se disponen actualmente y los modelos sociales de atención a las personas. Es anacrónico que todavía en la última década se hayan producido inauguraciones de recursos en los que ningún lector de este texto desearía estar y mucho menos vivir.

Las personas con diversidad funcional hace demasiado tiempo que tienen que soportar que no se les tenga en cuenta a la hora de decidir sobre sus propias vidas. No puede ser que algunos intereses privados manipulen la opinión pública con discursos que, en ningún caso, son por el bien común ni se corresponden con las líneas de discurso de los derechos humanos y, específicamente, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por nuestro país. La exposición de discursos claramente fuera de estas convenciones atenta no solo contra las personas con discapacidad , sino contra la dignidad humana.

Óscar Martínez es profesor de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés – URL.

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